Nadie tiene hoy idea de quién será. Pero no importa. Quienquiera sea el próximo presidente de la Argentina, asumirá con la siguiente realidad: en ese momento, la deuda pública equivaldrá a dos PBI completos. No hace mucho se veía como ominoso que la deuda representara medio Producto Bruto. En 2003 esa asfixiante relación se habrá multiplicado por cuatro. En otras palabras: los argentinos necesitarían para pagarla el fruto total de dos años enteros de trabajo y generación de riqueza (y de dólares), sin comer ni consumir nada. Este es el dramático resultado de un endeudamiento que ha crecido con violencia antes y después de la cesación de pagos del país en la Navidad pasada, y de una economía en vertiginosa contracción, más los efectos de una devaluación desbocada. Imposible no encuadrar en esta realidad el convulso proceso político que vive y vivirá el país, que necesariamente deberá negociar cada decisión con sus acreedores y sus representantes, desde el Tesoro estadounidense hasta organismos como el FMI. Pero cualquier arreglo implicará en tremendo sacrificio fiscal para generar los recursos necesarios, minimizando la capacidad del Estado para reparar los graves daños sufridos por el tejido social. No es concebible que, en estas durísimas condiciones, el futuro presidente goce de gran popularidad, ni que pueda sostenerse en el poder sin una amplia base política. La hipoteca de los años ‘90 no será nada fácil de levantar, a menos que la economía empiece a crecer con mucho vigor, en base a algún elixir ignoto. En esta pócima está la clave de la viabilidad.
La consultora Alpha, que conducen Débora Giorgi (ex secretaria de Industria y de Energía) y Hernán del Villar (ex director del Banco Central) presenta con la siguiente introducción un crudo diagnóstico sobre la quiebra argentina: “Canje de deuda pública, default festejado y generalizado sin extrategia ni análisis técnico que justifique su conveniencia, salida improvisada de la convertibilidad, que multiplicó el tipo de cambio por casi 4, pesificación asimétrica de activos y pasivos bancarios, inequitativa e inexplicable, opción voluntaria para los ahorristas de canje de sus depósitos reprogramados por bonos en dólares y/o pesos, y opción de redolarización para tenedores de préstamos garantizados... Una concatenación de hechos que cambiaron el perfil y el monto del endeudamiento de la República, y de cuyo análisis surge que el esfuerzo fiscal para honrar sus servicios será de gran envergadura.”
Las cifras arriba citadas no incluyen la tremenda presión que un conjunto de empresas que mantienen deudas en dólares con acreedores del exterior ejercen para que el Estado se haga cargo del sobrecosto en pesos que sufren por la devaluación. El paquete en juego ronda los 35 mil millones de dólares. Si el Gobierno de Eduardo Duhalde resolviera dejarse vencer por ese lobby, asumiendo la diferencia entre la primera paridad post devaluación, de $ 1,40 por dólar, y un dólar de 3 pesos, la factura que le caería al fisco sería de $ 56 mil millones. El fardo treparía a más de 73 mil millones si el seguro de cambio cubriera la diferencia con un dólar a $ 3,50. Hasta ahora el ministro de Economía, Roberto Lavagna, se niega terminantemente a ceder, pero, según comentó a este diario una fuente de la Unión Industrial Argentina, “la verdadera negociación se está llevando más arriba”.
Cuando Jorge Remes Lenicov se fue de Economía, hece menos de tres meses, dejó la siguiente deuda: 1) Externa nacional por U$S 89 mil millones. De ella sólo 48 mil millones no estaban en default (organismos multilaterales y Bonos Brady). Los otros 41 mil millones (Fase II del canje y otros acreedores comerciales) habían comenzado a no pagarse. 2) Interna nacional en dólares por compensación a los bancos de U$S 9,1 mil millones. 3) Interna nacional en pesos con ajuste CER, más 2 a 5% anual por $ 92 mil millones, ajustados a marzo del 2002 (Préstamos Garantizados -ex bonos- nacionales, incluyendo a los tenedores de títulos locales que no habían entrado en la Fase I del Canje, y la deuda de las provincias que entró enese canje). 4) Deuda externa provincial por U$S 8,9 mil millones en títulos soberanos de las provincias. Varias de estas emisiones estaban en default, incluyendo las bonaerenses. 5) Letes y Bono encaje pesificados, ajustados por CER y en default por $ 10 y $ 3 mil millones, respectivamente. 6) Bonos-moneda provinciales (patacones, etc.) y nacionales (lecop) por $ 2,8 y $ 3,4 mil millones, respectivamente.
Alpha traza entonces el siguiente balance de lo dejado por Remes al partir: la deuda pública nacional externa ascendía a 89 mil millones de dólares; la deuda interna en pesos ajustables era de $ 109 mil millones, y la deuda pública interna nacional en dólares cifraba U$S 9 mil millones. La deuda provincial se limitaba a lo debido por títulos soberanos de las provincias, emitidos en el exterior. Llegó entonces Lavagna, impulsando el decreto 905/02, con su Plan Bono y una serie de cambios a la situación previa. Además, a partir del 30 de junio dejó de pagar los Brady, con lo que éstos pasaron a engrosar la deuda a reprogramar. Redondeando números, y suponiendo la opción plena por los Boden (un bono compulsivo jugaría el mismo papel de cargarle todo el muerto al Estado), la deuda Lavagna suma U$S 114 mil millones (de los cuales, 73 mil millones en default), la deuda externa provincial en títulos soberanos es de U$S 9 mil millones, la deuda interna nacional en dólares es de U$S 34 mil millones, y la deuda en pesos ajustada por CER llega a $ 33 mil millones.
El estudio de Giorgi/Del Villar establece que “la relación deuda pública nacional y provincial sobre PBI ha subido mucho, llegando a 177 por ciento. Este valor casi triplica al de 2001. Los efectos de la megadevaluación, y los costos de la crisis financiera, magnificada por la pesificación asimétrica, explican este brutal cambio”. Pero la cosa no se detiene aquí porque, de acuerdo a las proyecciones de esta consultora, el Producto Bruto seguirá bajando en dólares corrientes en el 2003, descendiendo de 95 mil millones en 2002 a 85 mil el próximo año, con lo cual el endeudamiento se agigantará aún más.
Proyectando cierto escenario macroeconómico (crecimiento cero en 2003, y luego a tasas anuales inferiores al 3 por ciento), y suponiendo una renegociación que logra una quita del 60 por ciento sobre la deuda en default, el país deberá afrontar en el resto de la década el pago de servicios de la deuda (amortizaciones más intereses) que representarán el 5,7 por ciento del PBI en 2003, el 6,2% en 2004, el 9,7% en 2005 y el 9% en el quinquenio 2006-2010. Esto implicaría que mientras la Argentina no logre reabrir su acceso a los mercados de capitales para colocar deuda nueva, el esfuerzo fiscal será enorme. Consistirá en alcanzar un superávit primario (ingresos menos egresos, antes del pago de los servicios de la deuda) que oscilaría entre 6 y 10 por ciento del Producto. Carrió, Menem, Saá, Macri, López Murphy... ¿quién quiere encargarse de la faena?