Como un eco de los cuestionamientos que recibió el titular de la petrolera estatal boliviana YPFB por un contrato con una intermediaria para vender petróleo a Brasil, el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, afirmó ayer en público que se encontraron “indicios” de que se incumplió el decreto de nacionalización del sector con la firma del mismo. De este modo, Jorge Alvarado, titular de YPFB, quedó a un paso de ser sustituido y convertirse así en la primera víctima de la nueva ética pública que quiere imponer Evo Morales en su gobierno, tal como señalara ayer Página/12 en nota desde Bolivia. El contrato aludido fue firmado en el mes de julio y ya había sido cuestionado por la Superintendencia de Hidrocarburos, que el 21 de julio denunció a YPFB por pretender vender irregularmente dos mil barriles de petróleo diarios a la compañía Iberoamérica para su exportación a Brasil y, al mismo tiempo, convino en comprar a la misma firma el gasoil que obtenga del refinamiento del mismo crudo. La superintendencia ha insistido en que, de concretarse la exportación, Bolivia habría sufrido una pérdida de 38 millones de dólares, incluido el lucro cesante, en el período de 30 meses que pretendía darse al contrato. El informe de auditoría del Ministerio de Hidrocarburos, hecho público ayer, señala “la existencia de indicios de responsabilidad administrativa en contra del ingeniero Jorge Alvarado Rivas por la vulneración de los artículos 2 y 5 del decreto de nacionalización dictado en mayo pasado”. El ministro Soliz Rada reveló además que el informe técnico de YPFB, que justifica la viabilidad de la operación, se emitió 20 días después de la resolución que dispuso la firma del contrato.