Después del guiño que hizo el viernes pasado, al postergar los vencimientos de la deuda de julio, ahora el Fondo Monetario presiona al Gobierno para que implemente profundos cambios en el sistema financiero. Las indicaciones están contenidas en un memorándum secreto que el ministro Roberto Lavagna recibió en Washington. Allí se plantean tres temas clave. Primero, crear “licencias B” para los bancos extranjeros que quisieran retirarse transitoriamente del país, con lo cual a los depositantes se les entregarían bonos del Estado y la entidad podría volver a operar en el futuro, si volviera a ser capitalizada una vez superada la crisis. Segundo, fijar un tope a los redescuentos otorgados a los bancos en problemas, a partir del cual la entidad debería ser suspendida y puesta a disposición de una “unidad de reestructuración bancaria”, que procedería a su liquidación. Tercero, establecer nuevas reglas a los bancos públicos, que deberían seguir las mismas reglas que los bancos privados para obtener redescuentos del Central, e incluso deberían ser capitalizados por el gobierno nacional o provincial en cuestión para seguir operando. Como para todo banco que cierre o sea suspendido está previsto el canje compulsivo de depósitos por bonos, el Fondo prefiere que caigan bancos a que sigan goteando fondos del sistema financiero. El documento también insiste con la inmunidad legal para el directorio del Banco Central.
El miércoles pasado, el titular del FMI, Horst Koehler, hizo una declaración llamativa. “Los argentinos obviamente no tienen prisa para conversar con nosotros sobre la reestructuración del sistema bancario; eso me sorprendió y me decepcionó”, disparó. Semejante misil tomó desprevenida a casi toda la administración duhaldista, menos a Lavagna. El ministro sabía que Washington consideraba un objetivo prioritario, todavía pendiente, la redefinición del sistema bancario. Es decir: cuántos bancos quedarán operando en el país y en qué condiciones.
Pero en Washington terminó de comprobar la importancia de la cuestión en la agenda del FMI. Los funcionarios del organismo le entregaron un memorándum con cada una de las medidas que esperan tome el Gobierno para “reestructurar” el sistema bancario. Dichas tareas serán supervisadas a partir de esta semana por una misión especial del organismo que viajará directamente a Buenos Aires.
El documento, de rápida lectura, se resume a un cuadro con el título “Argentina: banking sistem restructuring”. El mismo se divide en tres “áreas” (“Anuncios”, “cambios legales e institucionales”, y “asistencia del BCRA”), con sus respectivas “propuestas” y “artículos” de la Ley de Entidades Financieras que deben ser modificados (ver facsímil).
El punto más sorprendente es, sin duda, el que plantea la necesidad de crear “Licencias B” para la operatoria bancaria. Según explicó estrecho colaborador de Lavagna, que estudió minuciosamente la propuesta fondomonetarista, la idea es que el Estado se haga cargo de los pasivos (depósitos) de los bancos extranjeros que decidieran retirarse “transitoriamente” del país, canjeando compulsivamente todos los depósitos de dicha entidad por títulos públicos.
Sin embargo, el banco en cuestión no sería definitivamente liquidado, sino que se le otorgaría una “Licencia B” –una categoría jurídica que no existe en la actual Ley de entidades financieras–. Con dicha licencia, la entidad en cuestión seguiría administrando los activos –créditos– del banco, que deberían ser reportados al Estado. Si la entidad evaluara en el futuro que están dadas las condiciones para volver a operar plenamente en la Argentina, y decidiera capitalizar a su filial, podría aprovechar la estructura mantenida en el país y automáticamente se le restituiría una licencia normal. De este modo, el Gobierno proveería a los bancos extranjeros una especie de seguro de crisis, dándoles la oportunidad de achicar sus actividades sin enfrentar el costo de reputación que significa retirarse totalmente del país. Más aún, también les dejaría abierta la puerta, sin costo alguno, para regresar cuando lo creyeran conveniente. La propuesta es coherente con el lobby conjunto del Fondo y los bancos extranjeros para que se efectúe un canje compulsivo de depósitos por bonos. Desde el punto de vista de los bancos, ése sería el camino natural para alistar una salida ordenada del país, traspasándole al Estado el pasivo exigible por sus clientes, a cambio de los papeles depreciados del propio Estado que llenan sus balances. Para el Fondo, el tema es crucial para recortar la emisión monetaria –con la que el Central financia vía redescuentos la salida de depósitos de los bancos–, y reducir así la demanda de dólares y la pérdida de reservas.
Por lo visto, aun suponiendo que Lavagna lograra imponer su plan bonos optativo, el FMI cuenta con una segunda opción de alcanzar ese objetivo: cerrar bancos, minimizando los costos para los bancos extranjeros que operan en el país.
Textualmente, el ministro leyó en Washington las siguientes instrucciones del Fondo para “reestructurar el sistema bancario”:
u Anuncios. “Las autoridades deben anunciar una estrategia clara y coherente”, afirma el memo. “Esa estrategia debería incluir seis componentes”, agrega. Y enumera: “1) Cambios institucionales y legales; 2) provisión de asistencia financiera (a bancos en problemas); 3) continuo monitoreo y diagnóstico de las condiciones de los bancos; 4) resolución de los bancos privados débiles; 5) resolución de los bancos públicos; 6) desarrollo de un nuevo esquema para la reestructuración de empresas”.
u Cambios legales e institucionales. Propone crear un “comité” para la reformulación del sistema financiero, integrado por “funcionarios de alto nivel del Poder Ejecutivo y del Banco Central”.
Luego, exige cambios a la Ley de Entidades Financieras, otorgándole más poder al Central, a través del artículo 35 bis, que regula el procedimiento de suspensión y liquidación de entidades financieras. Una vez más, plantea “la protección legal de los funcionarios por actos tomados en el ejercicio de sus funciones”, la llamada inmunidad legal para el directorio del Banco Central.
Y en el mismo renglón reclama establecer “Licencias B” para aquellos bancos que estén bajo la jurisdicción de la “Unidad de reestructuración bancaria”. Como se explica en el punto siguiente, esta unidad se haría cargo de las entidades que hayan superado el límite autorizado de redescuentos del Banco Central. En el caso de los bancos extranjeros, sería la situación de aquellas entidades que no acepten la regla que estableció el Central bajo la conducción de Mario Blejer, que estipula que deben aportar desde sus casas matrices el equivalente en dólares de los redescuentos en pesos que soliciten.
u Liquidez del BCRA. El Fondo quiere recortar severamente la asistencia a los bancos, tanto públicos como privados. Lo dice así: “El BCRA debería proveer liquidez hasta un nivel gatillo, a partir del cual el banco es puesto bajo la jurisdicción de la unidad de reestructuración bancaria”.
También reclama que el BCRA establezca “una regla consistente y uniforme para todos los bancos, públicos y privados”, en clara alusión al monto extraordinario de redescuentos recibidos por el Banco Nación y el Banco Provincia. Más aún, sostiene que “si los bancos públicos solicitan redescuentos, el gobierno nacional o provincial correspondiente debería proveedor la mitad de la asistencia” con fondos propios.