El Gobierno avanzó en un acuerdo con la industria textil para ofrecer una canasta de indumentaria a bajo precio hasta fin de año. Por ahora quedan afuera las prendas de marca.
“La inflación es el enemigo número uno.” Guillermo Moreno dijo ayer esa frase dos veces, una en público y otra en privado. La primera fue ante 400 empresarios pyme reunidos en la asamblea anual de CAME. La segunda, por la noche, durante una nueva ronda de negociaciones con empresarios textiles para la confección de una canasta de indumentaria a bajo precio. El acuerdo quedó prácticamente listo y podría ser anunciado hoy. Los distintos participantes de la cadena textil accedieron a sostener el precio de prendas básicas hasta el 31 de diciembre. Allí entran desde medias y ropa interior hasta jeans, buzos, sweters, pantalones, camisas, remeras y blusas. Aunque la promoción es para ropa que se vende en hipermercados o negocios de barrio, pero no de marca o la que se comercializa en shoppings.
El secretario de Comercio Interior se encargó personalmente de las negociaciones con empresarios textiles. Y anticipó que en una segunda etapa intentará sumar a las marcas más reconocidas para que ofrezcan líneas de productos a precios económicos. Uno de los industriales que participó de las discusiones con Moreno comentó a Página/12 que “la presión para cerrar el acuerdo fue bastante fuerte”. Sobre todo al principio, por la dificultad que representa disciplinar a una cadena tan fragmentada, en la que cada sector realiza transformaciones industriales y agrega valor.
“Nos pidieron poner el hombro y lo vamos a hacer”, insistió el empresario, quien señaló que el precio de referencia que terminará operando será el de venta al público en los hipermercados. De ahí para atrás, cada eslabón negociará con su proveedor para que asuma una porción del costo de la rebaja. Moreno buscó comprometer a los industriales con el argumento de que el Gobierno necesita controlar la inflación para sostener el modelo que favorece a los sectores productivos. Esto implica no frenar la economía, ni promover subas de tasas, ni dejar caer el dólar más allá de las oscilaciones circunstanciales.
A pesar de la firmeza con que hizo su pedido, Moreno no planteó en las reuniones con los textiles que vaya a aplicar la misma rigurosidad que muestra con la industria de la carne. En particular, no dijo nada de utilizar las sanciones de la Ley de Abastecimiento, que sí puso en escena para el caso de la carne. Esto incluye desde clausuras hasta el arresto, pasando por decomiso de mercaderías y fuertes multas.
Las cámaras que participan del acuerdo son la Confederación General Económica (CGE), Protejer, la Cámara de Indumentaria, la Cámara del Sweter y los confeccionistas de Pergamino. Uno de los planteos de los empresarios fue por el costo de los alquileres en los shoppings, que encarece las prendas que se venden allí. Le pidieron que convoque a IRSA, que controla la mayoría de esos centros de venta en el país, para negociar rebajas.
Antes de su reunión con el sector textil, Moreno participó de la asamblea anual de CAME, en la que se renovaron sus autoridades. Osvaldo Cornide fue reelegido presidente por un año y la única modificación en la cúpula de la entidad fue el ingreso de Raúl Lamacchia como vicepresidente segundo. El secretario hizo un enfático discurso de casi media hora en el que sostuvo que “la lucha contra la inflación es una causa nacional”. “El Gobierno está dispuesto a actuar”, enfatizó, pero aclaró ante los comerciantes pyme que el control se ejercerá “sobre los formadores de precios” y que no habrá una persecución del eslabón más frágil de la cadena.
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