El ministro de Economía, Roberto Lavagna, aseguró que los ajustes de tarifas de servicios públicos no afectarán a los sectores de menores ingresos y adelantó que la próxima semana habrá novedades sobre cómo se implementarán dichos incrementos. La Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, en tanto, podría dictar una medida de “no innovar” destinada a impedir la suba de tarifas.
El ministro indicó que “no puede ocultar bajo la alfombra” este tema -es decir no dar respuesta a las privatizadas– porque entonces obligaría al “gobierno entrante a hacer un ajuste de golpe”. Por eso, “a partir del 1º de agosto, aunque la fecha no está totalmente definida, habrá ajustes en agua y electricidad, diseñados de manera tal que no van a impactar en absoluto en los usuarios de menores ingresos”. Lavagna insistió en que “no podemos correr el riesgo de que ocurran cortes” a causa de falta de inversión de parte de las empresas, por ello “los ajustes va a ser chicos, mucho menores a los que piden las empresas”.
En tanto, la fundación Poder Ciudadano recurrió a la Justicia para que ordene al Gobierno convocar a una audiencia pública antes de modificar los contratos entre prestadores y usuarios. En particular, la entidad reclamó el cumplimiento de la “exigencia constitucional de oír previamente a los interesados a través de una audiencia pública” para que “la ciudadanía pueda tener acceso a toda la información vinculada al tema, incluyendo el proyecto oficial” para autorizar el aumento tarifario.