Cuando luego de la salida de Roberto Lavagna se relanzó con más fuerza la política de controles y acuerdos de precios, la crítica de los economistas ortodoxos no se hizo esperar. Se llegó al punto de hablar de una “Gestapo de precios”. Y se anticipaba la inefectividad de estas políticas con pronósticos de inflación para el 2006 muy superiores al 12,3 por ciento del año pasado. Ahora, los economistas ortodoxos ya no discuten si los controles son eficaces sino cuánto van a durar y, nuevamente, el pesimismo ideológico los lleva a pronosticar un salto inflacionario, ahora, para el año entrante.

Los argumentos son variados pero, en general, plantean que “controles de precios” (se resisten a llamarlos acuerdos) y tarifas de servicios públicos congeladas, en combinación con una política macroeconómica expansiva (aumento del gasto y la obra pública) dan lugar a una inflación reprimida que, el año que viene, podría liberarse. A esto agregan que cuando se empiecen a corregir las distorsiones de los precios de la energía (electricidad y gas), la inflación terminará disparándose a su “nivel real”.

Los economistas del Citicorp Marcos Buscaglia y Alberto Ades escribieron que “el consenso va en aumento: los números oficiales subestiman la inflación real”. En un informe reciente buscan medir “las presiones inflacionarias subyacentes” y lo hacen de dos formas. Primero, utilizando el Indice “Big Mac” que publica la revista inglesa The Economist. La idea es comparar el precio de la famosa hamburguesa en dólares en diferentes países (el “Big Mac” se elabora en 120 países). Que monitoreando el precio de una hamburguesa se tenga una idea correcta del nivel de sobrevaluación o subvaluación cambiaria es discutible. Sin embargo, los precios implícitos en el Indice Big Mac y el índice de precios al consumidor oficial se mueven en forma relativamente pareja según estudios previos en diferentes países. Y lo mismo pasa en Argentina ya que los economistas del Citi estiman una correlación de 98 por ciento entre el tipo de cambio real basado en el IPC (índice de precios al consumidor) y el tipo de cambio real basado en el Indice Big Mac. Dicha relación se rompe hacia fines del año pasado, cuando se instrumentaron los acuerdos. En términos menos técnicos, esto significa que la famosa hamburguesa (con todos los costos en ella incluidos: salarios, carne, lechuga, mayonesa, etc., etcétera) subió de precio más de lo que sugiere el IPC. Por el segundo camino que transitan para medir la “inflación reprimida” llegan a resultados similares. Dividen los bienes de la economía de acuerdo con los principales determinantes de su costo. Entonces, el precio del corte de pelo depende de los salarios, mientras que el precio de una heladera depende de los salarios, más todos los insumos. ¿De cuánto hubiera sido la inflación sin controles y sin tarifas reguladas? Según Ades y Buscaglia, la “inflación libre” sería del 16 por ciento en 2006 y no del orden del 10 por ciento que ahora pronostican la mayoría de los consultores.

De allí concluyen que cuando no se puedan financiar tantos subsidios estatales (para mantener congeladas las tarifas gas, electricidad, trenes, colectivos, etcétera), las empresas ganen menos e inviertan menos, los costos asociados a la actual política volverán “las distorsiones de precios insostenibles hacia el 2007”: “esto podría llevar desabastecimientos y la inflación por arriba de 15 por ciento, si el Gobierno permite que los precios se ajusten”, alertan los ejecutivos del Citi. En cambio, si el Gobierno insiste con los controles, vaticinan una “fuerte desaceleración” del crecimiento.

Que exista una brecha entre la inflación medida por el IPC y la que hubiera tenido lugar sin controles de precios y tarifas no debería causar sorpresa: justamente para eso se recurrió a los acuerdos. No sólo por su impacto directo sino, fundamentalmente, por su impacto en las “expectativas inflacionarias”. Dichas expectativas se forman, en gran parte, mirando la inflación pasada medida por el IPC. Por lo tanto, si las familias y las empresas esperan un IPC más bajo por efecto de los controles, su expectativa de inflación será menor. A manera de profecía autocumplida, por eso también la inflación fue y será menor.

Las paritarias salariales de este año se cerraron con un 19 por ciento de aumento porque, más allá de la presión oficial, sindicatos y empresarios confían en que la inflación no superará 12 por ciento. Si nadie lo creyera los reclamos salariales no hubieran bajado del piso del 30 por ciento. Expectativas puras.

¿Qué es, entonces, lo que encontraron Ades y Buscaglia? Simplemente que hay precios, aquellos sobre los cuales se estableció algún tipo de política (acuerdo, control o regulación), que treparon menos de lo que hubieran aumentado librados a las fuerzas del mercado. ¡Pero ése era justamente el objetivo de la política oficial!

La moderación de las expectativas inflacionarias concedió al Gobierno grados de libertad. Así, logró evitar la indexación generalizada de contratos. Contuvo la inercia de precios de la canasta de alimentos, que apuntaba al 25 por ciento anual durante los últimos meses de Lavagna y amenazaba con volverse insoportable para los sectores carenciados. Además, ganó tiempo por el lado de la deuda: hoy unos 50.000 millones de dólares en títulos de la deuda pública en pesos se ajustan por el IPC.

Lo anterior no significa que los precios puedan frenarse eternamente. El propio secretario de Comercio, Guillermo Moreno, lo reconoce en privado: “La política de acuerdos, mi trabajo, llega hasta fin de año. Después habrá que sentarse y definir cómo sigue la película”, comenta.

Ciertamente, cuando la rentabilidad de las empresas caiga desde niveles elevadísimos a “normales”, disminuya la inversión, o se achique el superávit fiscal (para subsidios) el modelo de controles y acuerdos habrá llegado a su fin. Pero los márgenes de acción son todavía grandes: el superávit operativo (antes del pago de intereses) sigue por encima del 3 por ciento del PBI, no hay empresas que bajen la persiana porque venden “barato” y la inversión alcanzó los niveles record de la década pasada.

Los controles tienen fecha de vencimiento. Pero no se debe concluir, por anteojeras ideológicas, que el estallido de precios acecha a la vuelta de la esquina.