Carlos Montero fue gerente general de la Auditoría General de la Nación en los períodos en los que el organismo de control estuvo comandado por el justicialista Héctor Masnatta y el radical Enrique Paixao, pero renunció cuando llegó allí el menemista Rodolfo Barra. Casi desde entonces comanda el Instituto Nacional de Servicios Públicos, organización apéndice del Partido Justicialista, que durante la gestión aliancista promovió debates críticos sobre las privatizaciones consumadas en la era de Carlos Menem. Desde esta estructura del PJ –que congrega a legisladores, ex reguladores y otros técnicos partidarios– surgió la iniciativa de revisar esas adjudicaciones, aun antes de que el gobierno de Fernando de la Rúa estallara por los aires, se tomara la determinación de devaluar y se analizara la idea de pesificar las tarifas.
El resultado de las reuniones informales que el Instituto tuvo con prestadoras, gremios y los flamantes funcionarios derrumba algunos mitos acerca de la presunta guerra que libran gobierno y las empresas. Todas están dispuestas a revisar sus acuerdos contractuales y, por consiguiente, ninguna será capaz de tomar la drástica determinación de irse del país, donde consiguieron hasta ahora una buena rentabilidad. Las tarifas, provisoriamente congeladas, serán aumentadas en un futuro próximo, en virtud de una fórmula aún no precisada.
–¿El Instituto tuvo contactos con las empresas, previos a que el justicialismo retomara el poder?
–Efectivamente. Días antes de que renunciara (Fernando) De la Rúa, nosotros comenzamos a consultar informalmente a algunas prestadoras sobre la instrumentación de un plan de emergencia por 60 días. Ya en ese momento la devaluación se suponía inevitable. Nuestra propuesta original consistía en congelar las tarifas por 180 días, revisar los contratos en función de un nuevo tipo de cambio y crear una comisión parlamentaria que controlara esa renegociación. Con esta idea comenzamos a reunirnos con empresarios, sindicatos y asociaciones de usuarios.
–¿El PJ se estaba preparando para asumir el gobierno y devaluar?
–En realidad, estábamos preparando el plan de gobierno para el 2003. Pero los acontecimientos se precipitaron.
–Se instaló la idea de que las empresas privatizadas son las malas de la película. ¿Usted coincide con esa visión?
–No creo que sea así. Pero es cierto que cada empresa debe hacer su aporte en esta situación de crisis. Mantener la tarifa, no cobrar recargos por las dificultades de pago que tienen los usuarios, no suspender el servicio en casos de mora y mantener a su propio plantel. Creemos que es perfectamente posible hacer ese esfuerzo.
–¿Lo es porque tuvieron ganancias desmedidas?
–Es cierto que tuvieron ganancias muy interesantes que habría que analizar caso por caso, en detalle. Hay que ver cuál es su estructura de costos real; cuánto se endeudaron importando de empresas vinculadas; qué relación existe entre las ganancias giradas al exterior y las deudas en dólares que hoy acusan los balances. Pero no hay dudas de que en función de las interesantes utilidades que obtuvieron, aunque distintas según los servicios, hoy se les puede pedir un esfuerzo a modo de compensación.
–¿A alguna prestadora le corresponde hacer un aporte mayor que a otra?
–Esto no puede precisarse a priori, prejuiciosamente. Lo que puedo decirle es que sin duda todas van a tener que hacer un aporte. Todas tendrán la obligación de resignar algo para poder fijar una tarifa razonable, que el usuario pueda pagar.
–¿Podría admitirse un aumento en el precio del servicio a condición, por ejemplo, de que ejecuten un plan de expansión?
–Es un poco temprano para hablar de aumentos, pero es un criterio factible.
–¿Es razonable y legalmente posible plantear la rescisión si una empresa no quiere avenirse a revisar su contrato sobre las bases que propone el Gobierno?
–No. No me parece razonable hablar de rescindir. Estoy seguro que se puede llegar a un acuerdo. Tanto el gobierno como las empresas lo quieren.
–¿Es real la amenaza de que los operadores extranjeros pueden irse del país?
–No. Creo que esto no es real. No creo que a Edenor o a Edesur le convenga levantar el tendido de cables o que a las telefónicas les resulte ventajoso hacer lo propio. Lo que sí seguramente ocurrirá es que suspenderán nuevas inversiones en la medida que se resienta su negocio.
–¿Qué habría que hacer con las deudas en dólares contraídas por las prestadoras, en gran medidas por créditos tomados fuera del país?
–En la reunión de la semana pasada, Capitanich se comprometió ante las empresas a encontrar una solución en horas. Pero aún no hay un criterio definido en esta materia. En el Instituto estamos convencidos de que hay que analizar cuidadosamente el origen y monto real de esas deudas, para discriminar cuál fue el aporte de capital propio real. Hay una decisión política fundamental como cuál es el tipo de cambio al que van a tener que cancelar esas obligaciones, sin que esto afecte a las prestaciones. Lo que es claro es que no se puede estar más tiempo sin decidir.
–¿Además del provisorio congelamiento de tarifas, tampoco deberían remitir utilidades al exterior?
–No. Eso es parte del sacrificio que se les está reclamando. Personalmente, estoy convencido que lo mejor sería imponerles la obligación de reinvertir íntegramente las ganancias por un tiempo determinado. Hasta que se supere la actual crisis. Pero esta es otra decisión política delicada que aún no está tomada.