La Cámara en lo Penal Económico avaló la posibilidad de que los inspectores de la AFIP simulen ser compradores o clientes de servicios para detectar eventuales casos de evasión fiscal, siempre bajo orden judicial. El tribunal lo entendió así al revocar una decisión de un juez de instrucción que había declarado nula el acta de un procedimiento realizado bajo esta modalidad a una empresa.

Los camaristas Marcos Grabivker y Roberto Hornos fallaron a favor de la AFIP, que había apelado la decisión de invalidar el procedimiento contra la empresa Penibianc SRL y declarar la absolución del contribuyente. Los jueces en segunda instancia recordaron que mediante supervisión judicial los funcionarios de la AFIP pueden, “en el ejercicio de sus facultades”, actuar como “compradores de bienes o locatarios” de servicios para “constatar el cumplimiento de la obligación de emitir y entregar facturas”.

Según la causa, la empresa habría sufrido dos denuncias en su contra porque “no habría emitido espontáneamente comprobantes”. El fallo en primera instancia consideró que la AFIP violó los términos de la ley al enviar al comercio los agentes encubiertos sólo sobre la base de una advertencia de sus clientes. Pero este argumento fue descalificado en segunda instancia.

La figura del agente encubierto resultó controvertida desde el momento de su creación, cuando el ex ministro de Economía Roberto Lavagna envió al Congreso el proyecto de ley conocido como “antievasión”. La iniciativa previó otros cambios en las atribuciones del organismo recaudador, como la posibilidad de embargar por su cuenta mercadería aduanera que ingrese irregularmente u otras alternativas para los contribuyentes, como la posibilidad de conocer el estado de los aportes previsionales a través de Internet. En más de una ocasión Alberto Abad defendió la figura del “agente fedatario”, precisando que su acción no sería indiscriminada, sino que actuaría siempre en base a una denuncia previa sobre la comisión de una falta.