Diputados dio ayer media sanción a un proyecto que prorroga hasta el 30 de setiembre la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) para alquileres comerciales y préstamos bancarios hasta 400 mil pesos. Y dispone una gracia adicional de 90 días en la ejecución de las sentencias judiciales. Las deudas por encima de ese monto sí estarán sujetas en sus actuales cuotas a un aumento del 30 por ciento, producto de la aplicación de aquel índice. La decisión cuenta con la venia del Poder Ejecutivo y, presumiblemente, tendrá luz verde en el Senado la semana próxima.
Finalmente, la votación reflejó una decisión diferente a la que habían impulsado algunos legisladores, tanto opositores como oficialistas, con la intención de que la vigencia del CER fuera pospuesta hasta el 31 de diciembre. “¿Quién paga los costos de semejante postergación? ¿Cómo se exige a los bancos que sigan pagando el ajuste en los depósitos reprogramados si, al mismo tiempo, no se les permite ajustar las cuotas de los préstamos otorgados?”, se preguntaba antes de la sesión uno de los justicialistas detractores del proyecto.
La propuesta parlamentaria excluyó de la prórroga a los créditos que están por encima de los 400 mil pesos, con el criterio de “preservar a las pequeñas y medianas empresas, pero no a las grandes corporaciones”. De cualquier modo, aun en el caso de los amparados, la actualización no se paga ahora pero se sigue devengando, de modo tal que en los primeros días de octubre sus deudas financieras o el alquiler de su local comercial tendrán que actualizarse según ese coeficiente. Del mismo modo, la suspensión de las ejecuciones no impide la continuidad de los procesos judiciales.
Antes de que en el Parlamento prosperase esta iniciativa, una serie de normas ya restringieron la actualización por el CER. En virtud de ellas, están excluidos los alquileres de viviendas (quedaron sujetos a la evolución salarial), los préstamos personales menores a 12 mil pesos o los prendarios que están por debajo de los 30 mil.
“No estoy de acuerdo con esta prórroga. Desde la política se comete el grave error de demonizar ciertos sectores disponiendo que todos los deudores o todos los acreedores son malos”, reflexionaba ayer el justicialista Rafael González, para quien la aplicación del CER ayudaría a un imprescindible sinceramiento de la economía. Como él, otros legisladores, aún los que votaron a favor de extender los plazos, saben que es imposible evitar la indexación en una economía con inflación.
El tema fue tratado en la reunión que el martes pasado tuvo el titular del Banco Central, Aldo Pignanelli, con la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. El funcionario, quien llegó al Congreso para ofrecer detalles de la situación monetaria, aprovechó para repasar junto a los legisladores las dificultades que podría generar una posposición del CER hasta fin de año, aunque admitiendo que su aplicación generará una reacción adversa en muchos de los que tienen que pagarlo.
Pero el Ejecutivo difícilmente ponga reparos a la sanción definitiva de la ley en cuestión, que el Senado avalaría en su próxima sesión. El jefe de gabinete, Alfredo Atanasof, ayer dio su apoyo explícito a la iniciativa, prometiendo que “el Gobierno va a respetar absolutamente la decisión del Parlamento. La prórroga tiene sentido si se considera que en este momento de crisis los sectores más populares sienten de alguna manera esos ajustes”.
Una de las cuestiones es cómo enfrentará el Estado la presión de los bancos, que podrían quedar “descalzados” por ese desencuentro entre la obligación de ajustar los depósitos reprogramadas en función del CER y la imposibilidad de aplicar ese mismo coeficiente a los créditos otorgados.