Gerardo Otero renunció ayer al cargo de ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, en desacuerdo con el compromiso asumido para ajustar los salarios docentes, que impactará fuerte en el deficitario presupuesto. El dimitente hizo saber que consideraba una muy fuerte exigencia esa obligación junto a la que, previsiblemente, se añadirá como consecuencia de incrementos a otros empleados estatales, cuyas paritarias comienzan hoy. El marco de este episodio es la histórica disputa económica entre la Nación y el principal distrito del país, que pugna por mejorar su participación en la distribución de los recursos comunes. Al cierre de esta edición, no había noticia formal sobre su reemplazante.

La suba del piso inicial de los docentes a 1040 pesos dispuesta por el gobierno nacional terminó de colmar la paciencia del ministro, puesta a prueba por la delicada situación financiera de la provincia y los infructuosos intentos de capturar una porción mayor de los ingresos coparticipados. Lejos de conseguir este bálsamo, reclamado desde hace varios años, la provincia se encontró con una obligación adicional.

Los colaboradores de Otero calculan que cubrir el incremento a los 270 mil maestros de la provincia en los términos finalmente acordados implicaría un gasto extra de “1900 millones de pesos”, algo más de los 1500 que estimó la consultora privada Economía & Regiones, pero muy lejos de los 300 que le habría ofrecido Felisa Miceli como auxilio. Esta sobrecarga sería aún mayor con los ajustes a otros trabajadores de la provincia, cuyo reclamo está alentado por la mejora docente. “¿Cómo no aumentarle a un pediatra que gana 1600 pesos si una docente que recién se inicia, con dos cargos, gana 2080?”, se preguntan en la gobernación.

La Ley de Financiamiento Educativo creó el Programa Compensador de Desigualdades Salariales Docentes, en virtud del cual la Nación contribuye a pagar el inicial a las diez provincias con salarios más rezagados. Hacia finales del 2005, cuando se sancionó, la nómina incluyó a San Juan, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, Salta, La Rioja y Tucumán. Pero, según recuerda el titular de Ctera, Hugo Yasky, durante el año pasado ese ranking cambió y Buenos Aires entró entre la decena que debía recibir el complemento salarial.

La magnitud del plantel docente provincial –más de un tercio del total país– puso en problemas a la Nación para honrar su comprometido auxilio. Quizá por eso, Economía ofreció a Buenos Aires una ayuda diferente que al resto de las provincias asistidas. Para éstas será un aporte no reintegrable. Para la de Solá, la reprogramación de un préstamo, otorgado en el marco del Programa de Financiamiento Ordenado: la provincia debe a la administración central 18 mil millones de pesos.

Buenos Aires tiene un déficit que este año rozará los 1600 millones de pesos y una deuda refinanciada de 27 mil millones de pesos, a la que en los últimos años se le añadieron otros 4 mil de nuevas obligaciones. La denunciada situación de inequidad en el reparto de los fondos coparticipados se da porque le corresponde el 21 por ciento cuando aporta casi el 38 por ciento de esos fondos.

Tanto oficialistas como opositores destacan que en los último años la situación relativa fue desmejorando. Hasta 1995 recibía el 10 por ciento de Ganancias para el Fondo del Conurbano. La ayuda subsiste bajo otro nombre pero congelada en 650 millones de pesos, apenas el 2 por ciento de aquel gravamen. El titular del bloque del Ari, Horacio Piamonte, calcula que en la última década, las arcas provinciales resignaron 19 mil millones de pesos. Claro que a su juicio es sólo una cara del problema que podría erradicarse si se reestatizaran los bingos y se transparentaran gastos.