Un flamante informe privado analiza cómo se administran más de 10 mil millones de pesos en subsidios nacionales a personas y entidades “sin fines de lucro”. Ese dinero lo distribuyen los ministerios de Desarrollo Social, Salud e Interior. Pero de ese terceto, la cartera política es la que está en una situación más incómoda, por su presunta negativa a identificar a los beneficiarios de las subvenciones y no brindar información sobre las auditorías que le practicaron otros organismos de contralor del Estado.

El ministerio de Aníbal Fernández negó rotundamente ante este diario esa reticencia y hasta amenaza querellar a la ONG que denunció esas falencias. Más allá del entredicho, lo que puede fundar dudas es que el 60 por ciento del presupuesto del área a esos fines se ejecuta “sin discriminar”.

El informe corresponde al Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), una ONG abocada al análisis de ejecución presupuestaria, que junto a la Fundación Adenauer puso la mira en el manejo de las subvenciones, excluyendo aquellas que van a empresas privadas, directamente o a través de los fondos fiduciarios. La base del análisis es el presupuesto 2005, cuyo prorrateo global de recursos está vigente, tanto como los vicios o virtudes en su ejecución.

Los técnicos comandados por Chistian Gruenberg destacan, entonces, que Interior dispone de 94 millones de pesos para subsidiar. Cuarenta y tres se reparten entre el Fondo Partidario Permanente (17 millones para el sostenimiento regular de los partidos políticos) y la Asociación de Bomberos Voluntarios. Los 51 millones restantes no están discriminados. Según la técnica presupuestaria, la información referida a cómo se gastan estos fondos está identificada como rubro 9999, que elude precisar el destinatario del dinero, en este caso, volcado íntegramente a costear las elecciones parlamentarias del año pasado.

Según los responsables de Cippec, cuando reclamaron la apertura de esa información, el ministerio argumentó que brindarla implicaría una eventual “violación de la ley de datos personales”. Pero el detalle, aunque no minucioso, finalmente llegó ante una solicitud de este diario.

De acuerdo con lo que precisa Fernández, aquellos fondos se prorratean del siguiente modo: 12,19 millones para cumplir con un convenio de la Corte Suprema de la Nación, 4,2 millones para gastos de funcionamiento de la Cámara Nacional Electoral y juzgados federales, 21 millones para el Comando General Electoral, 13 millones como Aportes a Partidos Políticos para la realización de campaña e impresión de boletas y 537 mil pesos para que la Gendarmería custodie las internas abiertas en Santiago del Estero.

A priori, Gruenberg admite que el costo de las elecciones es bajo, en particular en relación con otros países de Latinoamérica. A su juicio, “el problema es el gran margen de discrecionalidad” que existe en la ejecución concreta de ese gasto, que desde el punto de vista formal no cumple estrictamente con la pauta de una subvención: no se destina a una “organización sin fines de lucro”, como un partido, sino que se trata de la transferencia de una repartición del Estado a otra.

A estos vicios formales, Interior habría sumado la supuesta renuencia a aportar a los técnicos del Cippec la información solicitada, que debiera estar disponible por su carácter de pública. Al menos así consta por escrito en el informe titulado “Hacia una política pública de transferencias con transparencia y equidad”, en el que, como contrapartida, se ensalsa el cristalino manejo que sí hace Carlos Tomada de los casi 6000 millones de pesos utilizados para planes sociales y de empleo.