Durante más de cuatro horas declaró ayer en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas Clyde Trabuchi, una de las dos funcionarias del Indec citadas como testigos en una causa en la que se investiga si el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, pretendió violar el secreto estadístico exigiendo a los técnicos del Indec que revelaran los comercios visitados por los encuestadores del organismo para elaborar el índice de precios. En cambio, no se presentó a declarar ante el fiscal Manuel Garrido la otra funcionaria citada, Graciela Bevacqua, ex directora de Precios del Indec, desplazada por Moreno antes de la difusión del polémico 1,1 por ciento que marcó la inflación oficial en enero. Pero prometió concurrir a la Fiscalía a partir de la semana próxima.

Trabuchi era hasta el mes pasado directora de Estadísticas de Condiciones de Vida del Indec y superiora jerárquica de Bevacqua. Sin embargo, en los últimos días pidió ser “desafectada” del cargo, aunque en el Ministerio de Economía aseguran que su designación ya había vencido a mediados de enero. Como sea, es una profesional de reconocida trayectoria que a partir del año próximo asumirá como presidenta del Instituto Interamericano de Estadística.

La Fiscalía de Investigaciones abrió un expediente en base a una denuncia del bloque de senadores del radicalismo, en la que se solicita que se investigue si Moreno quiso violar el secreto estadístico al exigir que le entregaran la nómina de 8000 comercios en los que los encuestadores del Indec relevan precios. La versión que circula con fuerza en el Indec es que le habría solicitado esa información a Trabuchi, quien se negó a brindársela después de un fuerte cruce verbal y luego tuvo que adelantar sus vacaciones para correrse de la línea de fuego.

Después de ese incidente, Moreno habría decidió reemplazar a la directora de precios, Bevacqua, quien se negaba a introducir una serie de cambios metodológicos en el IPC (Indice de Precios al Consumidor), por Beatriz Paglieri, una funcionaria que le reporta directamente. Dichos cambios (en medicina prepaga, turismo y productos frescos) permitieron que la inflación de enero fuera de sólo 1,1 por ciento.

En ese contexto, como adelantó Página/12, Garrido decidió la citación de las dos funcionarias clave del área precios, las que con su declaración podrían poner en aprietos legales a Moreno, ya que de confirmar las versiones la Fiscalía debería radicar una denuncia penal contra él por diversos delitos, como abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación del secreto estadístico.

Ayer, Trabuchi se presentó puntualmente al mediodía en la Fiscalía y brindó una declaración testimonial que se extendió por más de cuatro horas. “Habló mucho, no fue reticente y aportó elementos para la investigación”, comentaron a este diario en fuentes cercanas a Garrido. Los investigadores quedaron sorprendidos por lo locuaz que se mostró la funcionaria del Indec, quien en todo momento estuvo “muy serena, muy equilibrada” y dejando en claro que “sabe de lo que habla”.

Aunque “todavía es prematuro adelantar cualquier conclusión”, en la Fiscalía afirmaban ayer que “la investigación prosigue” y que la declaración de Trabuchi sirvió para “echar luz sobre lo que pasa en el Indec”.

Si bien Bevacqua no se presentó a declarar, aduciendo “problemas personales”, se comunicó con la Fiscalía para trasmitir el mensaje de que a partir de la semana próxima no tendría inconvenientes en declarar en la causa.

Durante el fin de semana, el Gobierno buscó contragolpear la denuncia contra Moreno a través del titular de Fedecámaras, Rubén Manusovich, un hombre cercano a la Jefatura de Gabinete, quien anunció que presentaría una denuncia penal en la Justicia y en la Fiscalía de Garrido para determinar si las funcionarias del Indec habían favorecido al “redondear para arriba” los índices de precios a acreedores de la deuda indexada por inflación. Sin embargo, hasta ayer no se había radicado ninguna denuncia en este sentido. Mientras tanto, mañana, los empleados del Indec realizarán una nueva asamblea en el organismo para evaluar el curso de acción a seguir tras las fuertes declaraciones del viernes pasado de la ministra de Economía, Felisa Miceli, quien acusó a “un pequeño grupo de trabajadores (del Indec) que quieren extorsionarnos”.