La asamblea de accionistas de Aerolíneas Argentinas aprobó ayer el balance correspondiente al ejercicio 2005 y amplió la participación estatal del 1,34 por ciento actual al 5 por ciento. Además, habilitó una ampliación adicional que le permitiría llegar al 20. La aprobación se hizo con la anuencia del Estado que, de hecho, desistirá de las impugnaciones judiciales formuladas contra los estados contables de ejercicios anteriores. La empresa reconoció pérdidas por más de 400 millones de pesos.

Se trató de un evento muy significativo, ya que promete clausurar una etapa de mucha controversia entre el accionista privado –los españoles del grupo Air Comet (dueño de la operadora Marsans)– y el Ministerio de Planificación. La cartera a cargo de Julio De Vido ahora dará marcha atrás con las fuertes acusaciones que presentó ante la Justicia contra la firma hispana, imputándole haber desviado el dinero que la estatal Sepi le transfirió para cancelar los millonarios pasivos concursales.

La gran pregunta es qué cambió para que a los ojos estatales ahora aquellas faltas sean irrelevantes. Según hace saber la Secretaría de Transporte, a cargo de Ricardo Jaime, desde que partió de la compañía Antonio Mata –uno de los socios de Marsans–, Aerolíneas accedió a dar información que antes retaceaba sobre su situación patrimonial.

La ampliación del capital estatal al 5 por ciento se hace a través de una “cesión” no onerosa de Interinvest, tal el nombre de la firma jurídica radicada localmente que representa a los accionistas privados. Si el Estado quisiera más acciones tendría que pagarlas de algún modo, bien sea con efectivo o resignando el cobro de acreencias.

Con esa mayor porción, también tendrá derecho a designar dos directores clase “A”, lo que le permite al Estado recuperar la posibilidad de expedirse sobre cuestiones como el ingreso a alianzas estratégicas o la eliminación o reducción de servicios. Para uno de esos puestos suena el nombre de Raúl Argañaraz, un colaborador de De Vido que se desempeña como asesor financiero en Enarsa y que analizó el balance aprobado ayer junto a la gente de Economía. El otro podría ser para un hombre de las provincias.

Quien se opuso terminantemente a la aprobación del balance 2005 fue el director representante del Programa de Propiedad Participada, Víctor Richiniello. Entre otros argumentos, sostuvo que el balance tiene activos sobrevauados y deudas cuyo origen es poco transparente. Pero la queja no pudo parar la aprobación de un estado que acusa una pérdida de 414,95 millones de pesos, atribuida en la memoria al costo del combustible y a la huelga de nueve días que el año pasado paralizó servicios.