En el último día hábil antes de Navidad, ingresó al Parlamento el contrato renegociado de Aeropuertos Argentina 2000 que la Comisión Bicameral comenzó a considerar de apuro, a instancias de la presión oficialista. La premura oficial por conseguir un rápido aval parlamentario tiene, entre otras razones, una que trasciende el vínculo con el grupo que comanda Eduardo Eurnekian, del que el Estado se transformará en socio: también ayudará al cometido de aumentar la participación estatal en Aerolíneas Argentinas.

En alguna medida, son dos reestatizaciones que quedaron enganchadas. El acuerdo con Aeropuertos tiene como punto central la decisión de que el Estado se cobre el grueso de las deudas por canon impago –que, compensación mediante, ascienden a 849 millones de pesos– con acciones, ordinarias y de las preferidas, luego de descontar un pago en efectivo. Por esta vía, y después de que el grupo salga a la Bolsa, un porcentaje de entre el 20 y el 40 por ciento de los títulos quedaría en manos estatales.

En la última asamblea de accionistas de Aerolíneas, a su vez, se dispuso aumentar la participación estatal al 5 por ciento, habilitando un posible incremento de hasta el 20. No se especificó cómo se haría esa integración. Pero según encumbradas fuentes oficiales, estaría totalmente descartada la vía de que el Tesoro aporte dinero para comprar acciones. Por el contrario, la única fórmula “in mente” de los funcionarios con competencia directa en el tema es capitalizando acreencias, al estilo de lo acordado con Aeropuertos.

Con este objetivo, los técnicos oficiales de Planificación y Economía estarían tratando de calcular con precisión cuánto dinero debe la compañía aérea al Estado por todo concepto, empezando por los tributos impagos. Aquí el nexo entre los dos procesos.

Como Aerolíneas tiene una importante deuda a favor del grupo comandado por Eurnekian, en la medida en que el Estado se asocie a él, será también acreedor por las tasas aeroportuarias impagas y así sumará para el canje “deuda por acciones”. Otra cuestión decisiva para ese trueque es precisar el valor patrimonial de Aerolíneas. Oficiosamente Price Waterhouse habría sugerido un monto global cercano a los 400 millones de pesos, próximo a lo que también se calcula en los despachos oficiales.

Por ahora, sin embargo, son sólo especulaciones. Antes de dar este paso, Planificación asegura que quiere ver cómo evoluciona en el próximo año el negocio de la compañía aérea cuyo último balance arrojó pérdidas importantes. El último aumento tarifario autorizado, más el bálsamo de la subvención oficial a una parte del combustible habrían aliviado bastante los números de la compañía que se prevé reestatizar parcialmente.

Sea por este punto de interés o por el propio hecho de conformar legalmente su asociación a Eurnekian lo antes posible, el Ejecutivo quiere que se apruebe cuanto antes la nueva versión contractual, que también suprime la obligación de pagar un canon a cambio de reinvertir el equivalente al 15 por ciento de la facturación bruta.

Gerardo Morales, el senador radical que preside la Comisión Bicameral de Seguimiento de Facultades Delegadas, admitió anticipar al martes una reunión para tratar este tema. Como contrapartida, reclamó que no fuera al recinto sin dictamen, algo que se lograría con el siguiente cronograma: el 30 de enero se hará una audiencia pública; el 1º de febrero se produciría dictamen y el 7 de febrero se sometería a votación, si el Poder Ejecutivo convoca a extraordinarias e incluye en el temario las rengociaciones de contratos en curso.