La Argentina detenta (¿o detentaba?) la presidencia de uno de los grupos clave del ALCA, la asociación de libre comercio en la que Estados Unidos quiere meter a todo el continente. Ese grupo de negociación, uno de los nueve existentes, es el de Acceso a los Mercados. Esta semana, el grupo celebraba una reunión en Panamá, bajo la conducción del argentino José Antonio Cerro. Pero éste no pudo acudir, e hizo algo más: renunciar al cargo a irse a su casa dando un portazo. Su gesto no mereció reacción alguna del acéfalo Ministerio de la Producción, ejercido interinamente por Roberto Lavagna, del cual dependen los negociadores, ni de Cancillería. La cuestión no parece preocuparlos. Lo cierto es que, en ausencia del argentino, el grupo quedó a cargo de su vicepresidente colombiano.
“No hubo posibilidad de pagarle el viaje”, explicó a Página/12 una fuente oficial. Añadió que “todo está muy recortado”. ¿Qué opina de esta situación?, le preguntó el diario. “Opino que me parece una porquería”, respondió sin elegir demasiado las palabras, aunque pidiendo anonimato. En todo caso, se aclara que no hay nada personal contra Cerro, cuya labor nadie objetó, sino un problema de “miseria presupuestaria” que afecta a todos. Otras fuentes cuestionan esta visión, indicando que hay otros viajes, notoriamente menos productivos, que sí siguen haciéndose. Ahora mismo, mientras Cerro se quedó en tierra, otros dos funcionarios pudieron viajar.
Una manera bastante objetiva y matemática de medir lo bien o mal que la Argentina defiende sus intereses en otros mercados consiste en observar la disputas iniciadas por el país contra otras naciones en la Organización Mundial del Comercio, y las que le fueron iniciadas, dentro de los mecanismos disponibles para la resolución de controversias. También en esta especie de Mundial del intercambio comercial, al equipo albiceleste le está yendo bastante mal.
En el año 2000, la Argentina inició una sola disputa. Ese mismo año, Brasil inició dos. En 2001, los argentinos introdujeron una y los brasileños siete. Y en el 2002, bajo el actual gobierno, el país no inició ninguna –vale decir que no ha tenido ninguna queja respecto de la conducta comercial de otros países– mientras que Brasil dio comienzo a dos, según la información que proporciona la OMC. En los tres años, el score es elocuente: Brasil 11, Argentina 2. Para colmo, en este mismo trienio fueron entabladas cinco disputas contra la Argentina y solamente tres contra Brasil.
Otro detalle interesante es que las dos disputas planteadas por la Argentina fueron dirigidas contra Chile, mientras que Brasil se las inició a los grandes jugadores internacionales, como Estados Unidos y la Unión Europea, en una demostración clara de firmeza, exigiendo el respeto de sus derechos.
También ayuda a entender la pobre defensa de sus intereses que hace la Argentina el hecho de que estas negociaciones sustanciales estén a cargo de contratados, que suelen tener un horizonte laboral de solo tres meses. Es exactamente el caso de Cerro, cuyo contrato había sido renovado en marzo y venció el 30 de junio. Más allá de que estuvieran o no los fondos para solventar sus pasajes y una semana de estadía en Panamá, al momento de tener que iniciar su misión la renovación del contrato continuaba indefinida. Era técnicamente un desocupado.
En este mismo limbo están casi todos los especialistas de la secretaría de Industria, que ha sido –y los conocedores afirman que sigue siendo– el botín de tres consultoras privadas, todas propiedad de funcionarios pasados o presentes del área económica (en sentido amplio), por cuyo embudo hay que pasar si se anhela culminar con éxito diversos trámites.
Este maltrato, del que Cerro es tan solo un ejemplo, se prodiga bajo el paraguas del decreto 1184 del 2001. De este modo, un técnico de cuya labor dependen intereses sensibles del país recibe, siempre y cuando estévigente su contrato, una paga –contra entrega de factura– de algo más de 3000 pesos, teniendo que hacerse cargo personalmente de su aporte jubilatorio y de su cobertura de salud, garantías básicas de las que el Estado se desentiende.
Según los voceros que aceptaron hablar de la cuestión, el problema viene agravándose desde hace cinco años, pero actualmente se llegó al extremo de que la Argentina asiste a menos de la mitad de las reuniones internacionales donde debe estar presente para discutir cuestiones de comercio e integración. “No hay nada nuevo en esto, únicamente que es cada vez peor”, resumieron. No existen cálculos de la relación costo/beneficio: cuánto pierde la economía argentina frente al ahorro presupuestario que se logra.
El grupo de Acceso a los Mercados es fundamental para América latina en su negociación con Estados Unidos porque se ocupa de los aranceles aduaneros, de las barreras no arancelarias y otras regulaciones que muchas veces son obstáculos ocultos. Este grupo y el de Agricultura son los dos en que el Sur continental puede aspirar a obtener ventajas en una hipotética área de libre comercio con el Norte.
Otro ejemplo de lo inclinada que está la cancha es la presión que está ejerciendo la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la República Argentina (la llamada AmCham) para lograr que se dé un determinado tratamiento impositivo a los efectos ocasionados por la devaluación sobre las empresas norteamericanas con negocios en este país. Las gestiones, llevadas a nivel de Jefatura de Gabinete y de Economía, parecen desbordar los asuntos propios de una entidad que sólo debería ocuparse de las relaciones comerciales. ¿Pero quién traza los límites?
Lo que se desprende de la presentación es que los estadounidenses aceptan las consecuencias patrimoniales de la suba del dólar de un peso a 1,40. El problema lo plantean respecto de la diferencia de cambio por encima de ese valor, superado hoy en más de un 160 por ciento. Dado que por ahora no parece existir intención oficial de introducir el ajuste por inflación en los balances impositivos, las multinacionales norteamericanas reclaman deducir totalmente en un solo ejercicio –y no en cinco, como está establecido– todo quebranto originado en el salto del dólar, con lo que será el fisco, y no ellas, quien cargaría con esa pérdida. También pretenden que toda deuda que les sea condonada por su casa matriz del exterior, y que obviamente quedaría reflejada como una ganancia en la contabilidad de la filial, se beneficie con la exención tributaria de esta utilidad, de nuevo reduciendo los ingresos de la AFIP.