Desde la devaluación, el precio del gas que pagan las familias acomodadas de Barrio Parque o Nordelta se mantiene congelado. Durante el invierno, muchas piscinas climatizadas se mantuvieron cálidas por el gas barato. Para 15 millones de argentinos pobres, sin acceso al gas natural, la garrafa se encareció más del 170 por ciento: de 8 o 9 pesos que costaba el envase de 10 kg antes de la devaluación a los 24 pesos actuales. Después de los alimentos, la garrafa es el rubro de mayor peso en el presupuesto de los hogares carenciados.

Hace ya varios meses, Kirchner recibió la propuesta de un aumento de tarifas del gas para los sectores más acomodados, dinero que se destinaría a subsidiar el gas de los pobres. En el manual de los economistas eso se llama un “subsidio cruzado” (los “ricos” financian a los “pobres”), propio de los Estados inteligentes. ¿Por qué Kirchner rechazó la sugerencia? Es un misterio. En privado, algunos funcionarios explican que los sectores medios altos marcan la agenda de la opinión pública, y admiten que el Presidente a veces respeta demasiado ese poder mediático.

El 9 por ciento de las familias de mayor poder adquisitivo (más de 900 kw en la factura) consumen el 27 por ciento de la electricidad residencial en Capital y Gran Buenos Aires: en promedio, hay tres aparatos de aire acondicionado. El 22 por ciento de las familias (más de 600 kw) gastan casi el 50 por ciento de la energía domiciliaria.

El Presidente escuchó dos propuestas de ajuste tarifario en la cúspide de la pirámide socioeconómica: la primera dejaba fijas las tarifas del 91 por ciento de las familias que viven en el área metropolitana; la segunda, protegía al 78 por ciento. Con esos recursos, podrían financiarse inversiones en la distribución eléctrica que en el verano, en días en que la temperatura supere los 30 grados, sufrirá cortes parciales (por barrios o manzanas) frente a una demanda explosiva.

Kirchner respondió que lo evaluaría en el 2007, algo que funcionarios de la Rosada consideran inverosímil en un año electoral. Para colmo, el Gobierno se niega a instrumentar un nuevo plan para alentar un uso racional de la energía barata en los hogares, que despilfarran, especialmente, los sectores medios altos. Y ni siquiera acepta tomar medidas para disminuir consumos en la hora pico: desde un cambio horario para prolongar el día hasta anticipar el cierre de los grandes shoppings, que gastan en aire acondicionado el equivalente a localidades pequeñas.

El año próximo, el Estado gastará casi 2000 millones de pesos para subsidiar al sistema eléctrico en su conjunto. En lugar de enviar señales a la sociedad para ahorrar energía y repartir los costos entre los que están en condiciones de afrontarlos (sean industrias u hogares), el Gobierno prefiere un esquema en el que todos ponen. Incluidos los pobres, que financian al Estado con el IVA de sus compras.

A poco de asumir, Kirchner adoptó como bandera el congelamiento de las tarifas privatizadas, grandes beneficiadas de la década noventa. A esta altura, la discusión debería ubicarse en otro plano: ¿se podrá terminar alguna vez con el maleficio del Estado bobo?