Gabriela Martínez Dougnac es historiadora, investigadora y coordinadora académica del Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. “En los últimos años, los Grobo o Cresud ganaron mucho, pero hay productores que siguen padeciendo las consecuencias de la concentración”, argumentó en su charla con Página/12.

–¿El paro es legítimo?

–Depende quién lo hace y cuáles son sus razones. No es lo mismo para los productores más grandes que para las bases de Federación Agraria. El campo, como cualquier producción, no es plano. Cuando el Gobierno dice que tomó medidas estructurales para favorecer al sector, como la defensa de un dólar alto,

le está contestando a Sociedad Rural y a Confederaciones Rurales (CRA). No es mentira, pero tampoco es absolutamente cierto.

–¿Por qué?

–En un país como la Argentina, donde desapareció un cuarto de las explotaciones en los últimos años, donde aún hay zonas ricas en las que los productores no tienen capacidad económica para sostener sus campos y deben arrendarlos, donde muchas producciones regionales siguen en crisis, faltan políticas estructurales para revertir el proceso de concentración de los noventa. Aquellos que viven esta situación, si además son ganaderos y ven cómo este año el Gobierno bajó los precios para el productor sin que se reflejara en el mostrador, sienten que tienen motivos para protestar. Yo diría que es legítimo que luchen para forzar al Gobierno a revertir su política agraria.

–Esa es la posición de Federación Agraria.

–No se puede decir el campo ganó o perdió. El campo implica una estructura de relaciones de producción donde hay distintas clases, que incluso son contradictorias. El Gobierno pretende englobar al sector en un todo que no existe como tal. En los últimos años hubo ganadores en el campo, con precios internacionales muy buenos. Los Grobo o Cresud ganaron mucho. Pero si le preguntás al 25 por ciento de los productores que todavía no pudieron pagar sus deudas, no pudieron invertir para la siembra directa y tuvieron que ceder sus tierras, la respuesta es otra. No hay una política agraria que apunte a revertir esas tendencias.

–¿Cómo sería esa política?

–Lo principal sería diseñar una política de impacto diferenciado. Si no es como decir que en 1910 el campo era rico. Eran

ricos los Alzaga Unzué y los Anchorena, pero no los peones rurales. Esa imagen del campo rico no es correcta y el Gobierno hace mal en reproducirla. El mismo plan ganadero debería contemplar que no es lo mismo un productor con 3000 animales que otro con menos de 100. Cerca del 50 por ciento de los productores ganaderos tiene rodeos chicos. En este conflicto el Gobierno demostró que no busca revertir esta situación.

–¿Por qué?

–Frente al problema de abastecimiento recurrió a las vacas del Ejército y, sobre todo, negoció con los grandes productores para que llevaran carne a Liniers. El Gobierno se siente más cómodo dialogando con ese sector.

–¿Qué pasó con el plan ganadero?

–Nada. La medida principal era disponer una gran masa de dinero para créditos a los productores, para generar transformaciones tecnológicas que permitieran incrementar la oferta de ganado. Pero de ese dinero todavía no les llegó nada a los productores.

–¿La crisis de la carne era previsible?

–Hace tres años, Eduardo Azcuy Ameghino, del Centro de Estudios Agrarios de la UBA, escribió un artículo en el que advertía que un aumento combinado de la demanda interna y externa generaría una crisis porque la ganadería no iba a poder responder en forma inmediata. El INTA también hizo un diagnóstico temprano y preparó un Plan Ganadero que quedó guardado en un cajón. Roberto Lavagna tenía otras prioridades. A pesar de que todos sabíamos lo que iba a pasar, no se hizo nada.

–¿Hay rentabilidad en la ganadería?

–En términos generales, sí. El precio del novillo se triplicó en relación con el de 2001. Esa mejora es innegable. Pero, como dije antes, hay que ver cada situación en particular. Hay productores que compran el gasoil en las refinerías y otros que van a la estación de servicio, algunos consiguen los fertilizantes hasta un 20 por ciento más barato. Por eso se requiere de un plan global que equilibre las situaciones.

–¿Una medida posible sería establecer precios de referencia?

–Las medidas tienen que considerar la situación de toda la cadena. Por ejemplo, cuando se prohibieron las exportaciones, los matarifes pudieron beneficiarse de los precios más bajos de la hacienda, porque no trasladaron esa caída a los consumidores. Es cierto lo que dicen las asociaciones rurales de que ellos fueron los más perjudicados. Al abrirse las exportaciones, los que se benefician son los grandes frigoríficos como Friboi-Swift y Cargill-Finexport.

–Pero si el Gobierno no interviene se dispararían los precios al consumidor.

–Pero debe tener en cuenta todos los eslabones de la cadena. Su política es ineficiente para resolver la cuestión más allá de la coyuntura. Si se crea un Instituto de Promoción de la Carne, es contradictorio que se prohíban las exportaciones. Está bien que haya medidas que impidan que se disparen los precios, pero deben plantearse problemas estructurales más serios.