La pregunta que lleva esta nota como título es el tema del momento entre los economistas. En el centro del debate está la efectividad de los acuerdos de precios y, en fondo, la intervención del Estado en la economía. ¿La política oficial es sustentable o simplemente se postergan ajustes que después serán más dolorosos? ¿La inflación que registra el Indec es “real” o una mera ficción? La polémica se reavivó a partir de los datos del IPC de julio. La suba de 0,6 por ciento fue cuatro décimas más baja que la registrada hace un año y tres décimas menor a la que anticipaba el consenso de los economistas. Mientras el Gobierno salió a festejar, analistas y empresarios empezaron a advertir sobre los riesgos futuros de su estrategia. Lo hacen con lo que parece su nueva muletilla: “Hay inflación reprimida”.

El argumento central de quienes atacan los acuerdos de precios es que las empresas tienen necesidad de producir aumentos. El Ejecutivo, al impedirlo, genera distorsiones que, tarde o temprano, se harán notar. Los más osados arriesgan que la acumulación de tensiones que supuestamente se estaría produciendo desde que empezó esta política a principios de año estallarán en algún momento del próximo. Cuando eso ocurra, afirman, se verá la contracara de la aparente situación de control actual. Otros, menos alarmistas, descartan una explosión, pero comparten la idea de que la acción del Gobierno es nociva, puesto que desalienta la inversión y empuja a las empresas a maniobras menos transparentes, como alterar la calidad de sus productos o achicar envases, entre los ejemplos más usuales de las alternativas que tendrían para bajar costos.

La idea de la inflación reprimida se emparienta con la imagen de la olla a presión. Algo se cocina ahí adentro y más vale que no salte la tapa. Lo dice la mayoría en la Unión Industrial, llamativamente de acuerdo con los economistas ortodoxos de la city que supieron ser su blanco predilecto. Es una figura a la que acostumbran apelar quienes buscan asociar sus intereses con los de la sociedad en su conjunto. Hay decenas de ejemplos en los últimos años. En la etapa final de la convertibilidad se bajaron las jubilaciones y los sueldos de los empleados públicos para que no subiera el riesgo país, lo cual, de algún modo, era muy importante para los jubilados y los empleados públicos. Había que sincerar esos salarios, muy altos en dólares, así como ahora hay que sincerar los precios. No hacerlo perjudica a todos.

El Gobierno convocó a las grandes empresas de la alimentación para acordar algunos precios a fines de 2005. Luego siguió con otros rubros industriales y posteriormente incorporó algunos servicios. En el primer semestre, la producción industrial creció 7,4 por ciento respecto a igual período del año pasado. El rubro Alimentación registró una variación positiva de 5,7 puntos. La mayor actividad, asociada a un aumento de las inversiones, desmiente que las empresas del sector no tengan margen para crecer si no suben sus precios. Lo mismo ocurre con el turismo. El sector disfrutó de una fuerte demanda en las vacaciones de invierno, y si bien sus precios subieron 7,6 por ciento, el acuerdo con el Gobierno logró morigerarlos respecto del 11,5 del 2005, el 12,9 del 2004 y el 11,5 del 2003.

Los ejemplos demuestran que no es cierto que las empresas tengan que aumentar sus precios por una cuestión de supervivencia, sino que si lo hacían era para mantener determinados márgenes de rentabilidad o, si se quiere, para “protegerse” ante el desborde que empezaban a mostrar las expectativas inflacionarias. La intervención del Gobierno puso orden en una situación que los mercados no podían controlar por sí solos. No hay distorsión, sino que lo que se hizo fue evitarla. La situación no sustentable hubiera sido una inflación de 20 por ciento que vaticinaban para este año varios bancos de inversión.

El superávit fiscal de 2006 será levemente más bajo que el de 2005 y, sin embargo, el IPC también será menor que el 12,3 por ciento del año pasado. Según decían los economistas de la city en el verano, lo que había que hacer era reforzar el superávit, subir las tasas de interés y evitar que el Gobierno se metiera a acordar precios. Se hizo todo lo contrario, y salió bien, según coinciden esos mismos economistas. Pero ahora su advertencia es por la inflación reprimida.

El objetivo de los acuerdos de precios era contener las expectativas inflacionarias. Y fue lo que lograron. Los productos con precios convenidos no desaparecieron de las góndolas, no se generó un mercado negro y sus fabricantes los siguen lanzando a la venta. Al mismo tiempo, sostienen sus niveles de inversión e incluso los aumentan.

Para los sectores de clase media y alta, la sensación de inflación puede ser mayor a la que registra el IPC porque dentro de ese promedio de productos relevados, los que más suben son los que ellos consumen. Los colegios privados, el turismo, las comidas en restaurantes, las comidas de rotisería, los autos cero kilómetro y los artículos deportivos aumentan hasta el triple que los alimentos. La ventaja es que se atenuó el impacto social de la suba de precios.