El Gobierno tiene decidido aumentar las jubilaciones en un porcentaje que rondaría el 8 por ciento y que entrará en vigencia en la segunda mitad del año. Pero salvo esa medida y la actualización del salario mínimo que surgirá de las negociaciones en el respectivo Consejo tripartito, el resto de los proyectos que Economía tiene listos en carpeta o en elaboración van a quedar postergados para lo que desde el oficialismo esperan será un segundo mandato kirchnerista. Entre esos proyectos figuran la incumplida promesa de reforma tributaria y la creación de un banco de desarrollo al estilo del brasileño. Por ahora también está descartado un ajuste en los magros beneficios que se otorgan a través del plan Jefas y Jefes o de los programas de asistencia alternativos.

La ministra Felisa Miceli y el titular de Anses, Sergio Massa, estuvieron analizando días atrás cuál es el margen para subir las jubilaciones y concluyeron que están en condiciones de otorgar alrededor de un 8 por ciento que se aplicará luego del pago del medio aguinaldo. Según la fuente informativa, si ese incremento se suma al 13 por ciento que rige desde enero pasado, se llega a un aumento anual ponderado que se equipara al que están consiguiendo la mayoría de los sindicatos, y que estará bastante por encima de la inflación que medirá el Indec.

En la evaluación se tuvo en cuenta la fuerte recuperación que viene registrando la recaudación de aportes previsionales, una tendencia que se potenciará a partir de este mes por el traspaso al sistema público de afiliados a las AFJP. El cambio de régimen significará un mayor flujo de aportes de los que ya se desafiliaron y de los indecisos que desde ahora van al reparto, pero también un ingreso del stock de dinero que los primeros tenían capitalizado en sus cuentas individuales. Por esto último se espera que la Anses reciba este mes activos por 1700 millones de pesos. Pero por el otro lado también se consideró que los distintos planes que facilitaron la jubilación a 1.350.000 personas que no estaban en condiciones de hacerlo implican un costo adicional anualizado de 4300 millones de pesos.

En cuanto al salario mínimo, así como el Gobierno fue acomodando los acuerdos en paritarias en torno al 16,5 por ciento, el objetivo que tiene fijado para la reunión del Consejo tripartito donde participan representantes sindicales, patronales y el Ministerio de Trabajo y que podría realizarse en julio, apunta a un porcentaje similar que llevaría ese piso a cerca de 1000 pesos. La cifra se arrima bastante a los 1040 pesos que reclamó el líder de la CGT, Hugo Moyano, y que es el piso vigente para los docentes; sería, además, la primera vez en largo tiempo que el salario mínimo superaría la línea oficial de pobreza para una familia tipo.

Lo que va a quedar archivado por unos cuantos meses es la tímida reforma tributaria que ya está lista y que algunas prominentes figuras del Ejecutivo pretendían impulsar cuanto antes. Pero primó la opinión de los que creen que un año electoral no es propicio para discutir una reforma que obligatoriamente tiene que pasar por el debate y la aprobación del Congreso. A fines de marzo este diario informó que la moderada reforma contemplaba gravar las ganancias de capital que realizan los empresarios cuando venden sus negocios, mecanismos para estimular la reinversión de utilidades y frenar el giro de ganancias al exterior, y la elevación del listón a partir del cual se tributa por Bienes Personales. Seguían quedando a salvo la renta financiera y la rebaja del IVA, pese a que posteriormente a la publicación la senadora Cristina Fernández de Kirchner se manifestó a favor de esa iniciativa.

También quedará postergado para el próximo mandato el dotar al sector público de un banco especializado en financiar inversiones productivas inspirado en el Banco Nacional de Desarrollo (Bnds) brasileño. La ministra de Economía sostiene que se trata de un instrumento imprescindible, y lo fundamenta en el rol clave que a su juicio el Bndes tuvo y tiene en la industrialización de su país. Suele dar como dato ilustrativo de su influencia que el stock de créditos de ese banco de fomento asciende a 120.000 millones de dólares, más que todo lo que el Banco Interamericano de Desarrollo le presta al conjunto de sus países miembros. La última vez que Miceli se pronunció a favor de contar con una institución de ese tipo fue hace dos semanas en la asunción de las nuevas autoridades de la Unión Industrial Argentina, quienes la vienen reclamando.

Pero también en este caso el oficialismo considera que no es el momento oportuno para agitar el tema. La explicación es que un año electoral “saldrían los críticos a recordar la mala experiencia que al final tuvo el Banco Nacional de Desarrollo”, creado a fines de los años ’60 y cerrado por el menemismo. De todas maneras, el boceto que tienen en mente en los despachos oficiales no pasa por fundar una nueva entidad sino en aprovechar la estructura ya existente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, fortaleciéndolo con una apreciable inyección de capital financiero y humano.

El Bndes aparece nuevamente en el análisis que hacen en Economía sobre la imponente revaluación de la moneda brasileña, que ha empujado al dólar abajo de los dos reales, es decir más de un tercio menos de lo que valía. “No hay que olvidar –dicen altas fuentes del ministerio– que a lo largo del año pasado la pérdida de competitividad debido al atraso cambiario fue en parte compensado con una política de reintegros a la exportación y de financiamiento subsidiado más agresivo por parte del Bndes.” Por otra parte, agregan que la respuesta a cómo Brasil mantiene su envidiable dinamismo exportador a pesar del súper-real se debe también a que disfruta de los beneficios de 20 años seguidos de políticas proteccionistas y a favor de la industrialización, y a que su demanda interna ha crecido débilmente en los últimos años, dejando excedentes libres para vender afuera.