El Gobierno ya tiene lista una muy moderada reforma tributaria, que contempla gravar las ganancias de capital que obtienen los empresarios cuando venden sus negocios, un mecanismo para estimular la reinversión de utilidades, y un considerable incremento en el umbral a partir del cual se paga por Bienes Personales. Del menú de cambios que fueron evaluados quedaron descartadas rebajas en el IVA y la imposición a la renta financiera. Las medidas cuentan con la aprobación de Néstor Kirchner, pero nadie conoce cuándo el Presidente considerará oportuno anunciarlas. Uno de los dos encumbrados miembros del gabinete nacional que por separado coincidieron en describir a Página/12 el contenido del paquete que impulsará el Ejecutivo explicó que “la idea no es generar la sensación de una gran reforma, sino de que estamos perfeccionando el esquema vigente, tapando algunos agujeros, corrigiendo desfasajes y mejorando los incentivos a la inversión productiva”. En igual sentido, el otro ministro señaló que “el Presidente quiere evitar cualquier cimbronazo que altere el ritmo de crecimiento”.

En concreto, lo que está listo para salir es un proyecto de ley y algunas resoluciones. Lo que irá al Congreso es el nuevo impuesto a las ganancias de capital, con lo cual pasará a estar gravada la diferencia que realiza el dueño de una empresa cuando vende sus acciones. El caso que terminó por definir la necesidad de este tributo fue la venta del diario El Cronista por parte del grupo español Recoletos (controlado por la compañía editorial inglesa Pearson) al empresario-político Francisco De Narváez. La operación se pactó a un precio mayor en alrededor de 10 millones de pesos a lo que los españoles le habían abonado en su momento a Eduardo Eurnekian, una ganancia por lo que aquí no pagaron nada, aunque en España sí. Para colmo, si hubiese existido el impuesto los españoles podrían haber deducido en España el monto abonado aquí, es decir, se trató de un regalo al fisco español. También se ahorraron mucho dinero por la falta de ese tributo los dueños del grupo Bemberg que vendieron Quilmes a Ambev-Brahma, Amalia Fortabat por la venta de Loma Negra a Camargo Correa y Pérez Companc, que transfirió su petrolera a Petrobras, por mencionar sólo algunos de los más grandes y recientes beneficiados.

Las fuentes no quisieron dar detalle de la forma en que se promoverá mediante instrumentos impositivos la reinversión de utilidades. Si será a través de premios y/o castigos en el impuesto a las ganancias o por alguna otra vía. Lo que si pudo saberse es que una de las motivaciones que tuvieron es la disconformidad por lo que consideran una exagerada proporción de ganancias remitidas (y por ende no reinvertidas) a sus casas matrices por parte de multinacionales líderes, entre las que mencionan a Telefónica y Repsol.

En cuanto al aumento del valor a partir del cual se paga Bienes Personales, que ha quedado grotescamente desactualizado en poquito más de 100.000 pesos, el reajuste será por resolución y muy significativo, como para dejar fuera del tributo a cientos de miles de contribuyentes que con un auto pequeño y un modesto departamento como patrimonio ahora deberían pagar lo que nació en los ’90 con la popular denominación de impuesto a la Riqueza. El Presidente tampoco definió si la resolución va a dar a luz antes de la inminente presentación de la declaración jurada correspondiente al año pasado.

Como se ve, están ausentes dos ingredientes que figuran en la mayoría de las recetas de reforma tributaria que habitualmente se plantean desde sectores progresistas, y que formaban parte de los programas de quienes hoy gobiernan. Respecto a la no rebaja del IVA, una de las fuentes se justificó diciendo que “estuvimos evaluando la reducción o eliminación de alícuotas para bienes de la canasta básica, y llegamos a la conclusión de que se generarían serios problemas operativos y muchas vías de evasión, y que además resulta mucho más efectivo abaratar esos productos mediante subsidios o acuerdos específicos, como lo estamos haciendo con la carne y el maíz, por ejemplo”.

En cuanto a la renta financiera, las respuestas no son de orden técnico sino político. Los interlocutores reconocen que no es equitativo que se pague 21 por ciento de IVA en el almacén y nada por los intereses de plazos fijos o por el rendimiento de los títulos públicos. Pero dicen que se trata de una medida que sería muy cuestionada por sectores influyentes y de poder, y admiten que no quieren correr el riesgo de dar batalla.