Las entidades del campo le presentaron una carta al presidente Néstor Kirchner donde solicitan la asignación de un subsidio a los molinos harineros, para garantizar el precio del pan sin tener que aumentar las retenciones ni seguir aplicando controles de precios a los productores. Los dirigentes rurales afirman que el año próximo el Estado recaudará 116 millones de dólares adicionales, debido a la mayor cosecha de trigo y a la mejora de los precios internacionales, y reclaman que se utilice ese dinero para los subsidios. Así, los molinos seguirían desembolsando 370 pesos por la tonelada de trigo adquirida, mientras que los productores podrían recibir un valor acorde con la capacidad de pago de la exportación, que actualmente se ubica cerca de los 440 pesos. En el Ministerio de Economía se negaron a hacer comentarios sobre la propuesta.

Los dirigentes de Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria y Coninagro consensuaron esta propuesta en los últimos días, cuando comenzó a cobrar fuerza la versión de que el Gobierno estaría por anunciar un aumento en las retenciones de la soja para financiar los subsidios que reclama el propio campo. Hugo Luis Biolcati, vicepresidente de Sociedad Rural, lo reconoció ante Página/12 al señalar que la propuesta del sector “intenta brindar una solución para los consumidores y los productores sin tener que aumentar las retenciones a la soja”.

El conflicto del trigo estalló a comienzos de octubre, cuando la cotización en el mercado de Chicago alcanzó su mejor cotización de los últimos diez años debido al aumento de la demanda y la reducción de la oferta provocada por las sequías en Estados Unidos, Europa y la India. Esta presión internacional coincidió con una pobre cosecha local, pues entre las campañas de 2004/05 y 2005/06 la producción cayó de 15,9 a 12,5 millones de toneladas. Los alimentos panificados tienen una incidencia en la inflación de 5 por ciento. Por lo tanto, el Gobierno decidió intervenir en el mercado “sugiriéndoles” a exportadores y molinos que no ofrecieran más de 370 pesos por tonelada.

Esa intervención permitió mantener sin cambios el valor de la harina, las galletitas y el pan, pero el trigo destinado al mercado local representa sólo un tercio de la producción y el congelamiento de precios fue para toda la producción. Por lo tanto, los principales beneficiados al interior de la cadena resultaron los exportadores, que compran trigo a 370 pesos la tonelada para venderlo en el mercado externo a un precio record, ampliando su tasa de ganancia a costa del resto de los eslabones.

Este fue uno de los motivos que las entidades del campo esgrimieron cuando realizaron el paro agropecuario de nueve días. Además, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) realizó una presentación ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia denunciando a las principales exportadoras por llevar adelante una práctica cartelizada que “afecta al interés económico general”.

Sin embargo, en lugar de solicitarle al Gobierno que ponga fin a la cartelización de los exportadores de trigo para que se puedan redistribuir los ingresos al interior de la cadena de manera más equitativa, las cuatro principales entidades rurales decidieron ahora reclamar un subsidio para los molinos que las beneficiaría, pero generará polémica, pues el Estado tendría que destinar recursos públicos a un sector que, según expresó el Ministerio de Economía a través de la campaña publicitaria lanzada durante el paro agropecuario, tuvo ingresos, cosechas y exportaciones record durante los últimos tres años.