La Corte Suprema podría cerrar este martes dos grandes discusiones pendientes sobre los resabios del crac financiero de 2001. Para clarificar la situación de las deudas hipotecarias entre privados, el tribunal avalaría la pesificación de los mutuos aplicando la teoría del esfuerzo compartido entre deudores y acreedores. Por ahora fallará sólo sobre los préstamos para vivienda única inferiores a 100.000 dólares. También intentará avanzar en una decisión que respaldaría la pesificación de los depósitos judiciales.

Los jueces supremos tienen que analizar la legislación referida a los préstamos pactados con escribanías. Las dos leyes clave en debate son: la que creó un fondo fiduciario a cargo del Banco Nación para rescatar a los deudores que tomaron créditos privados en la convertibilidad y la que estableció, después, que por cada dólar debían devolverse 1,83 peso. Cuatro jueces están dispuestos a convalidar las normas, pero hasta hace unos días no terminaban de ponerse de acuerdo en torno del monto del esfuerzo a repartir entre el moroso y el acreedor. El debate de fondo es si una ley puede intervenir en un contrato.

Una vez limadas las diferencias, lo más probable es que el fallo sea firmado por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Raúl Zaffaroni. Carlos Fayt propone una solución a un plazo de unos diez años, en que se inste a las partes a buscar acuerdos que respeten la propiedad privada. Carmen Argibay se inclinaría por la inconstitucionalidad de las leyes sobre deudores. Enrique Petracchi no vota.

Como todas las sentencias, ésta será para un caso puntual, pero sus principios afectarían a unos 8000 deudores hipotecarios. Quedarán pendientes los préstamos inferiores a 100.000 dólares y contraídos por sociedades.

El otro gran tema que la Corte buscará resolver es el de los fondos depositados en bancos públicos bajo custodia judicial que fueron pesificados. Se trata, por ejemplo, del dinero de indemnizaciones, quiebras, accidentes laborales y sucesiones, que queda inmovilizado hasta que la Justicia define su destino.

Es probable que el máximo tribunal aplique la misma fórmula que estableció a fin de 2006 para los depósitos bancarios: por cada dólar depositado corresponde 1,40 peso, ajustado por el índice CER más un interés del 4 por ciento anual. Con ese cálculo, explicaron, los ahorristas obtienen lo mismo que originalmente depositaron en dólares. Fue, a la vez, un modo de avalar la pesificación, sin expedirse sobre su constitucionalidad.