Felisa Miceli y Guillermo Moreno profundizaron sus diferencias en las últimas horas. La relación, históricamente tirante, se deterioró por las fuertes objeciones que el secretario de Comercio hizo respecto del Indec. En distintas reuniones, Moreno criticó la metodología del organismo oficial para medir la inflación. La ministra rechaza esa visión. En lo único que coinciden ambos funcionarios es en que la inflación de este año terminará siendo inferior a la de 2006.

Moreno planteó directamente una reforma en el índice de inflación. Quiere que los productos que, por alguna razón, en un determinado período muestren una variación fuera de lo normal sean excluidos del indicador. Entre sus colaboradores, el funcionario dijo que una suba o disminución extraordinaria de algunos precios de la canasta termina por distorsionar la medición. En la actualidad, a Moreno lo desvelan algunas alzas.

Este diario reveló en su edición de ayer que hay cuatro productos de la canasta básica que se encarecieron entre 34 y 165 por ciento durante la primera semana del año. De acuerdo con el relevamiento del Indec, ellos son: lechuga (+ 165%); limón (+ 96%); zanahoria (+ 51%) y tomate (+ 34%). Si el mes finalizara sin modificaciones, esos cuatro artículos aportarían nada menos que 0,7 punto a la inflación del mes.

Para Moreno, un hecho como el descripto desvirtúa la realidad. Por ese motivo, ya planteó que la Argentina adopte una metodología parecida a la estadounidense. En ese país se informa por separado la “inflación núcleo” (core inflation) y otro índice que excluye a los rubros más volátiles de la economía (alimentos y energía). La propuesta del secretario es que directamente se excluyan del relevamiento los productos que suban sensiblemente, por alguna razón extraordinaria. Lleva al extremo su argumento cuando afirma que es insensato que por causas poco comunes, como las fuertes tormentas que echaron a perder parte de la producción de lechuga y que encarecieron la verdura, se termine por incrementar el stock de la deuda pública, ya que una parte de ella está atada a la inflación.

Miceli rechaza esa postura. Desde su entorno calificaron la propuesta de Moreno como “una mirada puramente política”, a pesar de que el secretario esgrima cuestiones técnicas. La ministra está convencida de que, en reiteradas ocasiones, el enfoque del secretario genera distorsiones ya que se focaliza en el tema precios desatendiendo otros impactos económicos.

Entre sus íntimos, Moreno acepta que la política de acuerdos de precios sufre de cierta fatiga. Pero enfatiza que su tarea central seguirá siendo el monitoreo de los márgenes de rentabilidad de los empresarios, de manera que se mantengan constantes. La ministra y el secretario coinciden en que en el actual contexto de crecimiento económico se notan presiones inflacionarias por el intento de los empresarios de apropiarse de ese beneficio. De acuerdo con las proyecciones del equipo económico, la economía registró un crecimiento de entre 8,8 y 9,0 por ciento el año pasado.

Moreno ya tiene su estrategia para contener la inflación: sólo autorizará aumentos de precios hasta un máximo del 6 por ciento para todo el año. Los empresarios que desfilen por su despacho escucharán ese numerito. El funcionario asegura que en 2007 el IPC deberá cerrar no más allá del 9 por ciento. Décimas más, décimas menos, en ese diagnóstico también coincide la ministra de Economía.

Así como en Comercio Interior se preparan para negociaciones duras como las encaradas el año pasado, cerca de Miceli ponen sus fichas a la estrategia desplegada en las últimas jornadas: instrumentos de política económica. Ponen como ejemplo los subsidios a la industria molinera y la láctea. Al mismo tiempo advierten que no dejarán que se forme una fila de empresarios ávidos de que el Estado les solvente el negocio. Fue el caso de una empresa de fundiciones, que reclamó un subsidio para seguir produciendo. La intervención del Estado, en este terreno, tiene el objetivo de contener la presión alcista de los alimentos.