La negociación entre el Gobierno y las prepagas está llegando a su fin. La parte oficial impulsa un aumento del 6 por ciento, muy inferior al rango de 18 a 23 que comunicaron las empresas en un principio. Reclama, a su vez, que el incremento se aplique de manera gradual, en cuatro cuotas de 1,5 por ciento cada una. Una reducción tan drástica en la suba de los abonos se explica por dos compensaciones que obtuvieron las compañías. La primera es la autorización a cobrar copagos. Es decir, por cada visita al médico habrá que pagar un “bono” que costaría hasta 15 pesos. La segunda fue dejar en suspenso un proyecto de ley que establecía reglas para el sector, en beneficio de los usuarios. Fuentes oficiales dijeron a Página/12 que el acuerdo está prácticamente resuelto en aquellos términos, mientras la contraparte empresaria prefirió guardar silencio.

El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, son los funcionarios que pilotean la negociación por el lado del Gobierno. Recibieron la instrucción de Néstor Kirchner de evitar que las prepagas concreten la suba de hasta 23 por ciento que anunciaron a mediados de octubre. Cuando los clientes empezaron a recibir las cartas que les anticipaban los aumentos a partir del 1º de enero, Felisa Miceli se presentó en la Casa Rosada para reprender a las empresas. “No vamos a permitir estas subas. No hay ningún justificativo económico o sectorial que habilite estas conductas”, reprochó.

La estrategia oficial se desarrolló en dos planos. Por un lado, Comercio Interior reclamó información a las prepagas para determinar si sus costos habían crecido tanto como para disparar ajustes del doble de la inflación. Moreno les recordó a las prestadoras lo que dice el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor: están obligadas a proveer “información veraz, suficiente y detallada” a sus afiliados frente a cambios en las condiciones contractuales. Ciertamente, un aumento de tarifas es un cambio en esas condiciones. Si el incremento de costos no guardara relación con el alza de los abonos, entonces los datos entregados a los usuarios no serían veraces y el aumento debería caer. Esta línea de acción, sin embargo, perseguía como fin último forzar a las empresas a sentarse a negociar, más que la pretensión de aplicar la norma a rajatabla.

De igual modo, desde lo más alto del Ejecutivo dieron una señal al Congreso para desempolvar los proyectos de ley que regulan la medicina privada, que a pesar de desarrollar su actividad en un ámbito tan sensible como el de la salud, no tienen ningún organismo específico que las controle. El bloque del Frente para la Victoria tenía sus propias propuestas. Con el guiño del Gobierno, en apenas dos semanas la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados dio dictamen a la iniciativa y la dejó habilitada para su tratamiento en el recinto. El proyecto llegó a ocupar el primer lugar en el listado de temas a debatir en la primera sesión de diciembre, pero a último momento perdió el respaldo del Gobierno y volvió a un cajón.

La razón para ese súbito cambio de actitud tuvo que ver con la evolución de las negociaciones con las prepagas, afirman fuentes parlamentarias. Moreno y Capaccioli avanzaron en un convenio con las empresas que consiste, como se indicó al comienzo, en un alza de tarifas del 6 por ciento, prorrateada en cuatro cuotas iguales. Pero, para cubrir la diferencia, las empresas tendrán permitido cobrar copagos como hacen la mayoría de las obras sociales sindicales. Los clientes deberán afrontar un plus por cada consulta y por las prácticas ambulatorias, cuyo costo será variable según el grado de complejidad de la atención requerida. El tope para esos adicionales será de 15 pesos, al igual que en las obras sociales, y no habrá copago en internaciones.

Las prepagas propusieron que los afiliados tengan la posibilidad de optar entre ese esquema y el aumento original. También se analizó darles la alternativa de pasarse a nuevos planes más económicos, aunque con menores prestaciones. El acuerdo con el Gobierno deberá quedar sellado los primeros días de esta semana, puesto que las empresas tienen que empezar a remitir las facturas a sus clientes. Fuentes oficiales aseguraron a este diario que el arreglo es virtualmente un hecho.

Sin regulación

En el Congreso y entre las asociaciones de consumidores causó decepción que el Gobierno haya dado marcha atrás con el proyecto regulador. Es una vieja aspiración de los defensores de los usuarios, que por una u otra razón nunca logra superar el lobby empresario. El contexto de la pulseada por las tarifas hizo suponer que esta vez sería distinto. Las esperanzas crecieron cuando el oficialismo sacó dictamen en la Comisión de Salud en pocos días y ubicó la iniciativa en el primer lugar de la agenda para la primera sesión de diciembre. Un par de horas antes de que ésta arrancara, el proyecto bajó al cuarto lugar. Y cuando ya había comenzado, cayó al puesto 16, para luego quedar en el limbo de las iniciativas sin respaldo político del Ejecutivo.

Ese día, entre los diputados oficialistas corrieron múltiples versiones sobre lo que estaba ocurriendo con el proyecto. Primero se dijo que Moreno había dado instrucciones para frenarlo, pero el funcionario hizo saber que no había sido él. Por el contrario, Moreno ya había conseguido lo que quería, que era ser designado como integrante del organismo de control permanente de las prepagas, creado por la ley. Todas las miradas, entonces, se posaron en Capaccioli y en el ministro de Salud, Ginés González García.

Página/12 consultó en esa cartera, y la respuesta fue que el ministro no tomó posición ni a favor ni en contra del proyecto. “El ministro no dará una opinión definitiva hasta que el tema no esté acordado con la Superintendencia de Servicios de Salud”, indicaron voceros de González García.

La versión desde la Cámara de Diputados es que el titular de Salud movió influencias para trabar el proyecto, debido a que la regulación roza a las obras sociales sindicales. En efecto, la propuesta termina con un enorme bache en los controles del Estado, que es el dinero que las obras sociales derivan a las prepagas para la atención de sus afiliados. Son cifras millonarias que surgen de los aportes personales de los trabajadores, que les descuentan del sueldo, y de fondos específicos para tratamientos de alta complejidad que desembolsa el Estado. Desde 2002 a la fecha, más de 350.000 personas llegaron a las prepagas a través de estos convenios.

Desde la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, prometió a algunos diputados que el marco regulatorio será puesto nuevamente en discusión el año que viene. Mientras tanto, la negociación por las tarifas de las prepagas, entre otros puntos, seguirá siendo a puertas cerradas. La ley, en cambio, facultaba a un nuevo organismo a fijarlas según la evolución de los costos de las empresas, que serían monitoreados de manera constante.