La CGT que encabeza Hugo Moyano solicitó ayer por escrito una reunión con el presidente Néstor Kirchner para reclamarle la convocatoria del Consejo del Salario, la Producción y el Empleo, que integra junto a empresarios y funcionarios del Ministerio de Trabajo. Los sindicalistas desean que el salario mínimo, vital y móvil suba de 800 a 1040 pesos. De ese modo, quedaría por primera vez en décadas por arriba de la canasta básica que releva el Indec, actualmente en 920 pesos para una familia tipo. También quieren solicitarle al Presidente un aumento de las jubilaciones y pensiones, una suba de las asignaciones familiares y la asistencia financiera a las obras sociales en crisis. El pedido se realiza apenas un día después de que el oficialismo confirmara la candidatura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.

La última suba del salario mínimo se anunció el 28 de julio del año pasado, cuando se acordó un incremento escalonado para pasar de 630 a 800 pesos en noviembre, beneficiando entonces a 770 mil trabajadores que cobraban por debajo de ese monto. A comienzos de junio de este año pareció que la discusión iba a volver a reeditarse, pero Kirchner suspendió el cónclave por la falta de anuncios inminentes para realizar. El Gobierno había dejado trascender entonces a través del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que se quería esperar hasta julio o agosto para anunciar nuevas subas. Por lo tanto, la negociación se enfrió.

Otro motivo que influyó en la suspensión fueron las disputas internas de la central. Moyano quería llevar a la totalidad de los miembros del Consejo Directivo, lo que incluía a varios dirigentes que responden a su liderazgo, mientras que otros gremialistas, encabezados por el gastronómico Luis Barrionuevo, consideraban que la comitiva se debía reducir a la “mesa chica” que representa a los más poderosos.

Ahora se espera que se anuncie aumento de salario y también de jubilaciones. En cuanto a este último punto, la expectativa de la CGT es que haya un incremento generalizado en torno del 10 por ciento. Página/12 reveló hace un mes que el Ministerio de Economía y la Anses trabajan en un esquema de ajuste de 8 puntos. Este último organismo logró un explosivo crecimiento de su superávit a partir del traspaso de más de 140.000 afiliados de las AFJP al régimen de reparto. Son trabajadores encuadrados en regímenes jubilatorios especiales, como docentes, diplomáticos y científicos. Esa holgura fiscal facilitaría una nueva suba de haberes para todos los jubilados, adicional al 13 por ciento dispuesto en enero. En materia previsional, la CGT también hará una evaluación de su campaña para promover que los afiliados a las AFJP pasen al sistema estatal. Hasta el momento, ejercieron la opción cerca de 560 mil personas.

La CGT también quiere un nuevo aumento de las asignaciones familiares (en diciembre subieron hasta un 20 por ciento) y que la agenda incluya temas de su interés, como la posibilidad de asistir financieramente a las obras sociales en crisis y el compromiso gubernamental de que no se le otorgará la personería gremial a la CTA, posibilidad que creció luego del pronunciamiento de la OIT a favor del histórico reclamo de la central que encabeza Hugo Yasky. Ese pronunciamiento amenaza con poner en jaque el monopolio de la CGT dentro del movimiento obrero, pero resulta difícil pensar que el Gobierno vaya a enfrentarse con la CGT de Moyano por ese tema en medio de la campaña electoral.