Cuando un gobierno pone demasiado énfasis en controlar una determinada variable, ésta ya no es sólo importante por el recorrido que va teniendo, sino también por la carga de destino político incorporada en ese indicador. En algún momento fue la cotización del dólar, en otros el sube y baja de las acciones, después el riesgo país y, por supuesto, la inflación fueron las variables que castigaban a las administraciones de turno. En cada caso, parecía que la suerte del gobierno se jugaba en poder dominar ese índice indomable, tarea que se sumergía en una dinámica que iba agudizando tensiones. Dejaba de ser solamente una cuestión económica que se podía abordar con una u otra medida técnica para evitar el desborde. No era sólo un tema económico. Cada una de esas variables era, según el momento, una manifestación de una batalla entre diferentes sectores del poder económico, en una puja distributiva donde la población con ingresos fijos siempre terminaba perdiendo. Ahora, la obsesión del Gobierno por frenar aumentos de precios mediante acuerdos sectoriales tiene las características de esas mismas obstinaciones que dejaron marcas en anteriores moradores de la Casa Rosada. Por esa vía insisten una y otra vez los críticos a los acuerdos de precios, destacando que tarde o temprano habrá un sinceramiento de la inflación y llegada esa instancia habrá un estallido si no se abandona oportunamente esa estrategia. Pero el aspecto que no incorporan o prefieren obviar en sus análisis esos profetas frustrados es el mismo que estaba cuando el dólar, el riesgo país, la bolsa y también la inflación dominaba la agenda económica. Hoy la tensión que se vive en el actual proceso de aumento de precios refleja una disputa entre diferentes representantes del poder económico por la apropiación de una mayor porción de la renta y, fundamentalmente, de la puja de ese bloque en su conjunto con los sectores de ingresos fijos.

Esas batallas se desarrollan entre sectores y también a nivel intrasectorial. La discusión sobre las tarifas en el rubro energía (gas, electricidad, gasoil) ha sido intensa entre productores y distribuidores y los grupos exportadores de commodities agropecuarios (soja, trigo, carne) y de insumos industriales difundidos (laminados de acero, aluminio). El Estado intervino en esa pelea liberando con ciertas restricciones el precio de la energía, redistribuyendo de algún modo la espectacular renta surgida de la megadevaluación y de valores internacionales elevados de commodities, incluyendo el del crudo. Con las retenciones también participó en la definición de precios locales desconectados del internacional, y así evitó el traslado automático del ajuste externo al mercado doméstico. Esas peleas por porciones de la torta también se producen dentro de un mismo sector, como quedó en evidencia en el conflicto de la carne. Además de desnudar la extensa red de informalidad de la cadena cárnica, donde la actividad en negro y la escasa transparencia en la fijación de precios son sus rasgos más distintivos, el Estado intervino sin mucha sutileza en ese mercado. Productores, frigoríficos, matarifes, exportadores y la red de comercialización (supermercados y carnicerías) entraron en una guerra por la distribución de la renta de ese negocio. Esas disputas entre los principales actores de un sector por el reparto de la torta se están generalizando (por ejemplo, productores vs. Monsanto por las semillas, o las automotrices vs. Techint por la chapa), y quedan más expuestas por la estabilidad macroeconómica. En situaciones de turbulencias esas pujas quedan ocultas por la propia crisis. Pero cuando las variables están más o menos tranquilas la tensión por la apropiación de rentas se hace más visible.

En ese contexto, la población con ingresos fijos intenta recuperar posiciones cuando ha sido una de las principales variables de ajuste durante muchos años de crisis. Y con violencia por la megadevaluación. Esto queda en evidencia observando la serie del salario real de los últimos treinta años, con alzas y bajas pero siempre descansando en un escalón más bajo después de cada una de las tormentas. Entonces, cuando los asalariados formales e informales buscan mejorar sus ingresos se convierten en un protagonista molesto en esa puja del ingreso dentro del bloque de poder porque vienen a cuestionar ese reparto al exigir un crecimiento de su menguada porción de la torta.

En esa instancia, hoy los aumentos de precios no son un fenómeno monetario o fiscal, como se enseña en los libros de texto, sino la exteriorización de una disputa por cómo se distribuye el ingreso. Los acuerdos sectoriales vienen a intervenir en ese conflicto. El alza de precios del año pasado y el que sigue en éste no tiene nada que ver con el desborde que castigó a la sociedad en décadas pasadas. Aquellos que no entiendan que existe un proceso diferente recomendarán recetas equivocadas y, si son aplicadas, terminarán provocando un profundo daño a la economía.

Con un ritmo de crecimiento elevado la mayoría de las empresas está ganando mucho, niveles de rentabilidad que en una sociedad organizada bajo las reglas de un sistema capitalista generan perspectivas optimistas. En esa lógica de funcionamiento resulta previsible un aumento de la actividad, mayor inversión y una expansión del empleo. A medida que esa rueda va girando suben los sueldos y, a nivel agregado, se incrementa la masa salarial y el consumo. Esto vuelve a aumentar la actividad y las ganancias totales: la caída en la rentabilidad unitaria por subas de costos es más que compensada por mayores ventas. Este ciclo va convergiendo, en teoría, a niveles de rentabilidad unitaria normales y sustentables, tanto económica como socialmente. Pero esa dinámica, evidentemente, tiene fallas en la economía argentina. No se trata de que está mal vista la ganancia empresaria, como afirman indignados representantes del establishment, sino que gran parte de esas utilidades no son reinvertidas en ampliar la frontera de producción. Se pretende ajustar por precios y no por cantidad. En esa instancia del ciclo el gobierno comenzó con los acuerdos de precios. Esos convenios, con sus limitaciones, torpezas y transitoriedad aspiran a intervenir en esa falla del modelo capitalista de desarrollo.