Con la anuencia expresa de Edenor y Edesur, el Gobierno decidió postergar hasta febrero de 2008 la entrada en vigor de un cuadro tarifario definitivo para esas empresas que incluirá un ajuste sobre las tarifas residenciales, por ahora exceptuadas de cualquier retoque. Se trata de una postergación políticamente beneficiosa para el Gobierno, ya que retrasa ese incremento para después del año electoral. No es inocuo para la economía de las distribuidoras pero el perjuicio es moderado, en la medida en que los domicilios implican menos de la mitad del volumen total de la energía distribuida.

Las resoluciones 433 y 434 de la Secretaría de Energía le dieron marco legal a una situación planteada de hecho con el retraso en el cronograma previsto para aplicar los nuevos contratos para estos servicios. En septiembre de 2005 las distribuidoras llegaron a un acuerdo transitorio con la Unidad de Renegociación, que presuponía aplicar un ajuste del 23 por ciento en el Valor Agregado de Distribución sólo para el servicio a comercios e industrias: esta modificación implica una suba del 15 por ciento en el precio de esos consumos. Siempre de acuerdo con el plan original, en mayo de 2006 debía entrar en vigor un nuevo contrato definitivo, redactado sobre la base de una Revisión Tarifaria Integral (RTI), que también modificaría el precio de los consumos residenciales.

Pero el pacto transitorio, y la consecuente suba de tarifas, recién entró formalmente en vigor en febrero de este año, imponiendo un plan de cincuenta y cinco cuotas para que los usuarios involucrados paguen retroactivamente el incremento que les hubiere correspondido meses antes. Tanto el Gobierno como las empresas reconocen que aún no hubo gran avance acerca de cómo hacer la RTI que, de respetar criterios de mercado, entrañaría un aumento notorio en el costo del servicio eléctrico. Para las distribuidoras, el primer paso es sincerar todos los costos del sistema, empezando por la generación. Sobre la base de pagar la energía lo que realmente cuesta producirla, habría que aplicar un margen de distribución que permita costear inversiones más allá de las mínimas para mantener la red actual y tener una rentabilidad “aceptable”.

Las distribuidoras hoy ya cuentan con un reaseguro para mantener la salud de su negocio sobre la base de aquella futura recomposición de precios. El acuerdo provisorio permite ajustar las tarifas finales por mayores costos, condición anhelada por las empresas que previsiblemente se va a mantener. Si éstos se disparan por encima del 5 por ciento, las distribuidoras deben solicitar al ENRE que autorice el traslado. Si aquel salto supera el 10, este paso es automático.

El congelamiento de los precios a los residenciales, y su consecuente mella en los ingresos de las distribuidoras, tiene ciertas compensaciones, como la de cumplir un régimen de calidad del servicio más laxo, adaptado a esta situación de emergencia. La demora en aplicar la RTI, que indefectiblemente supondrá aumentos en toda la grilla tarifaria, ahora también tiene un paliativo consignado en las resoluciones. “Tanto el concesionario como sus accionistas quedarán en libertad de retomar las acciones que consideren apropiadas, siempre y cuando se verificase el cumplimiento de su parte de las obligaciones contractuales asumidas”, sostiene la norma. Una habilitación expresa para juicios indemnizatorios como los que se tramitan ante el Ciadi.