El ex presidente del Banco Central Pedro Pou y otros ex miembros del directorio de la entidad fueron procesados como coautores de administración fraudulenta, en relación con la liquidación del Banco Medefín. La medida, que incluyó un embargo de 500.000 pesos sobre los bienes de los procesados, fue dictada por el juez federal Sergio Torres, que consideró que se autorizaron operaciones que beneficiaron en cifras multimillonarias a ciertos acreedores en detrimento de otros, precisaron fuentes judiciales.

Además de Pou, fueron alcanzados por la resolución Martín Lagos, Marcelo Rafael Saúl, Javier Alberto Bolzico, Federico Caparrós Bosch, Manuel Rubén Domper, Miguel Angel Ortiz y Aldo Rubén Pignanelli. Este último fue, tiempo después –durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde–, presidente del Banco Central, cargo que dejó tras mantener diferencias con el entonces ministro Roberto Lavagna.

Dos sindicados asesores de las empresas que habrían obtenido el trato preferente, Fabián Jorge Rodríguez Simón y Alejandro José Olivera, fueron procesados con un embargo similar al de los ex directores del BCRA, como “partícipes necesarios” del ilícito. Entre las empresas que se habrían beneficiado figura Socma, que “ante la inminencia de la liquidación del Banco Medefín”, pudo cambiar Obligaciones Negociales Subordinadas (ONS), sin privilegio para su cobro en caso de quiebra, por depósitos a plazo fijo, cuyo rescate tiene preferencia en los procesos concursales.

En el sumario, que tramita con la intervención del secretario Diego Slupsky, se imputan también irregularidades en el dictado de la resolución del BCRA 366/98, por la cual “se dispuso aplicar el instituto de exclusión de activos y pasivos privilegiados” en el Banco Medefín.

La medida del BCRA habría causado perjuicio económico a inversionistas y clientes, ya que las autoridades de la entidad, según se evaluó, habrían “violado el deber de protección y cuidado de los intereses de los depositantes”. El juez atribuyó a los procesados haber omitido “un adecuado análisis de la situación” del Banco Medefín y actuar “ignorando la opinión de los expertos”, en alusión a un dictamen jurídico que se oponía a la resolución adoptada por los ex miembros del directorio del BCRA.

De acuerdo con la resolución de Torres, tratando de buscar “una solución al problema”, meses antes de la presentación de quiebra del Banco Medefín, un grupo de acreedores comenzó negociaciones que, luego de una reunión en Miami, Estados Unidos, logró la exclusión del tratamiento habitual. “Con el aval del BCRA –consignó el auto de procesamiento contenido en un centenar de carillas– se dispuso que los depositantes cobraran antes del proceso de liquidación del Banco Medefín que, finalmente, tuvo lugar el 20 de agosto de 1998”, según expediente del Juzgado Nacional en lo Comercial número 22.

La causa se inició el 27 de noviembre de 1996 por denuncia de un ex gerente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Juan José Schinca, ante la División Investigaciones Preventivas de la Policía Federal. El denunciante aseguró que el Banco Medefín obtuvo créditos de la entidad en la que él se desempeñaba y del Banco de la Nación Argentina sin otorgar garantías suficientes. Informes agregados a la pesquisa dieron cuenta de que una deuda del Banco Medefín al Nación superior a los 56 millones de pesos habría sido cancelada por menos de la mitad de ese monto.

Luego se sumó otra denuncia, según la cual el Banco Central y el Nación dictaron resoluciones favorables al Banco Medefín y fueron permisivos ante el funcionamiento de una banca “off shore” (Southern Unión Bank) y la emisión de obligaciones negociables por decenas de millones de dólares. De las constancias sumariales surge también que Socimer International Bank Limited, principal depositante del Banco Medefín –unos 74 millones de dólares en varios plazos fijos– integraba una firma controlante de la entidad financiera.

Este es el segundo procesamiento de Torres a los ex directores del Banco Central. El anterior fue revocado en julio último por la Cámara Federal, que entonces dispuso la “falta de mérito” de los imputados, a la espera de sumar elementos incriminatorios o absolutorios de los implicados en la causa.