El Gobierno analiza la presentación al Congreso de un nuevo modelo de funcionamiento del sistema ferroviario. Así lo anticipó ayer el presidente Néstor Kirchner en el transcurso del reportaje radial que le realizó Magdalena Ruiz Guiñazú. “Estoy estudiando muy a fondo tanto el sistema francés como el español de funcionamiento de trenes, y Dios quiera que dentro de muy pocos días pueda mandar una ley al Congreso de la Nación, que no sea ortodoxamente (excluyentemente) estatal, porque creo que ahí no está el núcleo del problema.” Indicó luego que la intención es que “haya una participación del Estado, pero que pueda existir también una posibilidad de operadores privados de calidad”. También se refirió a los recientes incidentes en la estación Constitución, que desembocaron en el quite de la concesión del F. C. Roca a Trenes Metropolitanos, para referir que “primero fue una correcta protesta de usuarios, después indudablemente hubo activistas que aprovecharon la situación”.

Kirchner consideró justificada la reacción de los usuarios en Constitución ante “un servicio mal prestado”, pero deslindó la actuación de aquéllos de los desmanes provocados después. “Un usuario que está molesto por un servicio no rompe nada, salvo en un caso extremo; eso lo hacen quienes están direccionados a generar determinadas acciones de perturbación social”, opinó. Aclaró, sin embargo, que no quería “caer en la simplificación de decir que esto fue un acto de activistas, porque estaríamos faltando el respeto a la gente”.

“El ciudadano tiene su individualidad, su libertad de pensamiento, su expresión, que se sintetiza en que los servicios públicos deben ser prestados correctamente”, reflexionó luego. “Por eso estamos trabajando: ayer procedimos a tomar las medidas que teníamos que tomar (la rescisión del contrato al concesionario), y estoy estudiando muy a fondo tanto el sistema francés como el español de funcionamiento de los trenes.”

Aunque ni la Secretaría de Transporte ni el Ministerio de Planificación Federal brindaron detalles, si la propuesta oficial siguiera el modelo español citado por el Presidente de la Nación, significaría que el Estado tomará en sus manos la administración del conjunto del sector ferroviario, la gestión y el gerenciamiento de las diferentes líneas, la planificación de las obras y la explotación y el mantenimiento de la infraestructura, así como el trazado y construcción de nuevas líneas. De acuerdo a lo expresado ayer por Kirchner en el reportaje, la propuesta argentina sería más flexible al dar la posibilidad de participación a “operadores privados de calidad”.

La estructura del servicio ferroviario español está bajo la órbita del Ministerio de Fomento, departamento encargado de la administración del conjunto del sector. Sus principales competencias son:

- la planificación estratégica, tanto de la infraestructura como de la oferta de servicios;

- el ordenamiento general y la regulación del sistema;

- la definición de objetivos y la supervisión de los organismos administradores y de operación (ADIF y Renfe), así como de su sistema de financiación.

El esquema cuenta con un organismo administrador de infraestructuras ferroviarias (ADIF) y una entidad operadora (Renfe). La primera administra la casi totalidad de la “red ferroviaria de interés general”, que en la actualidad incluye ramales en régimen comercial, en un trazado de 1010 kilómetros (líneas de alta velocidad, Madrid-Sevilla con ramal de acceso a Toledo, y Madrid-Zaragoza-Lleida), y la red convencional operada por encargo del Estado (11.780 km).

La ADIF, además de la responsabilidad de la explotación y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria citada, es responsable de la construcción de las nuevas líneas por encargo del Estado. En la actualidad, tiene en construcción más de media docena de tramos en otros tantos corredores.

La actual Renfe es heredera de la predecesora empresa ferroviaria vertical, pero su objeto quedó limitado a la prestación de servicios ferroviarios de pasajeros y de carga, y mantenimiento del material móvil. Recibe subsidios del Estado para la prestación del servicio de pasajeros regionales (media distancia) y de cercanía (equivalente a los trenes urbanos de acá). El servicio de larga distancia y de Alta Velocidad (AVE) se gestiona en régimen comercial: es decir, con tarifas sustancialmente más cara. Renfe también presta servicios de trenes de carga en régimen comercial, pero en este caso en competencia con otros operadores a partir del año pasado.

El sistema también otorga libre acceso a la “red ferroviaria de interés general del Estado” a empresas transportadoras con licencia europea para realizar transporte ferroviario de cargas en tramos nacionales o internacionales, siempre que tramiten el correspondiente permiso de capacidad o cupo.

Además de las instituciones mencionadas, existe un Comité de Regulación Ferroviaria, entre cuyas funciones se cuentan:

- Salvaguardar la pluralidad de la oferta ferroviaria;

- Garantizar la igualdad de todos los operadores en las condiciones de acceso al mercado;

- Resolver los conflictos entre el ADIF y las empresas ferroviarias;

- Resolver conflictos entre empresas ferroviarias sobre actuaciones que persigan un trato discriminatorio en el acceso a las infraestructuras o los servicios.

Todo este esquema se instrumentó entre fines de 2003 y el año 2004, poniéndose en funcionamiento un año después. El gobierno socialista buscó así superar las falencias del modelo anterior.

Según interpretaron ayer especialistas locales, los dichos de Kirchner apuntarían a mostrar una orientación en las intenciones del Gobierno para transformar el sector, aunque estiman improbable que el prometido proyecto de ley de creación de un nuevo sistema salga a la luz en forma inminente. Lo trascendente, en tanto, es el reconocimiento oficial de la urgencia en cambiar un sistema ferroviario definitivamente fracasado.