Los servicios públicos aumentarán en torno del 10 por ciento en una primera etapa. Los primeros ajustes serán en electricidad y agua. Según la resolución 317 de la Secretaría de Energía, el costo del servicio eléctrico domiciliario se incrementará, en promedio, el 8 por ciento a partir del 1º de agosto. El gas, en tanto, subirá después del invierno, mientras que aún resta definir el nivel de aumento para las telefónicas. A pesar de los desacuerdos entre las distintas áreas del Gobierno –Jefatura de Gabinete y Economía– y a que los aumentos ya están decididos, se optó por respetar los mecanismos legales que establecen la realización previa de audiencias públicas entre usuarios y empresas.
Luego de la devaluación y la prohibición legal de aumentar tarifas, Eduardo Duhalde recibió fuertes presiones empresarias para que las privatizadas puedan recuperar sus ingresos. Estas presiones también operaron por la vía de los gobiernos europeos, especialmente España y Francia, y por el FMI, ya que la Argentina, además de estar en default, “no respeta los contratos”. Como resultado, Duhalde instruyó a Roberto Lavagna para que aumente las tarifas. El instrumento a emplear fue la Comisión de Renegociación creada por Remes Lenicov entre las empresas –se presentaron 59–, los técnicos del Gobierno, un representante de los usuarios y el defensor del Pueblo de la Nación. Dicha comisión tenía plazos de análisis y de resolución, pero estos plazos vencieron el 30 de junio. No obstante, ya antes que se cumplan los plazos, se habían decidido aumentos por fuera de la Comisión. Por ejemplo, las variaciones estacionales en electricidad y gas.
A partir de entonces, Lavagna –quien también presidía la Comisión– comenzó a prenunciar los aumentos, sin que quede claro si se trataba de resoluciones de la Comisión o de su Ministerio. La posibilidad de aumentos dio lugar a la inmediata reacción de legisladores opositores y de distintas organizaciones de defensa de los consumidores para que se convoque previamente a asambleas entre empresas y usuarios. Las medidas fueron desde pedidos de interpelación a Lavagna al envío de cartas documento al Ministerio de Economía. El tema también sirvió para aumentar las rivalidades al interior del Gobierno.
Contradiciendo a Lavagna, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, declaró que “el Gobierno no autorizó ningún aumento en las tarifas” y señaló que el proceso de negociación con las empresas prestadoras de tales servicios debe cumplir aún “algunas etapas”. La primera se implementará desde el lunes y será la puesta en marcha del mecanismo de audiencia pública. El jefe de Gabinete dijo también que el Congreso participará en el proceso.
Desde el Ministerio de Economía continuaron insistiendo que el incremento de tarifas de servicios públicos sólo comprenderá, en una primera etapa, a los suministros de agua y electricidad y que el porcentaje de suba será “claramente inferior a los dos dígitos”. Esta certeza contrastó con la explicación da que los aumentos “aún no están resueltos definitivamente”, dada por el vocero Sergio Federovisky, quien, advertido de las declaraciones de Atanasof, señaló además que “no se descarta la posibilidad de convocar a audiencias públicas”.
En la Secretaría de Energía, sin embargo, ya tienen lista la resolución 317 que establece los nuevos cuadros de actualización tarifaria. Aunque los aumentos más fuertes serán para los grandes consumidores, los usuarios domiciliarios sufrirán aumentos promedio del 8 por ciento a partir del 1º de agosto. Un porcentaje similar se aplicará a las tarifas de agua.
Las organizaciones de usuarios y las Defensorías del Pueblo argumentan que las alzas no sólo afectarán por la vía directa de las subas, sino que incidirán en los precios de toda la economía, lo que impactará principalmente en los sectores de menores ingresos. También sostienen que los contratos deben ser analizados en forma integral –en condiciones y montos– y no sólo en lo que se refiere a las tarifas. La justificación dada por el Gobierno, en tanto, está en línea con los argumentos de las empresas. El más fuerte es que al default financiero de las empresas pueda sumarse el “técnico”, lo que afectaría la calidad de los servicios prestados. El aumento de 100 pesos que desde agosto debería cobrar el sector privado formal (que representa sólo el 34 por ciento de la población económicamente activa), daría un margen para la absorción de las tarifas más altas. Dentro de esta lógica, Lavagna agregó la necesidad de comenzar ya con las subas a fin de que el próximo gobierno no tenga que realizar fuertes ajustes. Implícitamente, Economía reconoce que los aumentos llegaron para quedarse.