El Senado transformó en ley ayer el proyecto que prorroga hasta el 30 de setiembre la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) para alquileres comerciales y préstamos bancarios de hasta 400 mil pesos y dispone una gracia adicional de 90 días en la ejecución de las sentencias judiciales. Las deudas por encima de ese monto sí estarán sujetas en sus actuales cuotas a un aumento del 33 por ciento, producto de la aplicación de aquel índice.
La ley contraría el deseo que funcionarios del Poder Ejecutivo habían manifestado a los legisladores días pasados, en el sentido de que sería más “saludable” para el conjunto de la economía aplicar la actualización por el CER lo antes posible. Aún así, difícilmente Presidencia disponga el veto a una norma que quedó a mitad de camino entre esa aplicación inmediata y el deseo original de muchos legisladores de que la prórroga se extendiera hasta fin de año.
Con el criterio de no beneficiar a grandes empresas o corporaciones, el Congreso impuso un límite de 400 mil pesos para las deudas que seguirán sin ajuste, monto que toma en cuenta el conjunto de créditos que hubiera otorgado el sistema financiero a una persona física o jurídica: si ésta tuviera muchos préstamos por importes menores pero que, en conjunto, suman aquella cifra, quedaría excluida del beneficio.
Para los aventajados por la prórroga, la actualización no se paga ahora pero se sigue devengando, de modo tal que en los primeros días de octubre sus deudas financieras o el alquiler de su local comercial tendrán que actualizarse según ese coeficiente. Del mismo modo que la suspensión de las ejecuciones no impide la continuidad de los procesos judiciales.
Antes de que en el Parlamento prosperase esta iniciativa, una serie de normas ya restringieron la actualización por el CER. En virtud de ellas, están excluidos los alquileres de viviendas (quedaron sujetos a la evolución salarial), los préstamos personales menores a 12 mil pesos o los prendarios que están por debajo de los 30 mil.
El tema es muy controvertido y no sólo generó diferencias de criterios entre los poderes sino también entre los propios legisladores, algunos más proclives que otros a conceder aquella gracia. El jefe de la bancada justicialista, José Luis Gioja, sostuvo ayer que “de este modo se da una solución a la gente que está afligida por la indexación de sus deudas o alquileres”. Desde otro sector del oficialismo, Jorge Yoma contraargumentó con la idea de que se trata sólo de “postergar una solución para la gente que está muy afligida por este problema”.
Pero a pesar de estas diferencias de matices, la ley fue aprobada en una rápida sesión, ya que por el escaso quórum, los legisladores que anhelaban sancionarla temían que pudiera darse por caída la sesión.