Con las Administradoras de Fondos de Pensiones y Jubilaciones se produce una extraña situación: en el Gobierno y en gran parte de la oposición piensan que ese sistema no sirve para los trabajadores y futuros jubilados pero casi nadie hace nada para cambiarlo. No se avanza ni en la más mínima reforma de un régimen que ha cumplido doce años y no ha satisfecho ninguna de las promesas ofrecidas. Pese a los resultados muy pobres es sorprendente la supervivencia de ese esquema previsional promovido por el Banco Mundial y aceptado con entusiasmo por el gobierno de Carlos Menem. La permanencia de esas compañías que manejan el dinero previsional de los trabajadores se explica únicamente porque ese negocio es manejado por el importante lobby de los bancos más poderosos del mercado que, dada la ausencia de una reforma impulsada por el Estado, se deduce que tiene una marcada influencia en el Gobierno. El período táctico de no hacer nada hasta concluir el canje de la deuda en default para asegurarse de que las AFJP integren una masa crítica de bonos para el trueque ya quedó muy lejos. Pocas excusas tiene la administración Kirchner para no avanzar con cambios en ese sistema, salvo que, más allá de la enunciación de principios que parten desde los ministerios de Economía y de Trabajo, no exista interés en alterar un esquema que sólo les sirve a los bancos para contabilizar crecientes ganancias.

Claudio Zlotnik explicó en la edición del miércoles pasado de Página/12 que en el Banco Central se encendieron luces amarillas porque las AFJP compraron en las dos últimas semanas 1000 millones de dólares para invertirlos en activos brasileños. Con esa operación afectaron la política oficial de acumulación de reservas, además de incorporar incertidumbre a la cotización de la divisa. Como el Gobierno no tiene herramientas legales para frenar esas operaciones hubo contactos telefónicos para desalentarlas. A partir de esas maniobras desde la Casa Rosada quieren modificar la ley que las autoriza a invertir en el exterior, teniendo en cuenta que no han cumplido varias promesas de destinar fondos para infraestructura (viviendas, energía y rutas). En despachos de ministros se evalúa que las AFJP giran dinero al exterior para especular con bonos y acciones y niegan financiamiento de obras de largo plazo en el país. Lo que sucede es que ésa es la lógica pura del negocio de las AFJP. Los funcionarios se enojan como si hubieran sido defraudados cuando, en realidad, las administradoras hacen su trabajo tal como están fijadas las actuales reglas de juego. El problema no es la inversión en Brasil, sino el propio sistema previsional privado.

A esta altura resulta imprescindible examinar la conveniencia de mantener el régimen de AFJP. Varias son las ineficiencias que han ido revelando a lo largo de su vigencia, además de ser un sistema costoso para los trabajadores y para el fisco. Una de esas deficiencias quedó en evidencia en la intención del Estado de completar el haber paupérrimo que entregan las AFJP a los ya jubilados privados. Como el dinero acumulado en los fondos privados, a lo que se le suma el aporte público que marca la ley (la prestación básica universal y la compensatoria), resultan una jubilación por debajo de la mínima, la Anses está evaluando completarla para alcanzar ese piso. Parece un absurdo si se tiene en cuenta que en su momento se presentó a las AFJP como más convenientes frente al régimen público de reparto, y ahora es el fisco el que tiene que venir a rescatar a los jubilados privados de haberes miserables.

Varios son los documentos elaborados por investigadores independientes sobre el desarrollo y fallas de las AFJP. El más reciente fue preparado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (Cenda), que analizó con precisión la evolución de las variables más relevantes, con un saldo final muy pobre. “El motivo del fracaso, a la luz de la experiencia, puede exponerse sintéticamente en que el régimen era inadecuado para la realidad del mercado laboral y para la estructura económica argentina”, concluyen. Los jóvenes investigadores del Cenda cotejaron las promesas iniciales de las AFJP con los resultados reales obtenidos. El saldo de ese ejercicio fue el siguiente:

- La capitalización privada no redujo –como se argumentaba– la evasión o morosidad previsional. Además hay una baja proporción de aportes efectivos. Sólo el 40 por ciento de los afiliados contribuyen al sistema.

