En vísperas de expirar el plazo impuesto por el decreto “Héroes del Chaco”, que fija un nuevo marco para seguir explotando hidrocarburos en Bolivia, el gobierno de Evo Morales hacía anoche enormes esfuerzos para rubricar acuerdos con las petroleras que operan en el país que pudieran satisfacer, aunque sea en parte, las aspiraciones de ambas partes. Quizás uno de los pocos atractivos para que los operadores privados se avinieran a reformular las condiciones de un nuevo negocio en el marco de la nacionalización de hidrocarburos es el creciente precio del gas que pagan los compradores externos, entre ellos la Argentina. Al cierre de esta edición, el consorcio liderado por Total era el que estaba más cerca de una fumata a la que Petrobras seguía renuente. Las futuras inversiones quedan condicionadas a negociaciones aún no finalizadas.

Aquella norma efectivamente obliga a replantear el negocio de las operadoras privadas en base a nuevas pautas que acotan concretamente su rentabilidad, aunque sin vulnerar de modo total la posibilidad de hacer negocios. De ahora en más, éstos se sostienen en gran medida en los nuevos valores del gas que produce Bolivia y que se exporta en un 85 por ciento.

La nacionalización le reconoce a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la propiedad del hidrocarburo mientras está contenido en el subsuelo, pero también la potestad de comercializarlo a su arbitrio una vez extraído. Por esto resultan decisivas las condiciones que pacte el estado del Altiplano para hacer esa venta y que hasta ahora están resultando bastante ventajosas, tanto para ese país como para los privados.

Brasil, hasta ahora el principal importador del gas boliviano, paga casi 4 dólares el millón de BTU, valor sujeto a una fórmula de ajuste que lo seguirá encareciendo; a través de la estatal Enarsa, en tanto, Argentina saltó de pagar poco más de tres dólares esa unidad calórica a cinco, un precio que seguirá subiendo en virtud de una negociación en ciernes. Estos ventajosos valores ofrecen una plataforma lucrativa para el rediseño del negocio privado.

Total (Francia), en sociedad con Tecpetrol (grupo Techint), fue una de las primeras en acordar los términos generales de un nuevo contrato, cuya letra fina se irá definiendo en las próximas semanas. Esta sociedad tiene reservas descubiertas pero no desarrolladas, lo que facilitó la aceptación de las nuevas reglas contractuales: cesión al Estado del 50 por ciento del valor bruto de venta del gas extraído y admisión de que sea YPFB quien lo venda.

Pero las inversiones pendientes para seguir explorando y desarrollar los pozos sólo se harán si YPFB le propone contratos de venta que en volumen y precio justifican hacerlas. Recién en esa instancia se pactarán las condiciones definitivas del negocio, que les permitirían a los privados recuperar lo desembolsado y, naturalmente, tener una renta. Por ahora todo indica que esto será así, en particular para los franceses asociados a Techint: el holding local también tendrá un lugar clave en el gasoducto del Nordeste como proveedor y operador del ducto que servirá para traer más gas desde Bolivia.

Más compleja fue de origen la discusión con Petrobras, el principal inversor externo, que ya hizo desembolsos multimillonarios en ese territorio, tanto en pozos como en las dos principales refinerías. A juicio de la administración de Morales, los brasileños ya habían conseguido recuperar lo invertido, por lo que la participación estatal en la renta debía crecer hasta el equivalente al 82 por ciento del ingreso bruto.

Esto tensó mucho la negociación, al punto de que el gobierno estuvo por tomar las instalaciones de las refinerías y pozos en producción para cumplir con una sentencia expresada en aquel decreto: si al expirar el plazo de seis meses que se cumple esta medianoche no hubiera acuerdo con alguna de las compañías, YPFB se haría cargo de todo, incluidas las instalaciones. Esa toma quedó en amague por pedido de Lula da Silva, que quiso pasar las elecciones sin un escándalo de esa magnitud. Su canciller, Celso Amorim, ayer descartó que pudiera ocurrir algo del estilo: “El gobierno nos dio garantías de que las propiedades no serán confiscadas”.

El contraargumento privado en casos como el de Petrobras –en los que el Estado aspira a dar por recuperada la inversión privada y ampliar el margen de participación pública– es que la hipótesis de trabajo oficial se basa en los negocios ya en marcha, pero no contempla las inversiones exploratorias que no dieron fruto y por lo tanto ocasionaron un quebranto.

Cómo salvar este déficit sin indemnizar y cómo estimular las futuras inversiones de riesgo son cuestiones aún pendientes, que se resolverán en el futuro, ya que los tratos a firmar en estas horas en algunos casos son esquemas de acuerdos que tendrán un texto definitivo más adelante, bajo la fiscalización del ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, quien en el último mes consiguió estimular la negociación que no avanzaba con su antecesor, Andrés Soliz Rada.