Después de la prolongada reunión de ayer con el secretario de Agricultura, Javier de Urquiza, las entidades del campo irán hoy al encuentro con Felisa Miceli y Alberto Fernández con modestas expectativas sobre los avances en la agenda de cuestiones críticas para el sector. Descuentan que habrá un anuncio alentador sobre la refinanciación de las deudas que miles de productores tienen con el Banco Nación y que se ratificará la baja del peso para faenar animales de 240 kilos, lo que permitirá aumentar la oferta. Pero no albergan muchas esperanzas de que finalmente se libere el Mercado de Liniers de los controladores de Guillermo Moreno o de que se instrumente una fórmula que permita beneficiar con el subsidio al trigo a todos los productores. El paquete oficial –basado en subsidios para contener el precio de alimentos básicos– se avizora en definitiva “insuficiente”.

Al decir de los hombres de campo, al menos De Urquiza tiene una “mejor actitud” que su antecesor para escuchar los planteos que ayer desmenuzaron en un cónclave de seis horas los representantes de Sociedad Rural, Coninagro, CRA (que también representó a Carbap) y Federación Agraria con el funcionario. El corazón de las pretensiones es que el Gobierno ajuste controles sobre los intermediarios o exportadores en lugar de hacerlo sobre los productores y que garantice que las subvenciones acordadas o por otorgar beneficien a todos sin discriminación.

El problema de los pasivos de cuatro mil quinientos productores podría quedar resuelto con una propuesta del Nación de cobrar esas deudas en cuatro años al 9 por ciento anual. Aunque algunos dirigentes la minimizan como el fin de un problema de vieja data, celebran el eventual cierre.

La baja del peso de faena a 240 kilos será otra medida necesaria aunque no suficiente. Para los ganaderos significa habilitar entre otras ofertas la de terneros de la Cuenca del Salado, una carne básicamente destinada al consumo interno. Pero esta mayor oferta no implica el fin de sus pesares, entre ellos, la imposición de precios de referencia en Liniers, cuya vigencia es controlada por Comercio Interior.

“El mercado se controla solito y la hacienda tiene que valer según su calidad, no como ahora que no hay premios ni castigos para las calidades”, sostenía ayer Pedro Apaolaza, de Carbap que, junto a Federación Agraria, se presenta como una de las entidades más duras. Para eludir el tope oficial, muchos productores están vendiendo en forma directa –y en gran medida en negro– a los frigoríficos o en remates.

Los dirigentes agrarios insisten en que el precio de la carne en el mercado doméstico puede controlarse a través de la fórmula acordada en abril del 2006, que devino sólo en una expresión de deseo: diferenciar los doce cortes para consumo popular con valores tope y liberar el resto de la res para exportar. De hecho, este camino no funcionó.

Desde la perspectiva privada, ese esquema cerraría con un control más estricto para los frigoríficos, dejando Liniers sin ningún corset. Pero la propuesta oficial finalmente podría estructurarse sobre la base de una subvención a los productores, a costear con parte de los ingresos de los exportadores. “El productor no es formador de precios”, sentencia Jorge Srodek, otra de las voces de Carbap.

El Gobierno también podría extender a los productores de trigo una subvención que hoy beneficia a la molienda. Para ello subió 4 puntos las retenciones sobre la soja, consiguiendo 400 millones de dólares adicionales. El intríngulis que ayer no terminó de resolverse es cómo garantizar que ese beneficio llegará también a los que ya se deshicieron del grano porque no tienen capacidad financiera de retenerlo a la espera de un mejor precio. De los 14 millones de toneladas de la última cosecha, casi 8 millones ya se vendieron. Si la subvención se instrumenta a partir de ahora, los productores más chicos podrían quedar afuera.

La Federación Agraria anticipó ayer al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, una propuesta para solucionar el problema del productor triguero, que recibe alrededor de 370 pesos la tonelada, contra 420 calculado para subsidiar a los molineros: créditos oficiales blandos, subsidio retroactivo y posibilidad de descontar el valor de la producción que tengan almacenada a tasa cero. Variantes del esquema del Gobierno, que con afán componedor pondrá más el eje en los subsidios que en los controles.