Los usuarios de Telefónica pagarán más caras las llamadas que realicen de 20 a 22, por el corrimiento de la banda horaria con tarifas reducidas. Esto ocurrirá cuando entre en vigencia el Acta Acuerdo que firmaron el Gobierno y la empresa, que ayer fue puesta en debate en una audiencia pública en Mar del Plata. Durante más de ocho horas, 40 expositores de asociaciones de usuarios, sindicatos y partidos políticos hicieron todo tipo de críticas al entendimiento; sin embargo no obligarán al Poder Ejecutivo a realizar ninguna corrección. La audiencia no es vinculante, por lo que la Uniren –organismo encargado de negociar con las privatizadas– sólo deberá elaborar un informe dando cuenta de las opiniones y respondiendo a ellas.

La única instancia para revocar el convenio es la votación parlamentaria. Ahora que pasó la audiencia pública, el acuerdo será elevado a la comisión bicameral de seguimiento de las privatizaciones. Desde el momento en que ingrese al Congreso, la comisión y las cámaras de Diputados y Senadores tendrán 60 días corridos para expedirse. Deberán hacerlo por sí o por no, sin posibilidad de introducir cambios puntuales en alguno de los artículos. Una vez vencido el plazo, el acuerdo se considerará aprobado de manera ficta (tácita), sin importar en qué instancia de tratamiento se encuentre.

Hasta el momento, el Gobierno consiguió por esa vía la ratificación de todos sus acuerdos con las privatizadas, salvo el de Edelap, que sí fue votado favorablemente en ambas cámaras, con la mayoría oficialista. Al de Telefónica le esperan alguna de esas dos opciones.

La audiencia pública se realizó en el hotel Intersur de Mar del Plata. Empezó a las ocho de la mañana y finalizó pasadas las cuatro de la tarde. Por el Ejecutivo estuvo un funcionario de segunda línea de la Uniren, quien se limitó a leer las 18 páginas del Acta Acuerdo. No respondió críticas ni contestó preguntas, como suele ocurrir en estas ocasiones. El organismo responderá por escrito más adelante.

En representación de los usuarios estaban anotados 46 expositores, pero seis faltaron. Más allá de aspectos específicos del arreglo con Telefónica, cuestionaron el mecanismo de aprobación ficta en el Congreso, la falta de voluntad política del Gobierno para revisar a fondo los incumplimientos contractuales de la empresa –como manda la Ley de Emergencia Económica– y las ganancias extraordinarias desde la privatización. Sobre este último punto, recordaron que la compañía distribuyó dividendos por 2390 millones de pesos de 1991 a 2005.

Los fundamentos de oposición al convenio fueron más o menos repetidos. En la presentación de las asociaciones Deuco, Consumidores Libres, Adduc, Accuc y Acij quedaron expresados en los siguientes términos:

- Aumento de tarifas por cambio de la banda horaria. El convenio establece que la franja horaria de tarifas reducidas se acorta dos horas de lunes a viernes. En lugar de ser de 20 a 8, como en la actualidad, será de 22 a 8. Esto implica una suba para los usuarios en ese tramo del 23 por ciento. Para la empresa significará unos 15 millones de pesos adicionales por año.

- Dolarización de las llamadas internacionales entrantes. El costo recaerá en los usuarios del exterior. La empresa triplicará sus ingresos.

- Incumplimiento de la rebaja por price cup (precio tope). La optimización de gastos por el desarrollo tecnológico debió producir bajas de tarifas de entre 3,5 y 5 por ciento desde 2000 a la fecha. Así fue dispuesto en una resolución de aquel año, que nunca se cumplió.

- Delegación de facultades a la Secretaría de Comunicaciones. El acuerdo establece que todos los puntos contractuales que no fueron renegociados en esta oportunidad deberán ser resueltos antes del 30 de junio próximo. El Gobierno queda facultado para hacerlo sin volver a convocar a audiencia pública ni someterse a revisión parlamentaria.

- Pagos millonarios al operador. Telefónica le sigue pagando a su controlante, Telefónica de España, por el gerenciamiento operativo, apesar de que hace cinco años que no tiene autorización para hacerlo. En el último balance fueron 74 millones de pesos, y desde 1991 a 2005, 1480 millones. Es una forma de derivar ganancias que no son declaradas en la Argentina, aunque sí usufructuadas por los accionistas mayoritarios.

El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, denunció por su parte los precios predatorios del peaje en las redes troncales, que en la práctica impiden la competencia con otros operadores de telefonía básica. El titular del bloque radical de Diputados, Fernando Chironi, también reprobó “el aumento de tarifas” y “la concentración del negocio”. Los argumentos se repetirán el 18 del mes próximo, cuando se realice la audiencia pública por el acuerdo con Telecom, prácticamente igual al de Telefónica. El Gobierno retruca que los convenios terminan con los juicios de las empresas ante el Ciadi.