A instancias del oficialismo, que resistió cualquier cambio al texto votado días atrás por el Senado, Diputados sancionó ayer la ley que flexibiliza el acceso al crédito para cierto segmento de inquilinos. Fue con 111 votos positivos, contra 26 negativos y 15 abstenciones. La oposición argumentó que la iniciativa oficial sólo tenía carácter declamativo, ya que no honraría el propósito proclamado de permitir el acceso masivo a estos préstamos, dándole una solución genuina al problema. El principal obstáculo para realizar ese objetivo es la brecha insalvable entre el valor de las propiedades y los salarios, muy rezagados frente a aquéllas.

Entre los retoques fundamentales propuestos por la flamante norma está el de prever la devolución anticipada del IVA para las empresas que construyan propiedades con el propósito de alquilarlas. Otro cambio es transformar en sujeto de crédito a los inquilinos que acrediten haber sido buenos pagadores en los últimos ocho meses previos a la solicitud del crédito. Pero excluyó lo que en algún momento reclamaban las entidades financieras para abaratar los préstamos, como el subsidio a la tasa de interés.

Previo a esto, aunque como un complemento de la iniciativa, el Banco Central habilitó a través de una resolución la posibilidad de que las entidades financieras presten hasta el 100 por ciento del valor de una vivienda que cueste hasta 200 mil pesos y de 90 por ciento para la que trepa a 300 mil pesos. De esta manera, el tomador en cuestión podría sortear la dificultad de tener que contar con un ahorro previo a la operación.

El Banco Nación es una de las entidades que hicieron punta con la oferta de una nueva línea, en este caso a treinta años –plazo bastante más extenso que el usual– y que se ajusta a aquella cobertura del valor total de la propiedad que se pretende comprar. La tasa es del 8,4 por ciento nominal fija anual. Es decir, que de cada 10 mil pesos que se haya solicitado en préstamo, se pagará poco más de 92,36 de cuota. Según comunicó el banco, ya se presentaron 2267 solicitudes en trámite efectivo de ejecución por un valor de 170.600 millones de pesos, que serían aprobadas en un mes.

Pero a pesar de este panorama relativamente auspicioso, la realidad es que la mayor parte de los inquilinos queda fuera del alcance de la iniciativa, que los habilita como sujetos de crédito, pero no obliga a los bancos a concederles esa condición si no pueden acreditar una buena relación valor de la cuota-ingreso.

Valga de ejemplo que por una vivienda de 60 mil dólares (en Capital Federal, un departamento de dos ambientes en zona norte) tiene que pagarse una cuota de alrededor de 1900 pesos, el doble que el precio del alquiler. La realidad es que algunas entidades públicas –el Nación entre ellas– ofrecen préstamos de hasta 125 alquileres, tope que difícilmente se compadece con el valor total de una vivienda, transformando en ilusoria la intención original.