El Gobierno y las petroleras resolvieron prorrogar hasta el 31 de agosto el acuerdo para que los transportistas compren gasoil al precio diferencial de 75 centavos el litro. Durante este mes, la administración duhaldista resolverá de qué modo sostener ese subsidio a empresarios colectiveros y camioneros con el menor impacto fiscal y, al mismo tiempo, con una fórmula que satisfaga a las refinadoras. Pero aun en caso de éxito, los treinta días de tregua desembocarán indefectiblemente en un aumento de precios: en Economía ya trabajan sobre la hipótesis de que en setiembre aquel carburante “barato” costaría no menos de 85 centavos para el autotransporte y 90 para la carga por camión.
Hoy debía caducar el régimen preferencial de provisión de gasoil formalizado por el decreto 652, que dio sustento legal a un acuerdo entre el Gobierno y las petroleras, por el que éstas se comprometieron a abastecer gasoil a un valor más bajo para los transportistas. La diferencia entre ese precio (75 centavos) y el valor de venta al resto de los consumidores (de 1,10 a 1,40 peso) asume la forma de un subsidio estatal liso y llano, ya que para compensar a las vendedoras, el fisco lo descuenta de lo que ellas tributan por las retenciones a sus ventas externas.
Según los cálculos de la Secretaría de Transporte, esta subvención cuesta 23 millones de pesos por mes a las arcas públicas y, salvo algún desfasaje financiero, casi nada a las refinadoras. Sin embargo, éstas se resisten a mantener aquel pacto con el argumento formal de que el gasoil barato dio lugar a un mercado negro.
Aunque no hay ninguna denuncia formal sobre el tema, es casi vox populi en el ambiente, incluso en Economía, que hay irregularidades en la comercialización del gasoil. Las sospechas involucran a transportistas que, en connivencia con algunas estaciones de servicio, compararían más combustible del que necesitan para luego revenderlo a un precio mayor.
Pero este negocio marginal no es el verdadero desvelo de las petroleras, que con Repsol-YPF a la cabeza plantearon al Gobierno una serie de exigencias para seguir abasteciendo gasoil más económico a los transportistas. Una de las aspiraciones más contundentes de la ex firma estatal es que el Gobierno dé marcha atrás con la pesificación de los contratos de provisión de gas. Para apoyar su pedido, argumenta que muchas grandes empresas industriales que le compran el fluido (Techint, entre ellas) luego lo exportan al dólar libre, lo que configuraría una especie de discriminación en su contra.
La negociación con las petroleras quedó en manos de Alfredo Atanasof, quien asumió la responsabilidad de consensuar con ellas los nuevos términos de un acuerdo, desplazando de hecho al secretario de Transporte, Guillermo López del Punta. Será el jefe de gabinete quien tendrá que consentir o no las ambiciones de Repsol, que también aspira a que se erradiquen las retenciones a las exportaciones petroleras o a vender combustible sin ninguna restricción.
Para solucionar el problema de desabastecimiento que tuvo lugar hace unos meses, el Gobierno creó un registro de exportaciones, con la idea de que cada operación quede sujeta a una autorización oficial. Esta sólo se concedería en el caso de que no hubiera demanda insatisfecha en el mercado interno, situación que hoy se da de hecho. Sin embargo, todavía no se declaró el “pleno abastecimiento”, lo que permite suponer que subsisten ciertas dificultades burocráticas para atender plenamente al mercado.
De cualquier modo, el régimen de abastecimiento creado a fines de abril tiene sentencia de muerte, ya que la posibilidad de abastecer a 75 centavos el litro quedó sujeta a dos variables que se modificaron: que el barril de petróleo valga 23 dólares (hoy está en 27) y que el tipo de cambio fuera 2,50 (ayer cerró a 3,70).
Por eso, en el Gobierno piensan en reformular el pacto con las refinadoras, pero siempre sobre la base de que el combustible será máscaro. Para setiembre, es muy posible que subsista el gasoil diferencial, pero un 13 por ciento más caro para los autotransportistas y con una suba del 20 por ciento para el transporte de carga, lo que llevaría los precios a 85 y 90 centavos, respectivamente. Las empresas de transporte de carga y las de pasajeros, que ayer amenazaban con medidas de fuerza, aún no tienen certeza de su inminente desdicha.