- Existe una baja proporción de afiliación voluntaria. El 80 por ciento se incorpora a las AFJP en la categoría de “indecisos” (los trabajadores que al integrarse al mercado laboral no hacen una opción por el sistema público ni por ninguna administradora). “Así, la voluntad individual no parece ser lo que rige la afiliación al régimen de capitalización, sino la arbitrariedad, la falta de información o la indiferencia”, apuntan los del Cenda.

- Los aportes voluntarios son insignificantes en relación con la recaudación total (0,3 por ciento), siendo que uno de los argumentos era que los afiliados iban a optar por engrosar sus cuentas porque verían que el sistema era muy bueno. “En otras palabras, los trabajadores no creen que las AFJP sean la mejor opción a la hora de garantizar una mayor jubilación futura”, concluyen.

- El nuevo régimen no incentivó la afiliación y la relación entre aportantes y la población ocupada se redujo del 42,3 al 38,6 por ciento de 1995 a 2003. La caída de la cobertura puede explicarse en parte por la trayectoria del mercado laboral, así como por la elevación de los requisitos de aportes y años trabajados, que favoreció la expansión de la evasión.

- En cuanto a la supuesta competencia que se iba a producir entre las AFJP, de las 26 compañías que comenzaron a operar en 1994 hoy sólo quedan 11. “Estos datos indican –señalan los expertos del Cenda– una tendencia a la oligopolización del mercado, que se opone a los presuntos incentivos para reducir costos y mejorar los servicios”.

- La tasa de traspaso entre AFJP es ínfima. En el período posterior a la convertibilidad, el promedio anual indica que sólo el 4,3 por ciento de los afiliados cambió de administradora. “No es cierto que los trabajadores elijan la AFJP que les brinda mejores beneficios ni que efectivamente opere la movilidad y la competencia en el mercado”, indican.

- Un elemento crucial son los altísimos costos. Las AFJP cobran comisiones sobre los aportes realizados por los afiliados por los servicios que prestan, que se destinan a cubrir el seguro de invalidez y fallecimiento, los gastos de administración y a sumar ganancias para las empresas. Se apropiaron, en promedio, de un tercio de los montos recaudados. Según información de la Anses, los gastos operativos del régimen público representaron entre 1999 y 2005 tan sólo el 1,6 por ciento de las contribuciones y los recursos tributarios percibidos con fines previsionales, “lo que resulta veinte veces más barato que el costo de administración del sistema de capitalización”, añaden, para apuntar que “en lugar de la eficiencia el sistema parece concebido para maximizar el beneficio de las AFJP”. Y concluyen: “La gigantesca transferencia de riqueza es injustificable”.

- La privatización de una parte del sistema previsional implicó una fuerte pérdida de ingresos para el fisco. Los investigadores del Cenda calcularon que la desfinanciación del régimen público de reparto alcanzó un monto cercano a los 5500 millones de pesos constantes de 2006.

- Los fondos gestionados por las AFJP se fueron incrementando gradualmente a lo largo del tiempo, creciendo del 0,5 al 12,6 por ciento del PIB entre 1995 y 2006. Esta creciente masa de recursos estuvo lejos de fomentar el desarrollo del mercado local de capitales, como lo pudo comprobar esta última semana el Banco Central con el destino de 1000 millones de dólares a la compra de activos brasileños. “Contrariamente a las proyecciones realizadas por los promotores de la reforma, los fondos de las AFJP no fueron canalizados hacia proyectos de inversión que apuntalaran el crecimiento económico”, sentencian los economistas del Cenda.

Ante este desolador panorama del sistema de capitalización, al que también hay que sumarle el destino inseguro de los fondos acumulados de los afiliados y el constante aporte por años a un fondo individual para finalmente recibir un haber privado miserable, la peor estrategia oficial es hacerse el distraído y no hacer nada. Si no está en el “ánimo” del Gobierno eliminar las AFJP, como declaró en su momento el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, se impone, al menos, la necesidad de cambios parciales a un sistema perverso. La posibilidad de los afiliados de regresar de las AFJP al Estado, la asignación de los indecisos al régimen de reparto y la concentración del seguro de vida e invalidez en una única institución pública o mixta para bajar costos –como existe en México– son avances imprescindibles para maquillar el engendro previsional privado.