El Gobierno y el campo no consiguieron todavía ponerse de acuerdo sobre cómo integrar un fondo para subsidiar a los ganaderos, clave para liberar a Liniers de los precios máximos y de la urticante presencia de los inspectores de Guillermo Moreno que controlan su cumplimiento. Para costear esa subvención, el Gobierno planteó subir del 15 al 20 por ciento las retenciones sobre las exportaciones del sector, alternativa no digerible para los productores. Antes que la suba de ese impuesto, éstos prefieren que se capture para ellos una parte del lucrativo precio de la cuota Hilton. Ni unos ni otros saben hoy cómo podría hacerse efectivo ese subsidio a más de cien mil beneficiarios.

El tema comenzó a discutirse más en detalle del viernes, después del encuentro que los dirigentes de todas las organizaciones del campo tuvieron con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; la ministra de Economía, Felisa Miceli, y el secretario de Agricultura, Javier de Urquiza, y a cuyo término se anunciaron algunas medidas de auxilio al campo que abonan el objetivo de desdolarizar el precio de los alimentos. En el caso de la carne, el Gobierno ratificó que el precio de la faena hasta fin de año se mantendrá en 240 kilos y que habrá precios límites sólo para los 12 cortes definidos como “populares” y que representan el 35 por ciento de la res. El resto queda sin ese corsé oficial, libre para aprovechar las mieles del mercado internacional.

Pero a pesar del esfuerzo conciliador de ambas partes no se pudo cerrar un acuerdo en torno de la constitución de un fondo para subsidiar a los productores, quienes, para eludir el límite de 2,40 pesos el kilo vivo impuesto por la Secretaría de Comercio, terminan derivando la hacienda a mercados informales. Tan así es que desde la implementación de los precios de referencia oficiales la oferta en el mercado concentrador cayó más del 45 por ciento. Para los ganaderos, la solución tendría dos etapas: una de “sinceramiento” en Liniers, que llevaría aquel valor a 2,80, y un subsidio de complemento que les permitiría embolsar 3 pesos por kilo.

Para lograr este cometido, algunos dirigentes ruralistas calculan que harían falta unos 200 millones de dólares. La chance planteada por Agricultura para recaudarlos subiendo 5 puntos las retenciones no cayó simpática, en principio, porque a ningún hombre de campo le simpatiza el impuesto y, por lo tanto, difícilmente toleraría un incremento de la alícuota. Además, según analizan las entidades, aquel adicional sugerido por De Urquiza permitiría recaudar alrededor de 65 millones, menos de lo requerido para que el bálsamo tenga la envergadura deseada.

Así fue cobrando cuerpo la otra idea, tirada sobre la mesa de trabajo por los productores, de integrar el fondo con una parte de lo que cobran los exportadores de la cuota Hilton, por encima de los 11 mil dólares la tonelada. La intención es emular el sistema elegido para compensar a los tamberos, que tienen un subsidio costeado con lo que se recauda por encima de los 2100 dólares la tonelada de leche en polvo exportada. Para hacer algo similar, el Gobierno debería fijar un precio tope para aquellos privilegiados cortes cárnicos de exportación: todo lo que se cobre por encima de ese límite iría al fondo.

El otro desafío consiste en buscar luego algún mecanismo que permita prorratear eficazmente el dinero recaudado entre todos los productores, por ahora poco esperanzados en que esto pueda instrumentarse del modo correcto. “Si hay muchas dificultades con 15 mil tamberos, es más difícil con 100 mil ganaderos”, especula Pedro Aspeolaza, dirigente de Carbap.

Sólo cuando el subsidio sea una realidad los productores podrán liberarse de la pesadilla que para ellos son los inspectores de Moreno. La liberación del mercado, junto a las retenciones, constituye uno de los mayores desvelos agropecuarios, no superados por los anuncios del viernes.