El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, aseguró ayer que “no hay control de precios”, al defender la política de acuerdos impulsada por el Gobierno con el sector privado para desactivar expectativas inflacionarias. La presentación de Moreno en Diputados, en la Comisión de Comercio, no generó las polémicas que se esperaba, ya que el funcionario respondió todas las preguntas, excusándose de aquellas que exceden el área bajo su responsabilidad y que básicamente apuntaban a temas impositivos. Remarcó que “estructuralmente no hay causas para la inflación” y descartó la incidencia de los salarios como un generador de inflación. A la vez, desautorizó a quienes consideran la necesidad de subir las tasas de interés para enfriar la economía.

Hacia adelante consideró que la proyección de inflación prevista en el proyecto de Presupuesto 2007, entre 7 y 11 por ciento anual, es una “tasa ordenadora para el conjunto de los agentes económicos”. Al tiempo que subrayó que la “desaceleración de la inflación es un hecho colectivo voluntario”, en el cual el Estado juega un rol de “coordinador”. En su diagnóstico señaló que las causas tradicionales de inflación en la Argentina estaban vinculadas con la necesidad de financiar el déficit fiscal primario y con los desequilibrios en el sector externo que generaban un “desorden en el tipo de cambio”, como sucedió en 1966 y en el 2001, apuntó. Ambos factores fueron “resueltos por el modelo de producción y empleo desplegado por el presidente Néstor Kirchner”, con un superávit fiscal primario que oficia de “ordenador de nuestro modelo de desarrollo”. Descalificó la puja salarial como un factor que haya generado inflación desde el año pasado en adelante, bajo el argumento de que “los convenios colectivos de trabajo se acordaron en torno a pautas aceptables”. Por lo que en definitiva, la causal de la inflación en los últimos 20 meses es “la descoordinación de las decisiones empresariales intracadena y entre sectores”, sostuvo Moreno. Antes esa descoordinación el “Gobierno tiene la obligación de apaciguar la aceleración de la inflación”, en la cual influyen las decisiones de las empresas que “necesitan elevar sus precios”, la que están “administradas por funcionarios que a mayor rentabilidad más ingresos personales tienen” y las firmas que “ante los primeros movimientos... por las dudas” elevan los precios.

Para separar a unas de otras, la Secretaría a cargo de Moreno implementó como técnica “analizar la polinómica de costos” de las empresas a las que se le suma una “tasa de ganancia razonable”. En ese marco apuntó que los primeros acuerdos de precios con cadenas productivas eran “escritos” y que ahora ya se observa que la mecánica del acuerdo “generó una tendencia de comportamiento”. “Este proceso es producto del conjunto de los actores de la economía que actúan en la sociedad ”, concluyó Moreno.