El directorio del Banco Central intimó a los encargados de administrar el fideicomiso del quebrado Banco República a que en un plazo que vence en diez días ejecuten la sentencia de remate de la torre ubicada en Tucumán y Bouchard, donde aún mantiene su cuartel Raúl Juan Pedro Moneta, imputado de administración fraudulenta y asociación ilícita del citado banco. El monto de ocho cifras en dólares que vale ese inmueble en el mercado alcanzaría con creces para que el Banco Central recupere el dinero en redescuentos que el entonces titular de esa entidad, Pedro Pou, le entregó a fines de los años ’90 a Moneta para intentar infructuosamente evitar la caída de un banco que estaba siendo vaciado.

Según consta en el acta de la reunión del Directorio del Banco Central del 20 de julio pasado a la que accedió Página/12, los miembros de la conducción decidieron que “habiendo tomado conocimiento de que se halla suspendida la ejecución de una sentencia firme del 28 de octubre de 2002 que intimó de pago y remate al deudor República Inversiones SA, el Directorio resolvió que el Area respectiva deberá instruir al Administrador para que en el plazo de 30 días proceda a ejecutar la sentencia”. Fuentes de primera mano señalaron que la votación fue unánime pero que la iniciativa corrió por cuenta de Félix Camarasa y Arturo O’Connell, con el visto bueno del presidente Martín Redrado y de su vice Miguel Angel Pesce.

Lo que se advierte a simple vista de la lectura del Acta es que la demora en ejecutar el preciado inmueble está próxima a cumplir cuatro años desde que fue sentenciado por el juez civil Horacio Liberti, a cargo del expediente donde tramita esa demanda hipotecaria. Dos personas que siguen de cerca el caso desde dentro y fuera del Banco Central, coincidieron en que la tardanza fue principalmente responsabilidad del juez y del administrador del fideicomiso que es el Banco Comafi, pero que también hubo como mínimo distracción por parte de las autoridades del Banco Central que no ejercieron la presión como la que sí están haciendo ahora.

En este sentido, en el acta del 20 de julio pasado se observa que, además de intimar al Banco Comafi a apurar el trámite, el Directorio “instruyó a que por cuerda separada se gire copia de las actuaciones en las que tramita el juicio y sentencia de remate contra el deudor República Inversiones SA, a la Subgerencia General de Auditoría a efector de verificar la causales que motivaron la suspensión de la ejecución, y las eventuales responsabilidades de quienes la dispusieron”.

Se estima que el valor de la torre de más de 30.000 metros cuadrados que diseñó el prestigioso arquitecto César Pelli y construyó su colega Mario Roberto Alvarez, se acercaría a los 70 millones de dólares. Un antecedente es que la subasta que estaba pautado para mayo del año pasado pero fue suspendida por el juez Liberti tenía fijada una base de 48 millones de dólares. Esa fue sólo una de tres inexplicables suspensiones que dilataron el asunto en favor de Moneta y en contra de los acreedores.

No hay duda de que la efectivización de la hipoteca sobraría para que el Banco Central termine de recuperar como acreedor los redescuentos que le facilitó a Moneta, y por los que obtuvo en garantía una cartera de créditos y la hipoteca en cuestión. Una vez caído el Banco República esos activos conformaron el fideicomiso que le fue entregado al Comafi para que mediante la cobranza fuera cubriendo primero lo que le corresponde al Banco Central y una vez cancelada esa parte lo que demandan acreedores privados.

En el origen, la parte correspondiente al Banco Central ascendía a 79 millones de pesos/dólares. Tras los recuperos de cartera que hubo desde entonces, restan 20,5 millones de pesos más la actualización que multiplica esa cifra por varias veces. La demora en el remate del edificio desde donde sigue manejando bastante poder, muchos negocios y otro tipo de operaciones, no es el único retraso en favor de Moneta. También por el andarivel de la causa penal en su contra por administración fraudulenta y asociación ilícita, el tiempo que transcurrió desde que se le tomó declaración indagatoria ya superó el plazo legal para que Rodolfo Canicoba Corral dictamine o no su procesamiento y el de su tío Benito Jaime Lucini. Tampoco es ésta la primera vez que dicho juez actúa con sobresaliente lentitud. Tal como en su momento adelantó Susana Viau en este diario, para imputarlos y llamarlos a indagatoria, Canicoba Corral tuvo que recibir el reto de la Sala 1 de la Cámara Criminal porteña integrada por Eduardo Freiler, Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani, que ante la solicitud del propio Banco Central y del fiscal del caso, Gerardo Pollicita, le ordenaron que “le imprima mayor celeridad” para así evitar “la afectación de la administración de justicia”.