El Gobierno encargó a una comisión de expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) un estudio riguroso sobre el sistema previsional argentino. La conclusión fue que el régimen presenta tantas falencias que lo mejor es reformularlo y crear uno nuevo. Por caso, sólo el 30 por ciento de los trabajadores está aportando regularmente para su jubilación, lo que provocará que en diez años cerca de la mitad de los mayores de 65 no tendrá los aportes suficientes para asegurarse un retiro. El sistema privado, advierten los técnicos de la OIT, “presenta numerosas características propias de un mercado oligopólico”, y actualmente cobra las comisiones más altas del mundo. Los afiliados a las AFJP dejan el 45 por ciento de su aporte a las empresas, un nivel mucho más alto que el de Chile, con 28 por ciento, al que le siguen Colombia, Malasia y Singapur.
La ministra de Trabajo, Graciela Camaño, se había propuesto como uno de los objetivos centrales de su gestión promover una reforma previsional. La idea madre de su proyecto era la estatización absoluta del sistema, según decía poco antes de saltar del Congreso a la cartera laboral. Luego suavizó su posición y dijo que las AFJP podían quedar como una opción secundaria, para aquellos que quisieran una segunda jubilación, además de la del Estado. El secretario de Seguridad Social, Alfredo Conte Grand, recibió ayer a Página/12 para comentar los resultados del informe de la OIT. “Lo que decía Camaño como diputada era una cosa y su postura como ministra es otra”, aclaró de entrada, para luego confirmar que el Gobierno está decidido a discutir un proyecto de reforma.
Sin embargo, el debate será “técnico, sin apuro y sin tiempo límite”. “Una reforma en Europa demora 5 años. Sobrepasa los gobiernos y las líneas políticas”, insistió el funcionario. Esto quiere decir que la actual administración difícilmente modificará el sistema previsional, sino que abrirá la puerta a un debate que deberá continuar el próximo gobierno. “Esto es una cuestión de Estado”, remarcó Conte Grand. La experiencia demuestra que la política previsional queda atada a las urgencias económicas del momento –Cavallo dio amplias muestras de ello durante sus gestiones con Menem y De la Rúa, imitado por otros ministros de Economía, como Machinea– y los objetivos estructurales quedan de lado.
Conte Grand se esperanzó en que esta vez será diferente. Lo primero que harán la Secretaría de Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo para mejorar el sistema será distribuir el informe de la OIT a todos los actores del sector. AFJP, especialistas políticos y del sector privado en materia previsional, sindicatos y empresas. A mediados del próximo mes, cuando el estudio haya sido revisado, se convocará a una comisión de expertos para iniciar el debate sobre la reforma.
Mientras esa comisión esté trabajando, el Gobierno deberá tomar al menos una decisión: qué hará con los aportes previsionales de los afiliados a las AFJP. En la actualidad, esos aportes están fijados en el 5 por ciento del salario, pero a partir de noviembre deberían volver al 11 por ciento, al caducar una medida que tomó Fernando de la Rúa para mejorar los ingresos en plena recesión. “La OIT recomienda y nosotros compartimos que los aportes deben volver al 11 por ciento. Pero quitarle 6 puntos del salario a la gente en este momento no parece posible. Una opción es que los aportes vayan subiendo progresivamente a partir de esa fecha”, indicó Conte Grand.
Sobre aspectos puntuales que se discuten en este momento en el Congreso, como el libre traspaso entre los regímenes de reparto y de capitalización o que los trabajadores que no optan por ningún sistema sean anotados en el público, en lugar del privado, Conte Grand sostuvo que “son todos temas a analizar para la reforma y no creo prudente que se tomen medidas parciales”. De ese modo, dejó virtualmente congelada toda decisión sobre falencias del sistema, que la propia OIT señala en su informe. Esta falta de voluntad política es justificada por varios dirigentes opositores en el escaso poder que tiene Duhalde para producir cambios profundos en un tematan sensible, que toca directamente los intereses de los bancos y de otros actores del poder económico.
En el capítulo sobre el funcionamiento del sistema de capitalización, la OIT advierte que el 74 por ciento de los nuevos afiliados entre 2000 y 2001 fueron indecisos –trabajadores que no optaron por el régimen de reparto–. “No ha habido una discusión pública en el país, ni tampoco en el Congreso, sobre la necesidad de estimular una competencia adecuada entre las AFJP, la orientación de su publicidad y esfuerzo de afiliación, así como sobre los elevados costos administrativos del régimen”, advierte Carmelo Mesa Lago, al mando del equipo de la OIT. También denuncia que más de un banco se negó a conceder créditos a menos que sus clientes se afiliaran a su AFJP controlada. El diagnóstico que plantea el documento es una plataforma para realizar una profunda reforma previsional, pero habrá que esperar a que haya fortaleza política para llevarla a cabo.