La compra del 9,2 por ciento de Repsol-YPF por parte de la constructora Sacyr-Vallehermoso, anunciada el lunes pasado, es el último episodio de una saga que tendrá profundas consecuencias para la mayoría de los países latinoamericanos en los que operan capitales de origen español vinculados al mercado energético.

La compradora es una empresa que forma parte de un proceso muy especial en España. Cobijadas por la administración de Felipe González (1982-96) y alimentadas por la irrupción de fondos de ayuda de la Unión Europea destinados a construir las infraestructuras que España necesitaba para alcanzar los niveles de sus nuevos socios comunitarios, las grandes constructoras españolas no tardaron en convertirse en el sector más dinámico de la economía nacional, llegando a disputarle al turismo en los últimos años su papel de principal contribuyente en el PBI.

Cuando la lluvia de euros que llegaban de Europa comenzó a cortarse, a finales de los años ’90, las constructoras vislumbraron en las costas del Mediterráneo el filón de oro que necesitaban para seguir engordando. Fue así como los españoles comenzaron a observar atónitos cómo pueblos de no más de un centenar de habitantes emprendían de la noche a la mañana la construcción de 7000 viviendas, campos de golf u hoteles, dando lugar a la mayor destrucción del medio ambiente que hayan experimentado las playas del sur español en toda su historia. Los destinatarios de semejante explosión en la oferta de viviendas son los ricos jubilados del norte europeo que buscan en España un clima agradable en donde pasar sus últimos días, aunque no faltan glamorosos jeques árabes atraídos por el status que brindan algunas de las florecientes ciudades costeras de Andalucía o la Comunidad Valenciana.

Para lograrlo, las grandes constructoras no dudaron en establecer lazos de dudosa transparencia con los dos grandes partidos políticos locales, el PSOE y el PP, aprovechando que la ley española deja en manos de los municipios las decisiones sobre la autorización para construir en espacios destinados al medio rural o protegidos por ser considerados vitales para la ecología. El emblema de este tipo de relación incestuosa es el municipio andaluz de Marbella, recientemente intervenido por la Justicia y cuyo ex alcalde, Julián Muñoz, permanece actualmente en prisión, junto a la mayor parte de los concejales que lo arropaban.

La situación es tan grave en algunas regiones que el Parlamento europeo se ha visto obligado a advertir, por ejemplo, a la Comunidad Valenciana por segundo año consecutivo acerca de la ilegalidad de su ley de ordenamiento urbano. Pero a las constructoras mucho no les importa. Es tan grande su poderío que cuando los partidos políticos tradicionales no se muestran favorables a sus requerimientos fundan partidos independientes, apoyados por sus abultadas chequeras. Es incontable la cantidad de Concejales de Urbanismo que provienen de estos partidos que se pueden hallar en los municipios del sur español.

El truco que les ha permitido a las constructoras hacerse con enormes ganancias es muy sencillo. Se comienza por comprar un terreno rural a precios muy bajos y se culmina por convencer de modo poco lícito a los políticos locales que recalifiquen el suelo, disparando sus precios. Los escándalos son tan graves que amenazan con empañar la campaña electoral para las próximas elecciones municipales que se disputarán a principios de 2007.

El negocio se ha extendido también hacia el mundo del fútbol, una excelente vidriera cotizada por la mayoría de los grandes constructores, ya que garantiza excelentes contactos políticos y una envidiable presencia mediática. El primero en comenzar con esta moda fue el fallecido Jesús Gil y Gil, alcalde en su momento de Marbella, que se hizo con la presidencia a mediados de los noventa del Atlético de Madrid. Otros notables lo siguieron: Florentino Pérez, uno de los grandes accionistas de ACS, fue hasta hace poco presidente del Real Madrid y Juan Bautista Soler, también vinculado a la floreciente industria del ladrillo, preside actualmente el Valencia, por citar sólo los casos más ilustres.

Todo esto ha dado lugar al nacimiento de un nuevo empresariado español, mucho más agresivo que el tradicional. Su reciente irrupción en el negocio energético hace presumir que vendrá acompañada de un cambio radical en las reglas del juego del sector que terminará por afectar no sólo a España sino a todos los países en los que estas compañías ibéricas tienen inversiones.

La primera que apareció en escena fue Acciona, propiedad de la familia Entrecanales, quien compró por sorpresa el pasado mes el 10 por ciento del paquete accionario de Endesa, al tiempo que anunciaba que no se detendría hasta llegar al 24,9 por ciento. La movida de Acciona no pasó inadvertida al resto del sector de la construcción. Los rumores acerca del destino que las cinco grandes empresas del ramo (Acciona, ACS, Ferrovial, Sacyr-Vallehermoso y FCC) le estaban por dar a su enorme liquidez, fruto del boom inmobiliario del último quinquenio, agitaban desde hace un año los pasillos de la Bolsa de Madrid. Días después de la entrada de Acciona en Endesa, ACS decidió seguirle los pasos y el 26 de septiembre compró el 10 por ciento del paquete accionario de Iberdrola, la segunda compañía eléctrica del país, valorada en 31.800 millones de euros. La operación de compra del 10 por ciento de Repsol por parte de Sacyr-Vallehermoso anunciada el lunes se enmarca dentro de este contexto, aunque los analistas sostienen que el juego aún permanece abierto y es de esperar que en las próximas semanas haya más noticias en el ámbito del convulsionado mercado energético español.