Tras cinco años de vigencia de la Emergencia Económica, 27 de los 64 contratos de empresas privatizadas todavía no fueron renegociados. A esa proporción en incertidumbre se añaden otros datos que deja en ascuas la relación con este núcleo inversor. La gran mayoría de los acuerdos son provisorios y fueron aprobados por “sanción ficta”, cuya legitimidad es cuestionada por los propios legisladores. Los datos surgen de un informe producido en el seno de la Comisión de Facultades Delegadas, formalmente encargada de fiscalizar cómo las ejerce el Poder Ejecutivo.

Entre esas potestades especiales, figura desde 2002 la de reformular los convenios de servicios privatizados sobre ciertas pautas que fueron aceptadas con simpatía hasta por la oposición. Entre ellas, la recomendación de medir el impacto de las tarifas en la competitividad y distribución de ingresos, tener en cuenta el interés de los usuarios o la rentabilidad de las empresas. Pero en cada prórroga anual de la Emergencia que se discute al finalizar el ciclo parlamentario, la oposición suele poner sobre la mesa otros puntos más controvertidos.

Uno es que con los prósperos indicadores económicos resulta difícil sostener la idea de que Argentina está en una situación crítica y por ello el Poder Ejecutivo necesita facultades especiales. Sin embargo, los contratos de privatizadas pendientes de aprobación configuran una excepción: “fuera de la emergencia significaría un trato desigual”, advierte el radical Gerardo Morales, titular de aquella Comisión.

Ese marco legal se preservó hasta fin de 2007. Pero al Congreso –que debe aprobar las renegociaciones– falta que ingrese un número importante de acuerdos, entre otros, los de las telefónicas, las distribuidoras y transportadoras de gas, las empresas de transporte automotor de pasajeros y los trenes urbanos.

De los que ya pasaron por los recintos, muchos han obtenido la sanción de hecho que se consigue automáticamente sesenta días después que ingresó el texto, aunque no haya habido pronunciamiento expreso de los legisladores. Los senadores suelen hacer los deberes y llegan a dictaminar y votar. Pero 19 de los 22 contratos que ingresaron a Diputados se fueron de la Cámara sin haber pasado, siquiera, por el trámite de Labor Parlamentaria. Una desidia fomentada por el oficialismo que no se explica, habida cuenta de que este paso por el Congreso parece una formalidad con poco impacto en los hechos.

Aun en el caso de los contratos que consiguieron un pronunciamiento expreso, la realidad es que hasta los dictámenes que los avalaban contenían muchas recomendaciones sobre aspectos a modificar que suelen no ser tenidas en cuenta a posteriori. Amén de las debilidades intrínsecas de la propia mecánica: basta que una cámara no lo trate en los dos meses para que se produzca la sanción ficta, al margen de lo que haya pasado en la otra.

Estas son algunas de las debilidades sobre las que discutieron los miembros de la comisión, donde también se alzaron voces contrarias a los acuerdos parciales y provisorios que está cerrando la Unidad de Renegociación. El grupo comandado por Gustavo Simeonoff suele postergar para un futuro las definiciones más candentes sobre los contratos, como los cuadros tarifarios completos y definitivos.

Sí hubo un par de claras excepciones. Los acuerdos de los ferrocarriles cargueros Nuevo Central Argentino (Aceitera General Deheza) o Ferroexpreso Pampeano (Techint) tuvieron la forma de renegociaciones integrales –globales y, por lo tanto, definitivas– y llegaron a recinto con dictámenes unánimes. Un apoyo inusual que suscitó algunas suspicacias.

Hay quienes miraron con picardía al senador Roberto Urquía, propietario de aquella aceitera, sospechando que desde su banca había fogoneado el acuerdo de su empresa. Cristina Kirchner, a su vez, acusó a la Unión Cívica Radical de haber sido complaciente con la línea que opera el holding de los Rocca, grupo amigo de Roberto Lavagna.