Los acuerdos de precios que fueron estructurados en los últimos doce meses para controlar las expectativas inflacionarias, que el entonces ministro Roberto Lavagna dejaba crecer sin vocación para detenerlas, tendrán otra fisonomía en el 2007. La ministra de Economía, Felisa Miceli, ya adelantó que a lo largo del próximo año esos pactos se irán desarmando, pero esa política no significará la liberalización absoluta para los ajustes, como interpretaron/desean los empresarios. La idea de la ministra es perfeccionar esa política de intervención en la formación de precios mediante un seguimiento detallado de toda la cadena de valor del producto, para detectar en qué eslabón se generan distorsiones. Y actuar en esa instancia con la meta de construir un eslabonamiento que signifique retribuciones equilibradas para cada una de las etapas sin generar rentas extraordinarias para alguna de ellas. Así, en el Palacio de Hacienda, piensan que el precio final al consumidor será –con excesivo optimismo–- reflejo de un mercado relativamente competitivo y no uno fijado por posiciones dominantes u oligopolios.

En base a esa lógica de funcionamiento empezarán a permitir deslizamientos de precios coordinados –espaciados en el tiempo– para evitar un impacto desagradable en el índice mensual de inflación. Apuestan a que así el IPC será nuevamente de un dígito anual. Esas subas serán consensuadas entre el fabricante y los funcionarios, lo que requerirá de bastante paciencia empresaria en la espera del turno para remarcar. A fines de este año hubo una prueba de esa estrategia con lácteos y unos pocos alimentos, con un saldo que en Economía evaluaron positivo porque la inflación de diciembre no superaría el 1 por ciento. Por lo tanto, apuestan a generalizar esa política de ajustes parciales y escalonados durante todo el año siguiente.

El balance oficial 2006 de una intervención estatal más intensa en la fijación de precios reúne dos ejes principales:

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En el Estado no había idea de cómo era la estructura de costos de las empresas y, por lo tanto, sin información no había posibilidad de administrar un tema tan sensible para la población, como los precios de bienes y servicios.

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Con la evaluación exitosa de esa intervención porque el Indice de Precios al Consumidor de este año terminará por debajo del 10 por ciento, en Hacienda sostienen que empezarán a desarmar lo que denominan la “era primitiva”. Esta consistía en la fijación de precios con el solitario respaldo de la autoridad presidencial, sin una estructura de análisis sectorial, tras la exclusiva meta del dígito anual.

“Ahora sabemos más cómo intervenir en forma precisa”, resumen en Economía. Y ponen como ejemplo el caso de los aranceles de las prepagas (ver aparte).

El discurso oficial que empezará a prevalecer es que ya no habrá acuerdos de precios sino la indicación de “un sendero de precios”, que servirá para manejar las expectativas inflacionarias y, a la vez, la preservación de la rentabilidad empresaria con el objetivo de alimentar la vocación inversora. Y, fundamentalmente, se pondrá énfasis en que lo que se está haciendo es la definición de una coordinación de los ajustes para que no impacten todos juntos en el índice. Con la reformulación de esa política, en el Gobierno afirman que no esperan sobresaltos en el primer trimestre de 2007, y que para cada uno de los siguientes dicen que ya tienen armada la estrategia luego de precisar el comportamiento estacional de insumos intermedios y bienes finales.

“La intervención será más eficiente”, insisten, detallando el antes y el después:

a. “Nos encontrábamos con el problema y luego buscábamos cómo solucionarlo”.

b. “Ahora, el objetivo es evitar el problema teniendo antes la solución porque ya conocemos el tema y la situación de cada sector”.

Para ello se requiere de una estructura de funcionarios técnicos en áreas clave del Estado que, con el desmantelamiento realizado en los noventa, ha quedado maltrecho. En ese lento trabajo de reconstrucción del aparato público las secretarías de Comercio Interior y de Política Económica, bajo la conducción de Guillermo Moreno y Oscar Tangelson, respectivamente, asumieron un rol central. Bajo el mando del segundo funcionario opera la Subsecretaría de Coordinación Económica. En esa instancia de la burocracia estatal se concentrará la cuestión precios. De acuerdo con la distribución de responsabilidades en esta nueva etapa, Moreno tendría la misión de detectar el problema en algún sector y requerir la asistencia técnica de esa dependencia. Coordinación pasaría a analizar la cuestión demandando de diferentes áreas del ministerio información para estructurar una respuesta. O sea, cómo implementar una “intervención eficiente” en los mercados, como repiten en Economía. El 2007 será el año de prueba de esa vuelta de tuerca en la tensa relación de las empresas con Economía por el tema precios. En resumen, en el Palacio de Hacienda indican que para adelante el camino no es el esquema “primitivo” de 2006, sino uno “más técnico, más preciso” descontaminado de vicios de personalismo, necesarios –dicen– para un momento, pero perjudicial para una etapa que requiere de una intervención profesional.