A contramano de lo que intenta hacer Diputados, los flamantes Cedros y Boden serían los únicos títulos admitidos para cancelar deudas bancarias. Esta definición técnico-política, que está adoptando el Senado en consonancia con el Banco Central, bloqueará la posibilidad de que resucite el ventajoso sistema que utilizaron particulares y empresarios desde noviembre a mayo y que permitió saldar obligaciones bancarias con depreciados títulos públicos en default. El tema fue uno de los que analizaron ayer en el Parlamento legisladores de las comisiones de Presupuesto y Hacienda con Aldo Pignanelli y algunos de sus colaboradores.
El presidente del Central llegó al Congreso para satisfacer el recurrente reclamo parlamentario de contar con información lo más precisa posible. Durante casi tres horas, Pignanelli detalló un relativamente optimista panorama monetario, poniendo énfasis en el hecho de que dejó de caer el nivel de depósitos y que el dólar está estabilizado sin que esto haya impuesto en el último mes un drenaje de reservas muy importante. Claro que, al mismo tiempo, reiteró los riesgos de que esta estantería se desmorone rápidamente si no se pone un freno al goteo provocado por los amparos o si no se reprogramaran las obligaciones con el FMI.
Las tres horas del encuentro con Diputados, previas a la reunión que tuvo un rato después con los senadores, también permitieron pasar revista al controvertido proyecto con media sanción de la Cámara joven para prorrogar un régimen de cancelación de deudas bancarias con títulos públicos. Esta iniciativa dispone extender por 90 días un sistema creado por un decreto de necesidad y urgencia en noviembre del año pasado y que habilitaba ese mecanismo, muy ventajoso para los deudores.
Muchos deudores comenzaron a comprar devaluados papeles de deuda pública, que cotizaban aproximadamente a sólo un 30 por ciento de su valor y los entregaban al banco que debía admitirlo al 100. Así subió la demanda de esos títulos y, por consiguiente, su cotización; los bancos recuperaron créditos que ya habían previsionado como incobrables y algunos particulares y empresas hicieron su agosto.
El DNU cavallista sólo permitía usufructuar el régimen a los clientes bancarios de mayor morosidad, de categoría 3 en adelante. Por la presión judicial de los mejores pagadores, los de categoría 1 y 2 fueron admitidos, aunque dejando a criterio del banco aceptarle o no la operación. El sistema, finalmente, expiró el 15 de mayo y la presión de quienes no pudieron aprovecharlo fue tal que en Diputados proliferaron proyectos para prorrogarlo.
El que fue sancionado hace dos semanas dispone una extensión del régimen por 90 días, no discrimina entre categoría de deudores y fija un límite de 300 mil pesos para las deudas que pueden cancelarse por esta vía, buscando que las ventajas no vayan más allá de las pymes. Hasta ahora, los casos fueron de lo más variados. Desde modestos deudores hipotecarios hasta prósperos agricultores, que en algunos casos obtuvieron una ventaja doble: compraron con descuento plazos fijos reprogramados y con ellos adquirieron a bajo precio títulos públicos que luego utilizaron para saldar deudas. Pero el proyecto ganó rápidamente detractores en el Senado, fundamentalmente porque no resuelve la disyuntiva de obligar a los bancos a asumir una pérdida millonaria o de ampliar el déficit fiscal. A raíz del default, los bonos ya no podrán ser admitidos a su valor nominal, ya que sobre ellos operará una quita: o el Estado les reconoce a las entidades financieras esa diferencia o éstas la admiten como un quebranto. Pignanelli ayer fue categórico: esa iniciativa cambiaría el flujo de fondos de los bancos y hasta obligaría a cambiar al plan monetario.
Sobre esa base, los senadores están redactando un proyecto mucho más restrictivo, con la intención de que los únicos títulos que puedan utilizarse para pagar deudas bancarias sean los originados en los plazos fijos reprogramados, que por su novedad no están sujetos a quita. Así,quienes compren en Bolsa Cedros o Boden –a menos de su valor nominal– podrán seguir haciendo aquel buen negocio.
Tal vez, los senadores pongan un techo al monto de obligaciones a cancelar y, si los técnicos abocados al tema lo resuelven, hasta podrían propiciar una especie de clearing entre entidades para que un banco pueda aceptar los Cedros emitidos por el otro.