Los cambios en legislación laboral que impulsa el Congreso movilizaron a las principales cámaras empresarias. Ayer plantearon su “grave preocupación” por el carácter de las reformas, que de acuerdo con su visión “afectan seriamente la actividad económica”. Fue durante una reunión con el cuerpo de asesores de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, usina de esos proyectos. Estuvieron la Asociación Empresaria Argentina, la Cámara Argentina de Comercio y la Unión Industrial, entre otras entidades. El diputado Héctor Recalde, presidente del cuerpo, anticipó que convocará a los sindicatos para que también den su opinión.

La reacción de las cámaras patronales pocas veces es tan unánime como cuando se trata de temas laborales. Hace un mes se reunieron con Alberto Fernández para expresarle su rechazo a los proyectos. Están alarmados desde que Recalde sostuvo que el objetivo es desandar el camino de la flexibilización recorrido durante el menemismo y el gobierno de la Alianza.

Los dardos ayer estuvieron dirigidos al proyecto que elimina los topes a la indemnización por despido. Según la legislación vigente, las indemnizaciones no pueden superar el promedio de tres salarios de convenio. Es decir, si una persona trabajó diez años en una empresa y al momento de ser despedido ganaba 5000 pesos, no cobrará 50.000 de indemnización (un sueldo por cada año trabajado), sino, por ejemplo, 15.000, en caso de que el salario promedio de su sector fuera de 500 pesos (que se multiplican por tres y, después, por diez). La iniciativa elimina el tope, por lo que ese trabajador recibiría efectivamente 50.000 pesos.

Además de las entidades mencionadas al comienzo, estuvieron en el Congreso la Asociación de Bancos Privados (Adeba), la Asociación de Supermercados Unidos (con la presencia de Alfredo Coto), la Bolsa de Comercio, la Copal (alimenticias), la Sociedad Rural y Fadeeac (transportistas). Los representaron sus principales abogados. El planteo más extremo fue de Pedro Etcheberry, de la CAC, quien sostuvo que “es una desigualdad” que las indemnizaciones por despido recaigan en los empleadores y que no exista una reparación inversa cuando el que renuncia es el trabajador. Por lo tanto, esas indemnizaciones deben tener un límite, argumentó.