Si bien la estadística oficial considera que una persona no es pobre si vive en un hogar tipo con ingresos de por lo menos 923 pesos por mes, hay criterios alternativos que ubican la línea divisoria en niveles más elevados y acordes al sentido común. Por ejemplo, la Central de Trabajadores Argentinos reclamó el martes pasado un salario mínimo de 1290 pesos, mientras que la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE) calcula que una familia de ingreso medio bajo requiere un presupuesto de 1900 pesos. Es obvio que esas cifras determinarían que la cantidad de pobres es considerablemente mayor a los 6,5 millones que surgen de la metodología oficial.

Desde el Estado se realizan dos mediciones de pobreza. Una pretende cuantificar la pobreza estructural a partir lo que se conoce como Necesidades Básicas Insatisfechas. La categoría abarca hogares que no cumplen al menos una de las siguientes cinco condiciones: hacinamiento, vivienda precaria, falta de retrete, inasistencia escolar y la existencia de cuatro o más personas dependiendo del ingreso de una persona con baja educación. Dado que esa información se obtiene de los censos nacionales, los últimos datos sólo tienen relevancia histórica porque corresponden a 2001 (1.443.000 hogares sobre algo más de 10 millones).

La segunda apunta a medir la pobreza por ingresos, calculando cuántos hogares y personas no cubren el valor de una canasta básica o, lo que es lo mismo, están por debajo de la línea de pobreza. La última medición corresponde al segundo semestre del año pasado, y mostraba que el 26,9 por ciento de la población (6.447.000 personas) padecía esa situación.

La medición correspondiente al primer semestre de este año está demorada debido a que los responsables del área del Indec a cargo de la tarea se negaron a realizarla, argumentando que no estaban dadas las condiciones técnicas. El cuestionamiento, expresado en un memo interno por Cynthia Pok –la titular del área que fue desplazada por plantar resistencia–, es que la manipulación del índice de precios al consumidor tornó inconsistente la valorización de la canasta básica.

El organismo igualmente difundió junto con el índice de precios del mes pasado que el valor actual de la canasta básica es de 923 pesos. Técnicos del Indec sostienen que sin las deformaciones introducidas por orden del secretario Guillermo Moreno y toleradas por la ministra Felisa Miceli, la línea de pobreza ascendería a 1023 pesos.

De todas maneras, incluso ese monto sigue pareciendo demasiado bajo como línea divisoria entre sumergidos y satisfechos.

Lo que resulta incongruente para el sentido común también lo es desde el punto de vista conceptual para algunos expertos. En un ensayo publicado en diciembre de 2005 titulado Poverty-Lines Versus the Poor: Method Versus Meaning (Líneas de pobreza versus los pobres: método versus significado), el economista indio Ashwani Saith calificó la metodología como “dañina”, porque “distorsiona la comprensión del problema”.

Para comprender bien las objeciones de Saith, conviene recordar cómo se construye la línea de pobreza. Se parte de elaborar lo que se conoce como canasta básica alimentaria, integrada con una serie de ítem que cubren las necesidades calóricas mínimas de un individuo. La valorización de esa canasta básica da lugar a la línea de indigencia, que (manipulación mediante) se ubica actualmente en 429 pesos para una familia tipo. La medición oficial correspondiente al segundo semestre de 2006 arrojó que de las 6.477.000 que no llegaban a la línea de pobreza (923 pesos), 2.082.000 personas eran indigentes porque vivían en hogares que ni siquiera alcanzaban los 429.

Una vez obtenida la canasta básica alimentaria, se la extrapola mediante algún coeficiente que surge de aplicar criterios estadísticos y se llega a la canasta básica total, que se supone cubre también los requerimientos elementales no alimentarios.

Con fina ironía respecto al abordaje biológico de las necesidades calóricas, Saith formula las siguientes preguntas:

- “¿Se deben incluir en la canasta básica ítem como el vino tinto, especialmente ahora que le atribuyen cualidades medicinales mágicas? La respuesta es casi universalmente negativa, lo mismo que para otros vicios como el tabaco, pese a que son parte de los consumos representativos de una persona pobre, tanto o más que del resto de la población”,

- “¿La canasta contempla alimentos para fiestas o rituales, o para convidar a invitados? ¿Tienen los pobres derecho a reclamar el permiso y la indulgencia del planificador para darse esos lujos?”

- “¿Pueden los chicos pobres comer ocasionalmente comida chatarra para sentir la ilusión de que pertenecen a mismo universo que los otros chicos?”

Más allá de la ironía sobre los prejuicios, lo que Saith busca ilustrar es que la canasta básica alimentaria subestima las necesidades. No obstante, Saith reconoce que la metodología brinda “alguna información pertinente”, pero advierte que debe ser relativizada y usada como un elemento más para analizar el problema y actuar políticamente.

En la Argentina hay un par de mediciones alternativas sobre necesidades familiares. Una es la que elabora hace muchos años FIDE, la fundación que preside un ex titular del Indec, Héctor Valle, y que tiene como directora a la diputada oficialista Mercedes Marcó del Pont. El propósito es reflejar el presupuesto de una familia de ingresos medio-bajos, que no sólo cubra requerimientos calóricos de subsistencia y otros gastos extremadamente elementales, sino que también incluye el diario, la entrada a un estadio de fútbol, servicio de peluquería y algún gasto en video. ¿Acaso quien no puede acceder a esos bienes no debería ser considerado pobre? El último cálculo de ese presupuesto que se difundió corresponde a marzo pasado y totalizó 1855 pesos, que luego de tres meses debe superar los 1900 pesos.

Por otra parte, en la reunión del Consejo de Salario Mínimo tuvo lugar el martes y definió un aumento escalonado hasta alcanzar 980 pesos en diciembre, la CTA reclamó que ese piso que en teoría debe satisfacer las necesidades básicas fuera de 1290 pesos. La argumentación que esgrimieron fue que el gasto familiar promedio que surge de la Encuesta de Hogares del Indec es de 2686 pesos, y que históricamente el salario promedio representaba un 80 por ciento de esa canasta y que, a su vez, el salario mínimo equivalía al 60 por ciento de ese salario promedio; de lo que resulta 1290 pesos, que es casi un tercio más que el salario mínimo acordado y un 40 por ciento superior a la cuestionada línea oficial de pobreza. Pero cuesta aceptar que aun ese ingreso alcance para evitar privaciones básicas.

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