El actual gasto de consumo del conjunto de las familias argentinas representa un valor equivalente al necesario para que 128 millones de personas salgan de la pobreza, o para que 300 millones superen la indigencia. Sin embargo, a fines de junio pasado más de 18 millones de personas no contaban con los ingresos necesarios para adquirir una canasta básica, y de ellos cerca de 8 millones se encontraban en situación de indigencia. Los datos surgen de un reciente trabajo del Instituto de Estudios y Formación de la CTA.
La investigación, que lleva por título “Catástrofe social en Argentina”, agrega también que dos tercios de los menores de 18 años, 8,3 millones de personas, son pobres. “Se trata de un país donde la mayor parte de los pobres son niños y donde la mayor parte de los niños son pobres”, destaca. Desde el inicio de la recesión, en 1998, la desocupación creció el 74,2 por ciento, la pobreza el 67 por ciento y la indigencia el 180 por ciento.
La continua difusión de los alarmantes indicadores sociales parece producir un efecto de acostumbramiento en quienes escuchan desde fuera del problema. Se trata de cifras en constante crecimiento, pero que agregan poco si se las considera aisladamente. Sin embargo, desde octubre pasado, cada mes 700.000 personas se convirtieron en nuevos pobres. Si se mantiene el rumbo actual, con el nivel de inflación previsto por Economía, a fin de año la situación se habrá vuelto particularmente explosiva. El economista Claudio Lozano, autor del informe, estimó que la pobreza alcanzará al 65,1 por ciento de la población (23,1 millones de personas) y la indigencia al 32,2 por ciento (11,4 millones).
En cuanto a la distribución regional del problema, la mayor parte de la población pobre vive en los principales centros urbanos, mientras que el NEA y el NOA revelan porcentajes de pobreza e indigencia superiores en un 40 y un 78 por ciento a los del resto del país.
La principal causa del empeoramiento de la situación fue la fenomenal transferencia de ingresos provocada por la devaluación y el consecuente aumento de precios. Los efectos negativos de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda –expresa la investigación– “han desplazado los eventuales efectos positivos de carácter sustitutivo que de la misma podían inferirse”. Así, la destrucción del aparato productivo y la completa ausencia de crédito consiguieron una panorama inédito: que la devaluación sólo se traduzca en distribución regresiva del ingreso. En los primeros 5 meses del año, la caída promedio de ingresos fue del 21,6 por ciento, lo que proyecta para el año una merma del 45,5 por ciento.
Puesto que el aumento de precios fue más significativo en alimentos, el rubro más importante en el consumo de los sectores de menores recursos, los pobres experimentaron una caída de ingresos del 26,3 por ciento y los indigentes de un 29,9 por ciento. Estas bajas se corresponden con los nuevos valores para la canasta básica de alimentos y la canasta básica total, de 252,64 pesos y 598,75 pesos respectivamente, guarismos calculados para un matrimonio con dos hijos de cinco y ocho años.
El trabajo del Idef-CTA también evaluó los efectos de la inflación sobre las prestaciones y actividades del sector público. Si se expresan los números del presupuesto 2002 en pesos de 2001, se tiene que el gasto público cae el 35 por ciento. Considerando que los principales usuarios de servicios públicos como educación y salud son, otra vez, los sectores de menores ingresos, la baja del gasto “profundiza los niveles de desprotección de la población pauperizada”. Cabe destacar que la merma del 35 por ciento está calculada sobre las previsiones de inflación del Ministerio de Economía: 60 por ciento para el IPC y 117,5 para el índice mayorista. Para las hipótesis inflacionarias manejadas por el Idef, la caída del gasto primario sería del 52 por ciento.