Guillermo Moreno ratificó ayer en Tribunales el pedido de arresto para directivos de Shell, a quienes acusa por desabastecer el mercado de gasoil. Tal como adelantó Página/12 en su edición de ayer, el secretario de Comercio Interior se presentó a las 11 en el despacho del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky y ratificó las denuncias contra la petrolera. Ahora, el magistrado debe decidir si eleva la causa a juicio oral y público, que podría terminar con varios ejecutivos encarcelados.

En forma paralela a la ofensiva del secretario de Comercio, la empresa recorrió diversos juzgados apelando las denuncias del Gobierno por desabastecimiento. Ayer mismo, horas después de que Moreno ratificara sus denuncias, el presidente de Shell Argentina, Juan José Aranguren, salió al cruce del secretario. “La compañía cumplió con las normas de abastecimiento de combustibles al mercado interno”, aseguró el ejecutivo.

Moreno interpuso 32 denuncias contra la petrolera. Por cada irregularidad detectada en la provisión de gasoil impuso una multa de un millón de pesos. En su nueva visita a Tribunales, Moreno llevó varias carpetas conteniendo distintos casos de faltantes de gasoil en distintas estaciones de servicio con la marca Shell en varios puntos del país. En su despacho, el secretario de Comercio tiene guardadas un centenar de carpetas con documentación detallada de cada denuncia. Toda esa información derivó en 32 presentaciones judiciales contra la compañía anglo-holandesa.

Tras la ratificación de las denuncias por parte del funcionario está en juego si el juez Aguinsky hace lugar al pedido de que se aplique la ley de desabastecimiento contra un grupo de directivos de Shell.

Moreno pretende que las penas no recaigan exclusivamente sobre la figura de Aranguren, sino también sobre la plana mayor de la filial local de Shell. El argumento es que varias denuncias fueron presentadas mientras Aranguren estaba en el extranjero. O sea, que las supuestas irregularidades fueron cometidas por la dirección de la empresa.

La jugada política del Gobierno es fuerte. Tomó a una empresa petrolera líder a nivel internacional, con la que ya tiene antecedentes de peleas, de manera de enviarle dos señales contundentes al mundo empresarial. Una hacia el mercado petrolero, que viene pujando por aumentos en los precios, y otra hacia el resto de las compañías. Una eventual pena de prisión al ejecutivo de una de las principales empresas del mundo sería aleccionador para el resto. Esa es la lectura que realizan en el Gobierno, aun cuando es muy posible que un eventual juicio oral y público comience cuando Néstor Kirchner ya no sea el inquilino de Balcarce 50.

En la pelea con el Gobierno, Shell presentó varios recursos de amparo –algunos ya fueron rechazados por la Justicia– y también ensayó una defensa pública centrada en que esa empresa es discriminada y perseguida por el Ejecutivo. Ayer, en declaraciones a la prensa, Aranguren volvió a ser categórico: “Desde el año 2001 que no exportamos gasoil, estamos produciendo al máximo de capacidad de nuestra refinería, y esperamos poder demostrar ante la Justicia que hemos cumplido con la norma que fija pautas de abastecimiento al mercado, mes a mes, respecto de iguales períodos del año anterior”. El ejecutivo hacía referencia a la resolución 25 de Comercio Interior, que obliga a las petroleras a abastecer cada año un volumen mayor de gasoil que en el período anterior. Justamente, Moreno acusa a Shell de incumplir con esa obligación.