La estrella de las sesiones extraordinarias, la reforma previsional que permite la libre opción jubilatoria, tendrá la semana que viene el voto favorable de los senadores. En el debate de la ley y a pedido del radicalismo, el oficialismo aceptó ayer incorporar un artículo que obligue al Estado a no utilizar para otros fines, que no fueran los previsionales, los mayores recursos que le ingresen por el traspaso de los aportantes del sistema de capitalización que se sumen al de reparto. Al cierre del plenario de comisiones al que asistieron funcionarios del gabinete nacional, como el titular de la Anses, Sergio Massa; de Trabajo, Carlos Tomada; de la Superintendencia de las AFJP, Juan González Gaviola; del gremialismo como Hugo Moyano, de la CGT, y Hugo Yasky, de la CTA, los legisladores firmaban el dictamen que habilitará el tratamiento de la iniciativa.

Finalizado el plenario, en diálogo con este diario, Massa reconoció que el nuevo artículo “va a consolidar la confianza de la gente de que en uno o en otro sistema, no se tocarán sus ahorros”. Massa, que enfáticamente se niega a denominar a esa cláusula como de intangibilidad, subraya que “es la primera vez que un gobierno envía al Congreso una ley sobre jubilaciones que no representa un recorte ni un ajuste”.

La defensa encendida que Ma- ssa hace de la iniciativa tiene sus motivos. No es solamente el principal responsable de defenderla públicamente, sino que además no oculta su participación en la redacción de la iniciativa. Tal vez por eso se niega a calificar como un “bache” el artículo reclamado por el radicalismo. El jujeño Morales, el principal impulsor de esa propuesta, no duda en llamarla de “intangibilidad”. “Tiene que haber garantías para que los recursos no se utilicen en gastos corrientes o de manera discrecional por algún funcionario de turno”, dice a este diario. Junto al justicialista Jorge Capitanich, el radical redactaba anoche el texto definitivo de esa cláusula.

Ante un auditorio desbordante de legisladores, asesores, funcionarios y periodistas, el titular de la CGT, Hugo Moyano, calificó al sistema de jubilación privada como “una de las grandes estafas que se le hizo al pueblo argentino”. Hilarante, el camionero recordó las agresivas campañas publicitarias de las AFJP. “Llamaron carilindos, por supuesto que a mí no me iban a llamar, y hasta mandaban señoritas con polleras cortas para hablar y convencer a los muchachos. Hasta que debe haber aparecido un toquetón de los que nunca faltan porque las chicas no fueron más”, dijo. Por su lógica, su conclusión resultó irrebatible: “Resulta ser que uno se puede divorciar todas las veces que quiera, pero en este país no se puede salir de las AFJP”. El titular de la CTA, el docente Hugo Yasky, se sumó al oficialismo, que había comenzado con las opiniones del vicepresidente Daniel Scioli y que continuaron con las definiciones de Tomada. Finalizado el plenario, sobre el escritorio de los periodistas acreditados se encontraban fotocopias de un proyecto fechado en abril del ’96 que llevaba la firma del entonces diputado justicialista Oraldo Britos. Era idéntico al que ahora se convertirá en ley. Eran otros tiempos. Dos asesores que discutían acaloradamente en el ascensor lo definieron con exactitud: “Nadie se hace cargo de lo que votó en los ’90. Son las mismas caras de los dos lados”, dijo una mujer tapada por sus carpetas. “Pero tienen otro discurso”, le recordó su compañero.